Intendente Bruno Pogliano aseguró “tolerancia cero para nuevas tomas en El Bolsón”
Durante el fin de semana largo, varias familias ocuparon terrenos reservados para una plaza –entre los barrios Esperanza y Bella Vista (en el acceso sur por ruta nacional 40)-, donde resisten las intimidaciones judiciales y el sitio policial.
Al respecto, el intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, reflejó que “se trabajó durante todo el fin de semana para desarticular esta ocupación, además de haber radicado la denuncia penal correspondiente, ya que hablamos de una reserva fiscal”.
Por su parte, el fiscal Marcos Sosa Lukman “dispuso medidas concretas, incluyendo que cualquier persona que salga del lugar no puede volver a ingresar, como también la prohibición de ingreso de alimentos”.
En detalle, el jefe comunal precisó que “en principio, se avanzó en un acuerdo con la persona que es referente de los ocupantes, aunque después no lo quiso firmar. Se puso a disposición de la justicia todo lo actuado, con el pedido expreso de un desalojo forzoso ya que se trata de un delito penal. Necesitamos que el predio quede despejado a la brevedad, porque tampoco es un sector urbanizable, es una reserva necesaria para el barrio, donde los propios vecinos han manifestado su interés en comenzar a poner en valor esos terrenos”, insistió.
Con todo, Pogliano reconoció no saber “con exactitud la cantidad de familias que tomaron el lugar”, al tiempo que confirmó que “a través del programa Suelo Urbano, hemos ofrecido la alternativa de radicarse en alguno de los 150 lotes que estamos muy cercanos a firmar en la zona de Los Repollos (cercanos a la planta Girsu). Pero lo que no se puede tolerar o permitir es que ocupen un espacio público y afecten a todos los vecinos de un barrio. Vamos a insistir en el desalojo”, remarcó.
A su criterio, “la justicia actuó inmediatamente, pero el problema fue que estas familias se comprometieron a dejar el predio de forma pacífica y no cumplieron. Luego de la denuncia, accedieron a firmar un acuerdo para salir y tampoco lo hicieron. A esta altura de los acontecimientos, no creemos más en ningún tipo de pacto y ahora queremos que se cumpla la orden del fiscal para desalojarlos”, subrayó.
Recalcó que el municipio “tendrá tolerancia cero” ante las nuevas ocupaciones y que “vamos a llegar hasta las últimas instancias para que se cumpla, como lo hicimos en las ocupaciones de Mirador del Azul y en otras tomas que se han desarticulado mucho más rápido que esta”, donde justificó que “fue un fin de semana largo” y la competencia “de fiscales que tratan de que sea lo menos forzoso posible”.
Aún sin una fecha concreta para avanzar con la medida judicial, Pogliano dijo que “vamos a seguir insistiendo para que se produzca a la brevedad”.
Demanda
Por otra parte, el intendente precisó que “la actual demanda de lotes sociales es de unas 1500 familias sin recursos”, donde la prioridad está puesta en contar con 150 lotes en el acceso norte, aunque “dotar de la infraestructura necesaria a nuevos desarrollos inmobiliarios (apertura de calles y los servicios de energía y agua potable), tiene un costo elevado y la idea es que el proyecto sea financiado por el programa provincial Suelo Urbano”.
"Una vez que hagamos esta primera experiencia, podremos avanzar en otras alternativas, como las 40 hectáreas reservadas también en el acceso norte”, adelantó.
En coincidencia, cabe recordar que El Bolsón espera desde hace décadas la transferencia de unas 12 hectáreas ociosas de Gendarmería Nacional para la construcción de viviendas sociales.
En tanto, ante el crecimiento demográfico exponencial y los costos de la tierra en el mercado inmobiliario, desde 2005 han proliferado las tomas. La principal fue en Loma del Medio en 2012, donde hay censadas unas 700 familias que esperan un plan de urbanización financiado por el gobierno nacional.
En total, en los últimos 15 años se han consolidado unas 35 ocupaciones en distintos puntos de la geografía lugareña. La mayoría ha quedado incorporada a los barrios aledaños y sus moradores han podido regularizar su situación catastral y cuentan con los servicios básicos.
Al respecto, el intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, reflejó que “se trabajó durante todo el fin de semana para desarticular esta ocupación, además de haber radicado la denuncia penal correspondiente, ya que hablamos de una reserva fiscal”.
Por su parte, el fiscal Marcos Sosa Lukman “dispuso medidas concretas, incluyendo que cualquier persona que salga del lugar no puede volver a ingresar, como también la prohibición de ingreso de alimentos”.
En detalle, el jefe comunal precisó que “en principio, se avanzó en un acuerdo con la persona que es referente de los ocupantes, aunque después no lo quiso firmar. Se puso a disposición de la justicia todo lo actuado, con el pedido expreso de un desalojo forzoso ya que se trata de un delito penal. Necesitamos que el predio quede despejado a la brevedad, porque tampoco es un sector urbanizable, es una reserva necesaria para el barrio, donde los propios vecinos han manifestado su interés en comenzar a poner en valor esos terrenos”, insistió.
Con todo, Pogliano reconoció no saber “con exactitud la cantidad de familias que tomaron el lugar”, al tiempo que confirmó que “a través del programa Suelo Urbano, hemos ofrecido la alternativa de radicarse en alguno de los 150 lotes que estamos muy cercanos a firmar en la zona de Los Repollos (cercanos a la planta Girsu). Pero lo que no se puede tolerar o permitir es que ocupen un espacio público y afecten a todos los vecinos de un barrio. Vamos a insistir en el desalojo”, remarcó.
A su criterio, “la justicia actuó inmediatamente, pero el problema fue que estas familias se comprometieron a dejar el predio de forma pacífica y no cumplieron. Luego de la denuncia, accedieron a firmar un acuerdo para salir y tampoco lo hicieron. A esta altura de los acontecimientos, no creemos más en ningún tipo de pacto y ahora queremos que se cumpla la orden del fiscal para desalojarlos”, subrayó.
Recalcó que el municipio “tendrá tolerancia cero” ante las nuevas ocupaciones y que “vamos a llegar hasta las últimas instancias para que se cumpla, como lo hicimos en las ocupaciones de Mirador del Azul y en otras tomas que se han desarticulado mucho más rápido que esta”, donde justificó que “fue un fin de semana largo” y la competencia “de fiscales que tratan de que sea lo menos forzoso posible”.
Aún sin una fecha concreta para avanzar con la medida judicial, Pogliano dijo que “vamos a seguir insistiendo para que se produzca a la brevedad”.
Demanda
Por otra parte, el intendente precisó que “la actual demanda de lotes sociales es de unas 1500 familias sin recursos”, donde la prioridad está puesta en contar con 150 lotes en el acceso norte, aunque “dotar de la infraestructura necesaria a nuevos desarrollos inmobiliarios (apertura de calles y los servicios de energía y agua potable), tiene un costo elevado y la idea es que el proyecto sea financiado por el programa provincial Suelo Urbano”.
"Una vez que hagamos esta primera experiencia, podremos avanzar en otras alternativas, como las 40 hectáreas reservadas también en el acceso norte”, adelantó.
En coincidencia, cabe recordar que El Bolsón espera desde hace décadas la transferencia de unas 12 hectáreas ociosas de Gendarmería Nacional para la construcción de viviendas sociales.
En tanto, ante el crecimiento demográfico exponencial y los costos de la tierra en el mercado inmobiliario, desde 2005 han proliferado las tomas. La principal fue en Loma del Medio en 2012, donde hay censadas unas 700 familias que esperan un plan de urbanización financiado por el gobierno nacional.
En total, en los últimos 15 años se han consolidado unas 35 ocupaciones en distintos puntos de la geografía lugareña. La mayoría ha quedado incorporada a los barrios aledaños y sus moradores han podido regularizar su situación catastral y cuentan con los servicios básicos.