La Provincia, obligada a pedir disculpas públicas a una familia por la represión policial en un barrio
Por Rolando Tobarez
El Estado provincial deberá pedir disculpas públicas a una familia que en julio de 2009 fue víctima de la represión del Grupo Especial de Operaciones de la Policía en el barrio Tiro Federal de Trelew. Lo confirmó el Superior Tribunal de Justicia tras revisar un fallo de la Sala “B” de la Cámara de Apelaciones. El desagravio deberá difundirse de modo escrito y virtual durante dos días en un diario de la zona y en el Boletín Oficial.
La demanda original fue de Sara Esther, María Magdalena, Ángel David, Tamara Belén y Alejandro Adilio Paillacura contra miembros del GEOP y contra la Provincia.
El episodio
La noche del 29 de julio de 2009 la fuerza debía hacer allanamientos en el barrio. Pero luego de que una Traffic policial fuera apedreada, un pelotón golpeó a un grupo de jóvenes que jugaba a la pelota en la calle. Varias personas salieron a protestar. Hubo balas de goma y los efectivos, encapuchados y armados, hasta ingresaron a las casas. Las mujeres salieron en defensa de sus hijos.
La Defensa Pública llevó a juicio a la Provincia como responsable directo de la Policía.
Como demandante destacó el esfuerzo para llevar a tribunales un tema de gravedad institucional e interés público, atento a la responsabilidad del Estado por el trato de la Policía a los sectores vulnerables.
La represión ilegal “fue un trato inhumano y degradante que califica como violencia institucional. El pedido de disculpas es una herramienta disuasoria de estas conductas reprochables”, argumentó. En la actuación del GEOP “se advierte cierta animadversión de la fuerza policial hacia los jóvenes de los barrios periféricos pobres de Trelew”.
La demanda contra el Estado describió “un exceso manifiesto en el uso de la fuerza con consecuencias dañosas en la integridad psicofísica de las víctimas”.
El fallo consideró acreditado que “fueron víctimas del actual ilegal de integrantes del GEOP, cuyo accionar fue calificado como una conducta ilícita”. La familia afectada fue descripta como en un grupo vulnerable social y económicamente, por debajo de la línea de la pobreza. Sobrevivían con empleos informales y planes sociales. Mayores y menores necesitaron un mes para recuperarse de las lesiones. La mayoría eran madres de menores.
“Los policías son guardianes del orden y de la seguridad pública, al servicio de la protección de los derechos de la población (…) Deben garantizar la tranquilidad de la población y la seguridad de las personas, usando la fuerza cuando fuere necesario. El agente podrá disparar sólo cuando exista un riesgo razonablemente grave para la propia vida o integridad física, o en circunstancias que permitan suponer un grave riesgo para la seguridad de la comunidad”.
En el caso “los policías reaccionaron ante un piedrazo contra el parabrisas del patrullero y que un grupo de menores les impidió el paso. Pero la reacción fue descender del vehículo, palpar a los menores, y frente a ello los vecinos se agolparon insultando a los agentes en actitud agresiva”. No se probó que la situación generada por los niños fuera “un peligro grave e inminente” que justificara bajar del móvil, ni que la presencia repentina de los familiares “significara una amenaza de tal magnitud que hiciese necesaria la fuerza física y mucho menos armas largas con balas de goma. La reacción de los servidores públicos no se condice con el entrenamiento especial que es de esperar para enfrentarse a este tipo de situaciones. Es claro que el accionar afectó la integridad física e importó un uso excesivo e irracional de la fuerza pública, y más allá de la menor o mayor gravedad de los daños, fue un trato cruel”.
El fallo admitió “la mayor vulnerabilidad de la población de bajos recursos frente a tales abusos o excesos en el uso de la fuerza policial, muchas veces originada en la falta de consideración y respeto de las autoridades”.
El desagravio público apunta a “reparar la integridad bio-psico-social afectada por el actuar policial, que trasciende al mero resarcimiento económico”.
Qué dirá
El texto dirá: “La Provincia del Chubut hace saber a la comunidad que ofrece públicas disculpas por el accionar desmedido e ilegal del Grupo Especial de Operaciones de la Policía de la Provincia del Chubut ocurrido en el Barrio Tiro Federal el 29 de julio del año 2009, del cual resultaran damnificados Sara Esther, María Magdalena, Tamara Belén, Alejandro Adilio y Ángel Paillacura. El referido accionar irregular de las mencionadas fuerzas policiales, del que fueran víctimas los mencionados integrantes de la familia Chingoleo-Paillacura, contraviene principios y normas de protección de los Derechos Humanos que deben ser respetados a ultranza en todo procedimiento de las fuerzas policiales, so riesgo de ser pasible la Provincia de condenas como la dictada”.#
Por Rolando Tobarez
El Estado provincial deberá pedir disculpas públicas a una familia que en julio de 2009 fue víctima de la represión del Grupo Especial de Operaciones de la Policía en el barrio Tiro Federal de Trelew. Lo confirmó el Superior Tribunal de Justicia tras revisar un fallo de la Sala “B” de la Cámara de Apelaciones. El desagravio deberá difundirse de modo escrito y virtual durante dos días en un diario de la zona y en el Boletín Oficial.
La demanda original fue de Sara Esther, María Magdalena, Ángel David, Tamara Belén y Alejandro Adilio Paillacura contra miembros del GEOP y contra la Provincia.
El episodio
La noche del 29 de julio de 2009 la fuerza debía hacer allanamientos en el barrio. Pero luego de que una Traffic policial fuera apedreada, un pelotón golpeó a un grupo de jóvenes que jugaba a la pelota en la calle. Varias personas salieron a protestar. Hubo balas de goma y los efectivos, encapuchados y armados, hasta ingresaron a las casas. Las mujeres salieron en defensa de sus hijos.
La Defensa Pública llevó a juicio a la Provincia como responsable directo de la Policía.
Como demandante destacó el esfuerzo para llevar a tribunales un tema de gravedad institucional e interés público, atento a la responsabilidad del Estado por el trato de la Policía a los sectores vulnerables.
La represión ilegal “fue un trato inhumano y degradante que califica como violencia institucional. El pedido de disculpas es una herramienta disuasoria de estas conductas reprochables”, argumentó. En la actuación del GEOP “se advierte cierta animadversión de la fuerza policial hacia los jóvenes de los barrios periféricos pobres de Trelew”.
La demanda contra el Estado describió “un exceso manifiesto en el uso de la fuerza con consecuencias dañosas en la integridad psicofísica de las víctimas”.
El fallo consideró acreditado que “fueron víctimas del actual ilegal de integrantes del GEOP, cuyo accionar fue calificado como una conducta ilícita”. La familia afectada fue descripta como en un grupo vulnerable social y económicamente, por debajo de la línea de la pobreza. Sobrevivían con empleos informales y planes sociales. Mayores y menores necesitaron un mes para recuperarse de las lesiones. La mayoría eran madres de menores.
“Los policías son guardianes del orden y de la seguridad pública, al servicio de la protección de los derechos de la población (…) Deben garantizar la tranquilidad de la población y la seguridad de las personas, usando la fuerza cuando fuere necesario. El agente podrá disparar sólo cuando exista un riesgo razonablemente grave para la propia vida o integridad física, o en circunstancias que permitan suponer un grave riesgo para la seguridad de la comunidad”.
En el caso “los policías reaccionaron ante un piedrazo contra el parabrisas del patrullero y que un grupo de menores les impidió el paso. Pero la reacción fue descender del vehículo, palpar a los menores, y frente a ello los vecinos se agolparon insultando a los agentes en actitud agresiva”. No se probó que la situación generada por los niños fuera “un peligro grave e inminente” que justificara bajar del móvil, ni que la presencia repentina de los familiares “significara una amenaza de tal magnitud que hiciese necesaria la fuerza física y mucho menos armas largas con balas de goma. La reacción de los servidores públicos no se condice con el entrenamiento especial que es de esperar para enfrentarse a este tipo de situaciones. Es claro que el accionar afectó la integridad física e importó un uso excesivo e irracional de la fuerza pública, y más allá de la menor o mayor gravedad de los daños, fue un trato cruel”.
El fallo admitió “la mayor vulnerabilidad de la población de bajos recursos frente a tales abusos o excesos en el uso de la fuerza policial, muchas veces originada en la falta de consideración y respeto de las autoridades”.
El desagravio público apunta a “reparar la integridad bio-psico-social afectada por el actuar policial, que trasciende al mero resarcimiento económico”.
Qué dirá
El texto dirá: “La Provincia del Chubut hace saber a la comunidad que ofrece públicas disculpas por el accionar desmedido e ilegal del Grupo Especial de Operaciones de la Policía de la Provincia del Chubut ocurrido en el Barrio Tiro Federal el 29 de julio del año 2009, del cual resultaran damnificados Sara Esther, María Magdalena, Tamara Belén, Alejandro Adilio y Ángel Paillacura. El referido accionar irregular de las mencionadas fuerzas policiales, del que fueran víctimas los mencionados integrantes de la familia Chingoleo-Paillacura, contraviene principios y normas de protección de los Derechos Humanos que deben ser respetados a ultranza en todo procedimiento de las fuerzas policiales, so riesgo de ser pasible la Provincia de condenas como la dictada”.#