“Las mujeres presas hasta hace un año estaban en real desventaja con respecto a los hombres”

Por Lorena Leeming / @loreleeming

Daniela Abad es abogada adjunta de la Oficina de Personas Privadas de la Libertad en Trelew. Habló de la situación de las mujeres en situación de encierro. Destacó el avance por parte del Estado al intervenir con el traslado de presas que estaban en la Comisaría Primera al Instituto Penitenciario Provincial (IPP). Dijo que “estaban en una situación de real desventaja con respecto a varones.

Tenían amplias dimensiones y posibilidades de educación formal y no formal, ellas no. Recién ahora estamos logrando esos derechos. Decir que tienen que estar en un espacio reducido es reproducir la violencia contra la mujer que vivimos en la sociedad y aplicarla a quienes están privadas de la libertad”.

Abad tiene conocimiento en territorio de lo que sucede con las mujeres que cumplen condenas. Hace ese seguimiento profesional. Actualmente las presas que estaban en la Comisaría Primera y fueron trasladadas al IPP ubicado sobre la ruta 3, son 10. En una entrevista con Jornada visibilizó cuál es la situación actual con estas personas en contexto de encierro.

Es clara en sus conceptos y explica que si bien se conoce de la resistencia social a las garantías de las personas privadas de la libertad, lo real es que una vez que la condena se cumple deben ser reinsertadas a la sociedad y ese retorno debe ser con la mayor preparación de la persona para lograr también la reinserción laboral. “La realidad es que tenemos que partir de una base que toda persona tiene derechos y garantías procesales penales y se debe cumplir con las condiciones mínimas de detención reguladas en la ley 24660 que es la de Ejecución Penal y por estándares internacionales”, explicó.

La abogada confirmó que actualmente las mujeres presas en Trelew están alojadas en el Instituto Penitenciario Provinical N°1, “es la cárcel más nueva. Estamos en un plan de mejoramiento de las condiciones de detención de las mismas: desde nuestro rol garantizar el acceso a la justicia”.

Es aquí donde plantea un paralelismo a lo que venía sucediendo no hace tanto, hace menos de un año atrás. “Estaban en una situación de real desventaja con respecto a los varones en contexto de encierro. El lugar de alojamiento que había en Trelew era la Seccional 1 en un espacio muy reducido. Desde que empecé a trabajar en esta Oficina de Personas Privadas de la libertad me constituí en varias ocasiones a este lugar y la realidad es que vi la desigualdad plasmada. Venía de recorrer IPP y la Alcaidía, donde los varones no solamente tenían amplias dimensiones sino también posibilidades de tomar educación formal, no formal, cursos de capacitación en diferentes oficios y modalidades y las mujeres no tenían las condiciones mínimas de alojamiento respecto a los estándares de derechos humanos”, reflejó.

Explicó con ejemplos su afirmación. “Convivían en un espacio muy reducido, no tenían mobiliario, la única sillita de plástico me la dejaban a mi para sentarme con ellas, se tenían que turnar para tener visitas y las otras se mudaban a sus celdas para garantizar la intimidad con sus familiares y pedirle al módulo masculino las sillas. Estaban muy mal”, resumió.

Como si esto fuera poco, apuntó Daniela Abad que se encontraban con problemas de humedad, poca ventilación, poca circulación de aire. “A raíz de sucesivos habeas corpus se había logrado que se imponga un cupo máximo de 6 mujeres en ese lugar de alojamiento (Comisaría Primera) algún ventiluz y que se las traslade al Centro de Detención para que puedan tener una hora de patio y acceso a la luz solar”, deslizó.

Advirtió Abad que las condiciones de desigualdad “eran totalmente claras”. Dijo que no solo en el poco espacio físico sino en las condiciones mínimas que no se cumplían. “Esta falta y carencia de derechos hacía que tampoco se le pueda cumplimentar a la mujer el acceso a una capacitación de oficio, que puedan tener educación primaria y secundaria. Desde nuestra Oficina de las Personas Privadas de la Libertad, nos constituimos, realizamos inspecciones donde participó el Defensor General Sebastián Daroca y la entonces jueza de Ejecución Mirta Moreno, el jefe de Dirección de Penitenciarías y la ministra Florencia Perata en este trabajo organizado para solucionar este problema de raíz. No conseguir Habeas Corpus para parches sino conseguir una política de estado. Convocar a las diferentes áreas para resolver problemas de manera efectivo”, detalló.

El trabajo dio sus frutos. Bregar por mejores condiciones de las mujeres que viven en situación de encierro no cayó en saco roto y se logró la decisión institucional de trasladarlas a un sitio en el que sus derechos sean igualados a los hombres en esa misma situación. “Finalmente, a principios de agosto del año pasado se resolvió el traslado al pabellón 1 a la par del IPP. Era un pabellón vacío.

nicialmente tiene 36 lugares de alojamiento y fueron dispuestos para las mujeres privadas de la libertad con amplias dimensiones, con patio interno con luz solar, una sala de visitas para familiares y la posibilidad de visitas íntimas con sus parejas, aulas donde pueden ir profesores a darles clases. Ahora están haciendo un curso de formación profesional avalado por el ministerio. Les garantiza un titulo para luego el acceso laboral una vez recuperada la libertad”.

Daniela Abad habló de números. “En Trelew hay 10 mujeres alojadas allí. La comisaría primera fue dispuesta para alojamientos transitorios masculinos en la actualidad. Se le ha dado prioridad por primera vez a las mujeres. Se les ha dispuesto incluso un espacio más amplio de la capacidad de lo que realmente son. Pero estuvieron tanto tiempo relegadas que fue la oportunidad de darle condiciones acordes. El jefe del IPP y una sargento contaron como anécdota que cuando las trasladaron muchas lloraban de emoción. Qué mal deberían estar para ser trasladadas a la cárcel y llorar de la emoción: es un gran paso”, describió.

Reiteró Abad que “Las personas privadas de la libertad tienen derecho a tener condiciones acordes de alojamiento, el acceso a la formación profesional, a la salud y vinculación a la familia. La persona está cumpliendo una condena pero después se tienen que garantizar los derechos de una persona en la sociedad”, aseveró.

Contextualizó lo sucedido en una cuestión de género. “Decir o manifestar que las mujeres tienen que estar un espacio reducido o en desventaja a los varones es reproducir la violencia contra la mujer que vivimos en la sociedad y aplicarla a quienes están en contexto de encierro. También, privar a la mujer de esos derechos es posicionarla en desventaja para cuando egresen a la vida libre”, puntualizó.

¿Qué falta aún para lograr la equidad?. “No podría decir qué falta. Se han garantizado las condiciones hablando de infraestructura. Creemos que para garantizar la igualdad plena es necesario que el Estado de más actividades, más cursos de formación, intervención de organismos que garanticen la revinculación con sus hijosfalta el abanico del derecho integral de la persona”, precisó.

Para finalizar, Daniela Abad agregó que “desde la Defensa tenemos la Mesa de Genero que integran diferentes profesionales de la provincia. Se encargan de reunir todas las problemáticas en relación de genero y resolverlas. Creo que desde su traslado al IPP se generan las condiciones para que se pueda garantizar la igualdad con respecto al varón. Ahora faltan las políticas de Estado para que les provean educación y cursos de formación profesional que las posicione en una igualdad tanto en encierro como en la reinserción de la vida libre”, concluyó. #