El Concejo de Esquel dejó vencer los plazos y se cae el caso del alquiler que se pagó pero no se usó

Posiciones. Álvarez (izquierda) y Peláez, protagonistas del tema.
10 JUN 2022 - 20:26 | Actualizado 10 JUN 2022 - 20:28

El Concejo Deliberante de Esquel quedó ante un nuevo conflicto: ayer venció el plazo legal para decidir acerca de la investigación delo alquiler abonado por el municipio por más de $ 3 millones, sin haber ocupado el piso contratado en un edificio de Darwin al 400.

Con el dictamen y los descargos por escrito del intendente Sergio Ongarato, y el ex secretario de Hacienda Municipal, Matías Taccetta, la Comisión Investigadora debía determinar responsabilidades. Pero mientras el oficialismo se plantó en la postura de que había que llamar a reunión para evaluar los escritos, los bloques no oficialistas insistían en el llamado a sesión especial con presencia de ambos funcionarios.

El tiempo legal venció, y por estas horas el tema está en un vacío, por la irresolución del cuerpo deliberativo, y reproches cruzados. Cambiemos ocupó toda la mañana en una reunión con el intendente Ongarato en su despacho, que comenzó a las 9 y al mediodía continuaba.

Matías Peláez, concejal del Frente de Todos, dijo que hubo un dictamen de la Comisión y los pasos a seguir son claros, establecidos en la Ley XVI Nro. 46, y “es lo que estamos pidiendo que se cumplan”.

Advirtió que aún con esa normativa, el presidente de la comisión, Gerardo Filippini, hizo dos llamados a reunión, lo que no está estipulado, y enfatizó que no se debe tomar el tema como una discusión política-partidaria de oficialismo y oposición, sino enfocarse en la necesidad que tienen los vecinos de conocer lo sucedido. “Si hubo responsables, que haya consecuencias también”.

Peláez invocó el artículo 116 de la mencionada ley (ex Corporaciones Municipales), que refiere el procedimiento que se debe realizar: “Si el dictamen fuera acusatorio, el Concejo deberá dar vista al acusado de la totalidad de las actuaciones y del dictamen, en el término de cinco días corridos”. El acusado podrá designar defensor e incorporar prueba documental, y ofrecer pruebas a producir durante el debate, y hacer las manifestaciones que estime acerca de la acusación y el dictamen.

El primer punto del artículo se cumplió, porque el dictamen fue elevado a Ongarato y a Taccetta.

El punto 2 señala que se debe convocar a sesión especial dentro de los cinco días corridos, siguiendo el vencimiento anterior fijado para la presentación de los descargos, para la audiencia de debate, a la que se citará al acusado, con la asistencia de su defensor.

Peláez aludió al artículo 116 de la ley que rige para la investigación, que fija que con cinco días de anticipación, se deberá hacer el llamado a sesión especial, en un periódico de difusión en la localidad. Este plazo venció ayer.

Los bloques minoritarios esperaban una decisión, que ahora pasó a consideración del presidente del Concejo, Diego Austin, a quien Filippini le remitió el expediente.

De no prosperar el análisis de la responsabilidad política, quedan dos: la causa que lleva adelante la fiscal María Bottini, tras la presentación de los concejales de la oposición, y la revisión del trámite administrativo, materia del Tribunal de Cuentas, órgano al que se le envió el expediente. De hallar anomalías tiene la potestad de exigir que se devuelva lo pagado.

El concejal Rubén Álvarez de Cambiemos, confirmó que el presidente de la comisión, Filippini, envió el expediente y una nota al titular del HCD, Diego Austin, quien debe tomar la decisión final. “En las dos convocatorias a sesión, los bloques de la oposición no nos dieron el quórum, y no se pudo terminar con lo que pensábamos que había que hacer tras los descargos”. Aseveró que no había quórum para sesionar sin la oposición y la ausencia de la edil Karina Otero, quien se encuentra en Buenos Aires.

La opinión de Álvarez es que el lugar de debate político era la comisión. “La pedimos, y yo hice el planteo que fuera conformada por todos los concejales, para mayor transparencia”. #

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Posiciones. Álvarez (izquierda) y Peláez, protagonistas del tema.
10 JUN 2022 - 20:26

El Concejo Deliberante de Esquel quedó ante un nuevo conflicto: ayer venció el plazo legal para decidir acerca de la investigación delo alquiler abonado por el municipio por más de $ 3 millones, sin haber ocupado el piso contratado en un edificio de Darwin al 400.

Con el dictamen y los descargos por escrito del intendente Sergio Ongarato, y el ex secretario de Hacienda Municipal, Matías Taccetta, la Comisión Investigadora debía determinar responsabilidades. Pero mientras el oficialismo se plantó en la postura de que había que llamar a reunión para evaluar los escritos, los bloques no oficialistas insistían en el llamado a sesión especial con presencia de ambos funcionarios.

El tiempo legal venció, y por estas horas el tema está en un vacío, por la irresolución del cuerpo deliberativo, y reproches cruzados. Cambiemos ocupó toda la mañana en una reunión con el intendente Ongarato en su despacho, que comenzó a las 9 y al mediodía continuaba.

Matías Peláez, concejal del Frente de Todos, dijo que hubo un dictamen de la Comisión y los pasos a seguir son claros, establecidos en la Ley XVI Nro. 46, y “es lo que estamos pidiendo que se cumplan”.

Advirtió que aún con esa normativa, el presidente de la comisión, Gerardo Filippini, hizo dos llamados a reunión, lo que no está estipulado, y enfatizó que no se debe tomar el tema como una discusión política-partidaria de oficialismo y oposición, sino enfocarse en la necesidad que tienen los vecinos de conocer lo sucedido. “Si hubo responsables, que haya consecuencias también”.

Peláez invocó el artículo 116 de la mencionada ley (ex Corporaciones Municipales), que refiere el procedimiento que se debe realizar: “Si el dictamen fuera acusatorio, el Concejo deberá dar vista al acusado de la totalidad de las actuaciones y del dictamen, en el término de cinco días corridos”. El acusado podrá designar defensor e incorporar prueba documental, y ofrecer pruebas a producir durante el debate, y hacer las manifestaciones que estime acerca de la acusación y el dictamen.

El primer punto del artículo se cumplió, porque el dictamen fue elevado a Ongarato y a Taccetta.

El punto 2 señala que se debe convocar a sesión especial dentro de los cinco días corridos, siguiendo el vencimiento anterior fijado para la presentación de los descargos, para la audiencia de debate, a la que se citará al acusado, con la asistencia de su defensor.

Peláez aludió al artículo 116 de la ley que rige para la investigación, que fija que con cinco días de anticipación, se deberá hacer el llamado a sesión especial, en un periódico de difusión en la localidad. Este plazo venció ayer.

Los bloques minoritarios esperaban una decisión, que ahora pasó a consideración del presidente del Concejo, Diego Austin, a quien Filippini le remitió el expediente.

De no prosperar el análisis de la responsabilidad política, quedan dos: la causa que lleva adelante la fiscal María Bottini, tras la presentación de los concejales de la oposición, y la revisión del trámite administrativo, materia del Tribunal de Cuentas, órgano al que se le envió el expediente. De hallar anomalías tiene la potestad de exigir que se devuelva lo pagado.

El concejal Rubén Álvarez de Cambiemos, confirmó que el presidente de la comisión, Filippini, envió el expediente y una nota al titular del HCD, Diego Austin, quien debe tomar la decisión final. “En las dos convocatorias a sesión, los bloques de la oposición no nos dieron el quórum, y no se pudo terminar con lo que pensábamos que había que hacer tras los descargos”. Aseveró que no había quórum para sesionar sin la oposición y la ausencia de la edil Karina Otero, quien se encuentra en Buenos Aires.

La opinión de Álvarez es que el lugar de debate político era la comisión. “La pedimos, y yo hice el planteo que fuera conformada por todos los concejales, para mayor transparencia”. #


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