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Miquelarena dice que no hay “criminalización de la protesta” y apuntó al Sitrajuch. Tras el reclamo del Tribunal de cuentas, Casino Club pagará más canon anual. Dónde estarán las nuevas cámaras de seguridad en Trelew. Y más.

Queja. EL procurador Miquelarena cuestionó la “criminalización”.
13 AGO 2022 - 18:31

Cada vez que enjuiciamos a un dirigente político se habla de ‘persecución’, pero eso no resiste el menor análisis”, se quejó el procurador general de Chubut, Jorge Miquelarena.

El viernes concedió una entrevista en Cadena Tiempo en la que se despachó contra las críticas que recibió la Justicia tras la condena del dirigente sindical Santiago Goodman, que fue declarado culpable y para quien la Fiscalía pidió 5 años de prisión (el jueves se conocerá el fallo de la jueza María Tolomei).

“En el caso de las protestas, durante las cuales se aprovechan para cometer desmanes y otros delitos, no se puede hablar de ‘criminalización de la protesta’. Criminalizaríamos la protesta si no se los dejara reclamar, marchar, hacer las peticiones que tengan para hacer; pero cuando personas que se manifiestan cometen desmanes, delitos, robos o daños, ¿de qué criminalización me hablan?”, señaló Miquelarena.

El procurador recordó que Goodman fue condenado en primera instancia, “pero ahora seguramente impugnará el fallo, y si no le gusta lo que diga la Cámara, podrá ir al Superior; y si no le gusta lo que diga el Superior, pues entonces está la Corte Suprema”.

Miquelarena también tiró un dardo para adentro de la Justicia, no hacia los magistrados sino hacia los empleados: “Me llamó poderosamente la atención que uno de los gremios que haya adherido al reclamo por la condena a Goodman haya sido el de los judiciales de la provincia del Chubut (Sitrajuch). La verdad me dejó totalmente descolocado. ¿Qué criminalización ni qué criminalización?: acá lo que estamos juzgado son delitos contemplados en el Código Penal y listo”, sentenció.

El procurador advirtió lo que podría venir ahora: “Seguro que van a decir lo mismo dentro de poco cuando se haga la apertura de investigación a los 23 o 24 sujetos que causaron un desastre en diciembre del año pasado en Rawson, cuando quemaron la Fiscalía, la Procuración, el Superior Tribunal, la Casa de Gobierno, etcétera. Criminalizamos todos los delitos que cometieron, no la protesta. Si no, bajemos las persianas y que cada uno haga lo que le parezca. Pero así vamos a caer en una anomia total”, señaló.

Casino Club: nuevo canon

Hace pocas semanas se contó en esta misma columna los detalles de un ida y vuelta entre el Tribunal de Cuentas de Chubut y las autoridades del Instituto de Asistencia Social.

En mayo pasado, el Tribunal de Cuentas objetó la renegociación que el IAS había hecho de la prórroga del contrato de concesión con la empresa Casino Club. De hecho, el cuestionamiento concluía que además de varios errores cometidos por las autoridades del Instituto en el tratamiento del tema, el Estado provincial podría perder más de 200 millones de pesos por un mal cálculo en la renegociación del contrato.

Ahora, esa disputa técnica que es pública, ya que las resoluciones del Tribunal de Cuentas se publican en el Boletín Oficial, continuó con un nuevo dictamen del TC (el N° 86/22), en donde se transparenta que lo cuestionamientos realizados al IAS terminaron siendo atendidos por la gestión que encabeza Luis María Aguirre.

Claro que, además, los miembros del Tribunal se encargaron de poner en su lugar a quienes lo cuestionaron: resulta que Aguirre envió la Nota N° 98-P/2022, en la que arremtió contra los dictámenes elaborados por el Contador Fiscal y el Asesor Legal del TC. “En este sentido es dable mencionar y recordar que este Tribunal de Cuentas no habla ni emite opinión sino a través del Plenario mediante el voto de sus vocales. Siendo, en consecuencia, tanto los contadores fiscales como el resto de los asesores meros auxiliares del organismo, a lo que debe agregarse además que sus dictámenes no son vinculantes para este cuerpo”, aclaró el pleno del Tribunal.

“Tal es así –agrega el TC- que puede observarse que nuestro contador fiscal estimó una diferencia en recaudación de acuerdo a los cánones de referencia de $ 94.070.359,26 y este plenario estimó una diferencia de $ 251.858.856,60, monto este reconocido por el IAS que derivó en el nuevo proyecto de resolución (…) que establece el monto total del canon adicional por prorroga de contrato por cinco años ‘aceptando’ hasta los centavos determinados por un importe de $ 718.264.146,60”.

En resumen, lo que el Tribunal le cuestionó al IAS terminó beneficiando al Estado provincial, que ahora percibirá un incremento de su original propuesta de más de $ 251 millones.

Tribunal de Cuentas

Hablando del Tribunal de Cuentas, la semana pasada se publicaron distintas resoluciones que involucraron a varios intendentes del interior provincial.

Por ejemplo, a través de la Resolución Nº 120/22 se tomó una decisión sobre un reclamo anterior mediante el cual se había conminado a los responsables de la Comisión de Fomento de Gualjaina a presentar la rendición de cuentas del mes de diciembre del Ejercicio 2021.

“Habiéndose vencido el plazo otorgado, se corre vista del presente expediente al Contador Fiscal el cual se expide (…), solicitando la aplicación de una multa por el valor equivalente al 50% del valor módulo al Intendente de la Comisión de Fomento de Gualjaina, Sr. Marcelo Limarieri”, dice textualmente la resolución.

Entonces, el jefe comunal deberá abonar una multa de $ 17.754,50 por la falta de presentación de la rendición de cuentas de diciembre de 2021. Además, fue emplazado para que dentro del término de 15 días de notificado “ingrese a la Tesorería de la Comisión de Fomento de Gualjaina o gire a su orden como perteneciente a este expediente, la suma fijada”.

Y aclara algo más: si no paga la multa en tiempo y forma, la suma será descontada de los haberes del intendente.

En Río Senguer, parecido

El Tribunal de Cuentas siguió un camino parecido con el intendente de Río Senguer, Miguel López Gutiérrez. A través de la Resolución Nº 122/22, conminó al jefe comunal a que presente las rendiciones de cuentas del período enero a abril de 2022.

El “Colo” tiene 15 días para cumplir con lo dispuesto o podría correr el mismo camino que su colega de Gualjaina.

Pero no es el único: el intendente de Trevelin, Héctor “Cano” Ingram, fue requerido a través de la Resolución Nº 116/22 no haber presentado la Cuenta General del Ejercicio 2021. Por este caso, además, se conminó a la secretaria de Hacienda de Trevelin, la contadora María Cecilia Purzel.

Cada uno en su rumbo

En las últimas semanas generó bastante ruido y sorpresa la decisión del diputado provincial radical Manuel Pagliaroni de contratar como asesor del bloque en la Legislatura al exministro de Seguridad, Federico Massoni. El revoltijo que se armó puertas adentro de la UCR fue tal que muchos peronistas comenzaron a ironizar en las redes sociales sobre aquel viejo dicho peronista: “No nos estamos peleando, nos estamos reproduciendo.” Pero para algunos peronistas irónicos, lo de los radicales es nada más que una “bolsa de gatos”.

El lío llegó a todos los sectores. Uno que fue consultado, por ejemplo, fue el gobernador Mariano Arcioni, viejo amigo de Massoni (hoy distanciados). Aunque el mandatario prefirió no opinar al respecto, sólo aseveró que “cada uno sabe el rumbo que tiene que tomar”, afirmando que es “una decisión de quien lo contrató como asesor y nada más. Pagliaroni está en todo su derecho de tomarlo como asesor”, dijo Arcioni.

¿Culpa de los medios?

El juicio y condena a Santiago Goodman movilizó a decenas de personas que se congregaron en la sede de la Oficina Judicial en Rawson para seguir el minuto a minuto las audiencias, y al final participar de una movilización por las calles de Rawson.

Estos episodios fueron cubiertos por los medios de prensa de la zona como siempre lo han hecho con cientos de conferencias convocadas por la ATECh –y otros gremios- en estos años. Pero ahora, curiosamente, muchos de esos dirigentes apuntaron contra los trabajadores de prensa, que fueron blanco nuevamente de insultos y ataques por parte de desconocidos que se sumaban a la marcha.

Es verdad que muchos “anónimos” que se suman a las marchas no representan íntegramente a un gremio, pero esta vez esa posición acusadora contra los “medios” la tuvo una dirigente habitualmente medida y respetuosa, como Marcela Capón, quien al momento de declarar como testigo en la cesura de pena se fue en elogios para su excompañero en la conducción de la ATECh pero eligió señalar a los periodistas que tantas veces la entrevistaron: frente a la jueza María Tolomei, la dirigente Capón dijo que Goodman “es una buena persona, querido por todos, pero al que lo estigmatizaron los medios de prensa”.

Una pena que se busquen chivos expiatorios para explicar lo inexplicable.

Cámaras: ahora sí

La inversión es de más de $ 6 millones. La propuesta está cada vez más cerca. El intendente de Trelew, Adrián Maderna, firmó con el Ministerio de Seguridad de la Nación la adquisición de equipos de seguridad para la ciudad. Esto, se traduce en más de 70 cámaras que serán distribuidas en los accesos a la ciudad y para realizar control de patentes.

La firma de Maderna incluye la compra del material complementario que sea necesario para realizar las instalaciones de manera adecuada. Informaron que todo será adquirido por el municipio y será cedido en comodato a las autoridades del Ministerio de Seguridad de Chubut.

El monto se divide en varias partes. Sobre el total de lo firmado la semana pasada, $ 2,2 millones serán empleados para la adquisición de lectores de patentes.

Mientras que $ 2,9 millones para aportar cámaras que la Policía del Chubut determinará su distribución en la ciudad.

El resto del dinero se empleará en la compra del equipamiento complementario necesario para la instalación y funcionamiento adecuado.

¿Dónde estarán las cámaras?: en la Ruta 3, en la Doble Trocha a Madryn, así como en la Ruta 25 y en el acceso Oeste, antes del acceso a la Avenida La Plata.

Los equipamientos para los portales fueron tramitados de forma online por la Policía y fueron previstos por Vialidad Nacional a la hora de la ejecución de la obra de construcción de la Doble Trocha.

Los automovilistas ahora tendrán que tener en cuenta el límite de velocidad en autopistas y avenidas, que no debe exceder los 60 kilómetros por hora.#

Satirita / Por Descartes

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Queja. EL procurador Miquelarena cuestionó la “criminalización”.
13 AGO 2022 - 18:31

Cada vez que enjuiciamos a un dirigente político se habla de ‘persecución’, pero eso no resiste el menor análisis”, se quejó el procurador general de Chubut, Jorge Miquelarena.

El viernes concedió una entrevista en Cadena Tiempo en la que se despachó contra las críticas que recibió la Justicia tras la condena del dirigente sindical Santiago Goodman, que fue declarado culpable y para quien la Fiscalía pidió 5 años de prisión (el jueves se conocerá el fallo de la jueza María Tolomei).

“En el caso de las protestas, durante las cuales se aprovechan para cometer desmanes y otros delitos, no se puede hablar de ‘criminalización de la protesta’. Criminalizaríamos la protesta si no se los dejara reclamar, marchar, hacer las peticiones que tengan para hacer; pero cuando personas que se manifiestan cometen desmanes, delitos, robos o daños, ¿de qué criminalización me hablan?”, señaló Miquelarena.

El procurador recordó que Goodman fue condenado en primera instancia, “pero ahora seguramente impugnará el fallo, y si no le gusta lo que diga la Cámara, podrá ir al Superior; y si no le gusta lo que diga el Superior, pues entonces está la Corte Suprema”.

Miquelarena también tiró un dardo para adentro de la Justicia, no hacia los magistrados sino hacia los empleados: “Me llamó poderosamente la atención que uno de los gremios que haya adherido al reclamo por la condena a Goodman haya sido el de los judiciales de la provincia del Chubut (Sitrajuch). La verdad me dejó totalmente descolocado. ¿Qué criminalización ni qué criminalización?: acá lo que estamos juzgado son delitos contemplados en el Código Penal y listo”, sentenció.

El procurador advirtió lo que podría venir ahora: “Seguro que van a decir lo mismo dentro de poco cuando se haga la apertura de investigación a los 23 o 24 sujetos que causaron un desastre en diciembre del año pasado en Rawson, cuando quemaron la Fiscalía, la Procuración, el Superior Tribunal, la Casa de Gobierno, etcétera. Criminalizamos todos los delitos que cometieron, no la protesta. Si no, bajemos las persianas y que cada uno haga lo que le parezca. Pero así vamos a caer en una anomia total”, señaló.

Casino Club: nuevo canon

Hace pocas semanas se contó en esta misma columna los detalles de un ida y vuelta entre el Tribunal de Cuentas de Chubut y las autoridades del Instituto de Asistencia Social.

En mayo pasado, el Tribunal de Cuentas objetó la renegociación que el IAS había hecho de la prórroga del contrato de concesión con la empresa Casino Club. De hecho, el cuestionamiento concluía que además de varios errores cometidos por las autoridades del Instituto en el tratamiento del tema, el Estado provincial podría perder más de 200 millones de pesos por un mal cálculo en la renegociación del contrato.

Ahora, esa disputa técnica que es pública, ya que las resoluciones del Tribunal de Cuentas se publican en el Boletín Oficial, continuó con un nuevo dictamen del TC (el N° 86/22), en donde se transparenta que lo cuestionamientos realizados al IAS terminaron siendo atendidos por la gestión que encabeza Luis María Aguirre.

Claro que, además, los miembros del Tribunal se encargaron de poner en su lugar a quienes lo cuestionaron: resulta que Aguirre envió la Nota N° 98-P/2022, en la que arremtió contra los dictámenes elaborados por el Contador Fiscal y el Asesor Legal del TC. “En este sentido es dable mencionar y recordar que este Tribunal de Cuentas no habla ni emite opinión sino a través del Plenario mediante el voto de sus vocales. Siendo, en consecuencia, tanto los contadores fiscales como el resto de los asesores meros auxiliares del organismo, a lo que debe agregarse además que sus dictámenes no son vinculantes para este cuerpo”, aclaró el pleno del Tribunal.

“Tal es así –agrega el TC- que puede observarse que nuestro contador fiscal estimó una diferencia en recaudación de acuerdo a los cánones de referencia de $ 94.070.359,26 y este plenario estimó una diferencia de $ 251.858.856,60, monto este reconocido por el IAS que derivó en el nuevo proyecto de resolución (…) que establece el monto total del canon adicional por prorroga de contrato por cinco años ‘aceptando’ hasta los centavos determinados por un importe de $ 718.264.146,60”.

En resumen, lo que el Tribunal le cuestionó al IAS terminó beneficiando al Estado provincial, que ahora percibirá un incremento de su original propuesta de más de $ 251 millones.

Tribunal de Cuentas

Hablando del Tribunal de Cuentas, la semana pasada se publicaron distintas resoluciones que involucraron a varios intendentes del interior provincial.

Por ejemplo, a través de la Resolución Nº 120/22 se tomó una decisión sobre un reclamo anterior mediante el cual se había conminado a los responsables de la Comisión de Fomento de Gualjaina a presentar la rendición de cuentas del mes de diciembre del Ejercicio 2021.

“Habiéndose vencido el plazo otorgado, se corre vista del presente expediente al Contador Fiscal el cual se expide (…), solicitando la aplicación de una multa por el valor equivalente al 50% del valor módulo al Intendente de la Comisión de Fomento de Gualjaina, Sr. Marcelo Limarieri”, dice textualmente la resolución.

Entonces, el jefe comunal deberá abonar una multa de $ 17.754,50 por la falta de presentación de la rendición de cuentas de diciembre de 2021. Además, fue emplazado para que dentro del término de 15 días de notificado “ingrese a la Tesorería de la Comisión de Fomento de Gualjaina o gire a su orden como perteneciente a este expediente, la suma fijada”.

Y aclara algo más: si no paga la multa en tiempo y forma, la suma será descontada de los haberes del intendente.

En Río Senguer, parecido

El Tribunal de Cuentas siguió un camino parecido con el intendente de Río Senguer, Miguel López Gutiérrez. A través de la Resolución Nº 122/22, conminó al jefe comunal a que presente las rendiciones de cuentas del período enero a abril de 2022.

El “Colo” tiene 15 días para cumplir con lo dispuesto o podría correr el mismo camino que su colega de Gualjaina.

Pero no es el único: el intendente de Trevelin, Héctor “Cano” Ingram, fue requerido a través de la Resolución Nº 116/22 no haber presentado la Cuenta General del Ejercicio 2021. Por este caso, además, se conminó a la secretaria de Hacienda de Trevelin, la contadora María Cecilia Purzel.

Cada uno en su rumbo

En las últimas semanas generó bastante ruido y sorpresa la decisión del diputado provincial radical Manuel Pagliaroni de contratar como asesor del bloque en la Legislatura al exministro de Seguridad, Federico Massoni. El revoltijo que se armó puertas adentro de la UCR fue tal que muchos peronistas comenzaron a ironizar en las redes sociales sobre aquel viejo dicho peronista: “No nos estamos peleando, nos estamos reproduciendo.” Pero para algunos peronistas irónicos, lo de los radicales es nada más que una “bolsa de gatos”.

El lío llegó a todos los sectores. Uno que fue consultado, por ejemplo, fue el gobernador Mariano Arcioni, viejo amigo de Massoni (hoy distanciados). Aunque el mandatario prefirió no opinar al respecto, sólo aseveró que “cada uno sabe el rumbo que tiene que tomar”, afirmando que es “una decisión de quien lo contrató como asesor y nada más. Pagliaroni está en todo su derecho de tomarlo como asesor”, dijo Arcioni.

¿Culpa de los medios?

El juicio y condena a Santiago Goodman movilizó a decenas de personas que se congregaron en la sede de la Oficina Judicial en Rawson para seguir el minuto a minuto las audiencias, y al final participar de una movilización por las calles de Rawson.

Estos episodios fueron cubiertos por los medios de prensa de la zona como siempre lo han hecho con cientos de conferencias convocadas por la ATECh –y otros gremios- en estos años. Pero ahora, curiosamente, muchos de esos dirigentes apuntaron contra los trabajadores de prensa, que fueron blanco nuevamente de insultos y ataques por parte de desconocidos que se sumaban a la marcha.

Es verdad que muchos “anónimos” que se suman a las marchas no representan íntegramente a un gremio, pero esta vez esa posición acusadora contra los “medios” la tuvo una dirigente habitualmente medida y respetuosa, como Marcela Capón, quien al momento de declarar como testigo en la cesura de pena se fue en elogios para su excompañero en la conducción de la ATECh pero eligió señalar a los periodistas que tantas veces la entrevistaron: frente a la jueza María Tolomei, la dirigente Capón dijo que Goodman “es una buena persona, querido por todos, pero al que lo estigmatizaron los medios de prensa”.

Una pena que se busquen chivos expiatorios para explicar lo inexplicable.

Cámaras: ahora sí

La inversión es de más de $ 6 millones. La propuesta está cada vez más cerca. El intendente de Trelew, Adrián Maderna, firmó con el Ministerio de Seguridad de la Nación la adquisición de equipos de seguridad para la ciudad. Esto, se traduce en más de 70 cámaras que serán distribuidas en los accesos a la ciudad y para realizar control de patentes.

La firma de Maderna incluye la compra del material complementario que sea necesario para realizar las instalaciones de manera adecuada. Informaron que todo será adquirido por el municipio y será cedido en comodato a las autoridades del Ministerio de Seguridad de Chubut.

El monto se divide en varias partes. Sobre el total de lo firmado la semana pasada, $ 2,2 millones serán empleados para la adquisición de lectores de patentes.

Mientras que $ 2,9 millones para aportar cámaras que la Policía del Chubut determinará su distribución en la ciudad.

El resto del dinero se empleará en la compra del equipamiento complementario necesario para la instalación y funcionamiento adecuado.

¿Dónde estarán las cámaras?: en la Ruta 3, en la Doble Trocha a Madryn, así como en la Ruta 25 y en el acceso Oeste, antes del acceso a la Avenida La Plata.

Los equipamientos para los portales fueron tramitados de forma online por la Policía y fueron previstos por Vialidad Nacional a la hora de la ejecución de la obra de construcción de la Doble Trocha.

Los automovilistas ahora tendrán que tener en cuenta el límite de velocidad en autopistas y avenidas, que no debe exceder los 60 kilómetros por hora.#

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