Bravo dice que la Masacre de Trelew fue "en defensa propia"

El exmarino se sentó en el banquillo por primera vez en 50 años. Fue en Miami, en donde familiares de las víctimas le iniciaron una demanda civil. Su defensor dijo que todo fue una "tragedia" y que la matanza no estuvo planificada.

Roberto Guillermo Bravo mostró su rostro, 50 años después. (Foto AP/Lynne Sladky)
27 JUN 2022 - 20:09

La defensa de un exmarino argentino acusado de haber participado en una masacre en la que fueron fusilados prisioneros políticos en la Base Almirante Zar de Trelew en agosto de 1972, admitió el lunes que fue una "tragedia", pero aseguró que no estuvo planificada.

“Lo que pasó fue una tragedia, pero no una matanza extrajudicial”, expresó Steven Davis, uno de los abogados de Roberto Guillermo Bravo, el exmarino que durante casi cinco décadas evadió la Justicia argentina y ahora enfrenta un juicio en Miami. “Vamos a mostrar que todo lo que pasó fue en defensa propia”, reportó la agencia de noticias AP, que es una de las pocas autorizadas a cubrir las audiencias.

Las declaraciones de Davis tuvieron lugar durante los alegatos iniciales del juicio contra Bravo que empezó a ventilarse el lunes en la Corte Federal del centro de Miami, casi 50 años después de la llamada “Masacre de Trelew”. Es la primera vez que el exmilitar enfrenta la Justicia, ya que las leyes de su país le impiden ser juzgado en ausencia.

Bravo, quien en marzo pasado cumplió 80 años y vive libremente en Estados Unidos desde hace cuarenta años, estuvo sentado en la audiencia por primera vez junto a familiares de dos de las víctimas del fusilamiento. Lucía serio, pero tranquilo, según AP. Vestía traje negro, camisa blanca, corbata con rayas negras y rojas y un broche de metal con la bandera estadounidense en una de las solapas de su saco. Llevaba su cabello blanco tomado atrás en una cola de caballo.

De acuerdo con la demanda presentada en octubre de 2020 en el sur de Florida, Bravo y otros militares “dispararon y mataron a 16 prisioneros políticos desarmados e hirieron de gravedad a otros tres” que luego desaparecieron. También participaron en torturas y ejecuciones extrajudiciales que violaron leyes internacionales y de Estados Unidos.

El juicio es presidido por la jueza Lauren Fleisher Louis y siete jurados serán los encargados de emitir un veredicto sobre la responsabilidad de Bravo.

Bravo es el único de los acusados que aún no ha enfrentado a la justicia. En Estados Unidos, la Ley de Protección de Víctimas de la Tortura permite acciones judiciales si los acusados están en este país. El exmarino se fue de Argentina en 1973. Primero se desempeñó como agregado militar y después de jubilarse se quedó a vivir aquí. Se naturalizó estadounidense en 1987.

La demanda civil fue presentada por Raquel Camps, Eduardo Cappello, Alicia Krueguer y Marcela Santucho, familiares de cuatro de las víctimas. Los demandantes buscan una recompensa económica por los daños que habría provocado el supuesto papel de Bravo en la matanza y un jurado será el encargado de determinar la responsabilidad del exmarino.

“Este fue un acto malvado... este caso pide justicia”, dijo Ajay Krishnan, uno de los abogados de los demandantes, al presentar sus alegatos iniciales frente los siete miembros del jurado. “Los demandantes tienen que ser compensados por el sufrimiento terrible que les ha causado Bravo”.

Krishnan manifestó que mientras sus clientes enfrentaban el dolor de la muerte de sus familiares en Argentina, Bravo tenía una vida segura y próspera en Estados Unidos e incluso pudo regalarle a sus nietos cerca de 1,5 millón de dólares.

Sentados junto a Krishnan y otros abogados estaban Cappello y Camps. Los otros dos tienen previsto ofrecer su testimonio a través de videos grabados.

La justicia argentina inició una investigación formal tras la derogación en 2003 de leyes de amnistía que protegían a los militares. Argentina pidió la extradición de Bravo, pero un juez federal de Miami la negó en 2010. Un segundo pedido de extradición fue presentado en 2019, y aún no ha sido resuelto.

La defensa alegó que la causa no debía haber sido traída a Estados Unidos porque los hechos sucedieron hace décadas. Dijo que el exmarino llegó a las celdas cuando ya estaban allí dos militares, y al ver un forcejeo entre uno de ellos y uno de los presos, llamó a otros oficiales. “El actuó en defensa propia”, dijo Davis, el abogado de Bravo, tras asegurar que no tenía un revólver como el que los demandantes aseguran se usó para disparar de cerca a algunos de los presos.

Los demandantes, en cambio, aseguran que en la madrugada del 22 de agosto de 1972, Bravo y otros tres militares llegaron armados a las celdas de los presos mientras dormían y les ordenaron que salieran y formaran dos filas mirando hacia abajo. Sostienen que les dispararon a los presos con fusiles automáticos. Algunos sobrevivieron y regresaron a sus celdas en busca de ayuda, dijo el abogado Krishnan, y explicó que Bravo fue a las celdas para ejecutarlos.

(Fuente y foto: AP)

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Roberto Guillermo Bravo mostró su rostro, 50 años después. (Foto AP/Lynne Sladky)
27 JUN 2022 - 20:09

La defensa de un exmarino argentino acusado de haber participado en una masacre en la que fueron fusilados prisioneros políticos en la Base Almirante Zar de Trelew en agosto de 1972, admitió el lunes que fue una "tragedia", pero aseguró que no estuvo planificada.

“Lo que pasó fue una tragedia, pero no una matanza extrajudicial”, expresó Steven Davis, uno de los abogados de Roberto Guillermo Bravo, el exmarino que durante casi cinco décadas evadió la Justicia argentina y ahora enfrenta un juicio en Miami. “Vamos a mostrar que todo lo que pasó fue en defensa propia”, reportó la agencia de noticias AP, que es una de las pocas autorizadas a cubrir las audiencias.

Las declaraciones de Davis tuvieron lugar durante los alegatos iniciales del juicio contra Bravo que empezó a ventilarse el lunes en la Corte Federal del centro de Miami, casi 50 años después de la llamada “Masacre de Trelew”. Es la primera vez que el exmilitar enfrenta la Justicia, ya que las leyes de su país le impiden ser juzgado en ausencia.

Bravo, quien en marzo pasado cumplió 80 años y vive libremente en Estados Unidos desde hace cuarenta años, estuvo sentado en la audiencia por primera vez junto a familiares de dos de las víctimas del fusilamiento. Lucía serio, pero tranquilo, según AP. Vestía traje negro, camisa blanca, corbata con rayas negras y rojas y un broche de metal con la bandera estadounidense en una de las solapas de su saco. Llevaba su cabello blanco tomado atrás en una cola de caballo.

De acuerdo con la demanda presentada en octubre de 2020 en el sur de Florida, Bravo y otros militares “dispararon y mataron a 16 prisioneros políticos desarmados e hirieron de gravedad a otros tres” que luego desaparecieron. También participaron en torturas y ejecuciones extrajudiciales que violaron leyes internacionales y de Estados Unidos.

El juicio es presidido por la jueza Lauren Fleisher Louis y siete jurados serán los encargados de emitir un veredicto sobre la responsabilidad de Bravo.

Bravo es el único de los acusados que aún no ha enfrentado a la justicia. En Estados Unidos, la Ley de Protección de Víctimas de la Tortura permite acciones judiciales si los acusados están en este país. El exmarino se fue de Argentina en 1973. Primero se desempeñó como agregado militar y después de jubilarse se quedó a vivir aquí. Se naturalizó estadounidense en 1987.

La demanda civil fue presentada por Raquel Camps, Eduardo Cappello, Alicia Krueguer y Marcela Santucho, familiares de cuatro de las víctimas. Los demandantes buscan una recompensa económica por los daños que habría provocado el supuesto papel de Bravo en la matanza y un jurado será el encargado de determinar la responsabilidad del exmarino.

“Este fue un acto malvado... este caso pide justicia”, dijo Ajay Krishnan, uno de los abogados de los demandantes, al presentar sus alegatos iniciales frente los siete miembros del jurado. “Los demandantes tienen que ser compensados por el sufrimiento terrible que les ha causado Bravo”.

Krishnan manifestó que mientras sus clientes enfrentaban el dolor de la muerte de sus familiares en Argentina, Bravo tenía una vida segura y próspera en Estados Unidos e incluso pudo regalarle a sus nietos cerca de 1,5 millón de dólares.

Sentados junto a Krishnan y otros abogados estaban Cappello y Camps. Los otros dos tienen previsto ofrecer su testimonio a través de videos grabados.

La justicia argentina inició una investigación formal tras la derogación en 2003 de leyes de amnistía que protegían a los militares. Argentina pidió la extradición de Bravo, pero un juez federal de Miami la negó en 2010. Un segundo pedido de extradición fue presentado en 2019, y aún no ha sido resuelto.

La defensa alegó que la causa no debía haber sido traída a Estados Unidos porque los hechos sucedieron hace décadas. Dijo que el exmarino llegó a las celdas cuando ya estaban allí dos militares, y al ver un forcejeo entre uno de ellos y uno de los presos, llamó a otros oficiales. “El actuó en defensa propia”, dijo Davis, el abogado de Bravo, tras asegurar que no tenía un revólver como el que los demandantes aseguran se usó para disparar de cerca a algunos de los presos.

Los demandantes, en cambio, aseguran que en la madrugada del 22 de agosto de 1972, Bravo y otros tres militares llegaron armados a las celdas de los presos mientras dormían y les ordenaron que salieran y formaran dos filas mirando hacia abajo. Sostienen que les dispararon a los presos con fusiles automáticos. Algunos sobrevivieron y regresaron a sus celdas en busca de ayuda, dijo el abogado Krishnan, y explicó que Bravo fue a las celdas para ejecutarlos.

(Fuente y foto: AP)


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