“En vez de mendigar regalías, hay que trabajar para que Chubut tome el control de Futaleufú”
El secretario general del Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia habló sobre el proyecto de Renta Hídrica.
“Nuestro rechazo al proyecto denominada Renta Hídrica es conceptual y político, además de considerar que es inviable jurídicamente”, dijo ayer el secretario general del Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia, Héctor González.
El líder gremial viene advirtiendo hace tiempo que el proyecto -empujado por los diputados provinciales Rafael Williams y Carlos Mantegna (Frente de Todos), e ideado por el exministro de Economía de Chubut, Ricardo Bestene-, además, va en contra de la integración provincial: “Entendemos también que por basarse en la afectación de un recurso que es de interés del conjunto de la comunidad provincial, a través del cual pretenden otorgarse un privilegio a una región por sobre las demás, deberá establecerse un amplio marco de consultas y debates antes de adoptar una definición legislativa”, agregó González.
-Sin embargo, algunos diputados parecen querer avanzar a toda costa con el proyecto.
Los diputados y las diputadas provinciales deberían llamar a representantes de todas las regiones y localidades además de especialistas en cuestiones energéticas y económicas. Nuestra provincia no merece volver a pasar por situaciones sobre las que se resuelve sobre los recursos naturales que pertenecen al conjunto de la provincia mediante difusas y expeditivas votaciones sin sustento social.
-¿Cuál es la principal objeción al proyecto de Renta Hídrica?
Nuestra principal diferencia con el proyecto es la falta de una mirada integral del territorio. Un recurso que es de todos los chubutenses se pretende usar exclusivamente para el beneficio de una región. Debería considerarse que el preámbulo de la Constitución habla de promover el bienestar general, como una premisa fundamental al legislar sobre los recursos naturales de la provincia.
-¿Y qué proponen, en cambio?
Nosotros planteamos en contraste con este proyecto la formulación de una política energética integral, que se basa en una concepción estratégica que aspira a vincular cierta y efectivamente la enorme potencialidad de generación energética renovable de nuestra provincia con el modelo productivo provincial, en vistas a resolver las necesidades de todas las regiones del territorio provincial, en el marco de un proyecto articulado y armónico, articulando además esa potencialidad con el sistema energético nacional, algo que actualmente ocurre, pero sin que nuestra provincia se asuma como un sujeto real de derechos en esa participación.
La presa de Futaleufú, en Trevelin, es operada por Aluar desde 1995 y hasta 2025.
En ese marco, la represa hidroeléctrica de Futaleufú, concesionada hasta el año 2025 a Hidroeléctrica Futaleufú, en la que la provincia del Chubut participa accionariamente con el 33,51% del paquete accionario, constituye el principal activo energético actual de nuestra provincia y es determinante para el diseño de la política energética integral que, entendemos deberíamos discutir y formular.
González remarca que otros distritos del país con generación hidroeléctrica trabajan en otro sentido al de Chubut: “En momentos en que todas las provincias que cuentan con generaciones hidroeléctricas en su territorio están negociando el traspaso total y definitivo de las distintas represas a manos de los gobiernos provinciales para poder ejercer plenamente la soberanía sobre los recursos naturales, aspirando a ser titulares además de dichas producciones para poder contar con generaciones energéticas propias que redundarán en evidentes beneficios tanto de calidad como costos para los habitantes de esa provincias, el proyecto de Renta Hídrica plantea llamativamente que la provincia se desprenda de su principal activo energético, ofreciéndole tácitamente los beneficios de ese negocio al otro socio de la concesión que es la empresa Aluar S.A”.
Para González hay un trasfondo poco claro: “Da la impresión que el aspecto más significativo del proyecto es favorecer esta operación de venta de acciones”, advierte el gremialista.
-El proyecto también propone un marco regulatorio específico para el río Futaleufú. ¿Cómo ve este punto en particular?
El proyecto plantea un desguace de la idea de proyecto integral de provincia, basado en el concepto de que la cercanía con determinados recursos naturales, paradojalmente también llamados bienes comunes, otorga derechos y beneficios especiales aplicando una mirada sesgada, cortoplacista y rentística sobre la forma de gestión de los recursos naturales. La pretensión de crear un marco regulatorio específico de la cuenca del río Futaleufú, con una autoridad de aplicación específica, desmembrada de la regulación y gestión del conjunto del resto de las cuencas hídricas de la provincia, es una propuesta muy regresiva sobre la forma en que deben gestionarse los recursos hídricos en el conjunto de la provincia y tendrá como consecuencia natural la profundización de ideas que tienden a desmembrar un proyecto de provincia integral e integrado, lo que finalmente empobrecerá y perjudicará a las distintas regiones.
-¿Por qué el cobro de más regalías sería perjudicial?
Nos parece un enorme y grosero error pretender reducir todo a mendigar por cobrar unos puntos más regalías para generar un particular beneficio por cercanía con la cuenca del río Futaleufú; en lugar de reclamar a Nación que ceda a la provincia el control de la represa, lo cual debe ser considerado como un acto de justicia en el marco de una reparación histórica más amplia inclusive que el Estado Nacional debe al Estado Provincial.
-¿Y cómo influye localmente la crisis energética mundial?
Debería considerarse también que la situación internacional en la que los efectos socioeconómicos de la pandemia, y las consecuencias geo políticas de la guerra en Ucrania han generado un cambio profundo y complejo en el mercado energético mundial encareciendo sustancialmente el costo energético. En ese marco nuestro país y consecuentemente nuestra provincia van a tener que reformular sus sistemas de servicios públicos para que sean accesible para la población. Chubut tiene potencialidades y capacidad para hacer una reorganización profunda generando un mercado eléctrico mayorista provincial que articule con el mercado eléctrico mayorista nacional actuando el Estado Provincial como un sujeto activo para en esa articulación aprovechando la capacidad de generación de nuestra provincia en beneficio de la población de nuestro territorio. Es decir, proveer energía con costos accesibles a partir de ser administradores reales del recurso. Eso se logra ejerciendo la soberanía de los recursos naturales en favor del conjunto de la provincia. Todo lo contrario que promueve el proyecto de renta hídrica.
González sugiere que el proyecto de los diputados busca beneficiar a Aluar.
-Usted y muchos otros actores del sector aseguran que el proyecto tiene inconsistencias jurídicas.
Desde el punto de vista jurídico no pretendo adjudicarme la calidad de voz autorizada, pero me permito sugerirles a las diputadas y a los diputados provinciales que, además de consultar a sus asesores jurídicos, lean con atención la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y las leyes nacionales 15.336 y 24.065. Seguramente van a concluir en que no se puede modificar con una ley provincial la jurisdicción nacional sobre la generación energética de Futaleufú. Ni tampoco la cuantía de las regalías hidroeléctricas. Hacerlo sería desconocer cómo está organizado el ordenamiento jurídico argentino. No dudo que primará la sensatez y el respeto a la ley al momento de legislar.
“Nuestro rechazo al proyecto denominada Renta Hídrica es conceptual y político, además de considerar que es inviable jurídicamente”, dijo ayer el secretario general del Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia, Héctor González.
El líder gremial viene advirtiendo hace tiempo que el proyecto -empujado por los diputados provinciales Rafael Williams y Carlos Mantegna (Frente de Todos), e ideado por el exministro de Economía de Chubut, Ricardo Bestene-, además, va en contra de la integración provincial: “Entendemos también que por basarse en la afectación de un recurso que es de interés del conjunto de la comunidad provincial, a través del cual pretenden otorgarse un privilegio a una región por sobre las demás, deberá establecerse un amplio marco de consultas y debates antes de adoptar una definición legislativa”, agregó González.
-Sin embargo, algunos diputados parecen querer avanzar a toda costa con el proyecto.
Los diputados y las diputadas provinciales deberían llamar a representantes de todas las regiones y localidades además de especialistas en cuestiones energéticas y económicas. Nuestra provincia no merece volver a pasar por situaciones sobre las que se resuelve sobre los recursos naturales que pertenecen al conjunto de la provincia mediante difusas y expeditivas votaciones sin sustento social.
-¿Cuál es la principal objeción al proyecto de Renta Hídrica?
Nuestra principal diferencia con el proyecto es la falta de una mirada integral del territorio. Un recurso que es de todos los chubutenses se pretende usar exclusivamente para el beneficio de una región. Debería considerarse que el preámbulo de la Constitución habla de promover el bienestar general, como una premisa fundamental al legislar sobre los recursos naturales de la provincia.
-¿Y qué proponen, en cambio?
Nosotros planteamos en contraste con este proyecto la formulación de una política energética integral, que se basa en una concepción estratégica que aspira a vincular cierta y efectivamente la enorme potencialidad de generación energética renovable de nuestra provincia con el modelo productivo provincial, en vistas a resolver las necesidades de todas las regiones del territorio provincial, en el marco de un proyecto articulado y armónico, articulando además esa potencialidad con el sistema energético nacional, algo que actualmente ocurre, pero sin que nuestra provincia se asuma como un sujeto real de derechos en esa participación.
La presa de Futaleufú, en Trevelin, es operada por Aluar desde 1995 y hasta 2025.
En ese marco, la represa hidroeléctrica de Futaleufú, concesionada hasta el año 2025 a Hidroeléctrica Futaleufú, en la que la provincia del Chubut participa accionariamente con el 33,51% del paquete accionario, constituye el principal activo energético actual de nuestra provincia y es determinante para el diseño de la política energética integral que, entendemos deberíamos discutir y formular.
González remarca que otros distritos del país con generación hidroeléctrica trabajan en otro sentido al de Chubut: “En momentos en que todas las provincias que cuentan con generaciones hidroeléctricas en su territorio están negociando el traspaso total y definitivo de las distintas represas a manos de los gobiernos provinciales para poder ejercer plenamente la soberanía sobre los recursos naturales, aspirando a ser titulares además de dichas producciones para poder contar con generaciones energéticas propias que redundarán en evidentes beneficios tanto de calidad como costos para los habitantes de esa provincias, el proyecto de Renta Hídrica plantea llamativamente que la provincia se desprenda de su principal activo energético, ofreciéndole tácitamente los beneficios de ese negocio al otro socio de la concesión que es la empresa Aluar S.A”.
Para González hay un trasfondo poco claro: “Da la impresión que el aspecto más significativo del proyecto es favorecer esta operación de venta de acciones”, advierte el gremialista.
-El proyecto también propone un marco regulatorio específico para el río Futaleufú. ¿Cómo ve este punto en particular?
El proyecto plantea un desguace de la idea de proyecto integral de provincia, basado en el concepto de que la cercanía con determinados recursos naturales, paradojalmente también llamados bienes comunes, otorga derechos y beneficios especiales aplicando una mirada sesgada, cortoplacista y rentística sobre la forma de gestión de los recursos naturales. La pretensión de crear un marco regulatorio específico de la cuenca del río Futaleufú, con una autoridad de aplicación específica, desmembrada de la regulación y gestión del conjunto del resto de las cuencas hídricas de la provincia, es una propuesta muy regresiva sobre la forma en que deben gestionarse los recursos hídricos en el conjunto de la provincia y tendrá como consecuencia natural la profundización de ideas que tienden a desmembrar un proyecto de provincia integral e integrado, lo que finalmente empobrecerá y perjudicará a las distintas regiones.
-¿Por qué el cobro de más regalías sería perjudicial?
Nos parece un enorme y grosero error pretender reducir todo a mendigar por cobrar unos puntos más regalías para generar un particular beneficio por cercanía con la cuenca del río Futaleufú; en lugar de reclamar a Nación que ceda a la provincia el control de la represa, lo cual debe ser considerado como un acto de justicia en el marco de una reparación histórica más amplia inclusive que el Estado Nacional debe al Estado Provincial.
-¿Y cómo influye localmente la crisis energética mundial?
Debería considerarse también que la situación internacional en la que los efectos socioeconómicos de la pandemia, y las consecuencias geo políticas de la guerra en Ucrania han generado un cambio profundo y complejo en el mercado energético mundial encareciendo sustancialmente el costo energético. En ese marco nuestro país y consecuentemente nuestra provincia van a tener que reformular sus sistemas de servicios públicos para que sean accesible para la población. Chubut tiene potencialidades y capacidad para hacer una reorganización profunda generando un mercado eléctrico mayorista provincial que articule con el mercado eléctrico mayorista nacional actuando el Estado Provincial como un sujeto activo para en esa articulación aprovechando la capacidad de generación de nuestra provincia en beneficio de la población de nuestro territorio. Es decir, proveer energía con costos accesibles a partir de ser administradores reales del recurso. Eso se logra ejerciendo la soberanía de los recursos naturales en favor del conjunto de la provincia. Todo lo contrario que promueve el proyecto de renta hídrica.
González sugiere que el proyecto de los diputados busca beneficiar a Aluar.
-Usted y muchos otros actores del sector aseguran que el proyecto tiene inconsistencias jurídicas.
Desde el punto de vista jurídico no pretendo adjudicarme la calidad de voz autorizada, pero me permito sugerirles a las diputadas y a los diputados provinciales que, además de consultar a sus asesores jurídicos, lean con atención la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y las leyes nacionales 15.336 y 24.065. Seguramente van a concluir en que no se puede modificar con una ley provincial la jurisdicción nacional sobre la generación energética de Futaleufú. Ni tampoco la cuantía de las regalías hidroeléctricas. Hacerlo sería desconocer cómo está organizado el ordenamiento jurídico argentino. No dudo que primará la sensatez y el respeto a la ley al momento de legislar.