Sastre vetó la Renta Hídrica, una ley inaplicable
El vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Ricardo Sastre, vetó la Renta Hídrica que había aprobado la Legislatura el 15 de diciembre de 2022. El decreto se publicará hoy en el Boletín oficial.
En rigor, se trataba de una ley inaplicable e inconstitucional al intentar poner bajo control provincial la regulación de Hidroeléctrica Futaleufú e impulsar la distribución de $ 7,5 millones entre 14 municipios. Una ficción, claro, y para escribirla tampoco hubo consultas a jugadores claves del sector, como el Sindicato de Luz y Fuerza de la Patagonia o la Federación de Cooperativas del Chubut.
Su formato violaba la Constitución Nacional ya que en su artículo 2 declaraba el control provincial para la generación eléctrica en las cuencas hídricas de Chubut cuando fuera para el consumo local. Este artículo ya se contradecía con artículo 1, que le pedía al Ejecutivo negociar para que la Nación le transfiriera esas facultades para que la Provincia manejara las concesiones de uso y generación hidroeléctrica de las aguas de la cuenca del rio Futaleufu. Se ponía el carro de la jurisdicción provincial delante del caballo de la discusión previa.
En otro orden, la Central afectada está interconectada al Sistema Interconectado Nacional y por tanto es de jurisdicción nacional. Y el contrato de concesión vigente con Aluar, otorgado por el Estado Nacional y en pleno funcionamiento, no puede ser afectado por una norma provincial.
Al analizar el proyecto aprobado, desde Fontana 50 consideraron que declarar la jurisdicción provincial tan livianamente hubiese provocado un conflicto innecesario con el Estado Nacional ya que el régimen de energía eléctrica es federal.
Más allá de lo técnico, detrás del veto hay otros datos. Por ejemplo, la coherencia política del vicegobernador Ricardo Sastre, que firmó el decreto del veto luego de que los diputados que le responden tampoco aprobaran la iniciativa en el recinto. Algo similar pasó con el sector del intendente de Trelew, Adrián Maderna.
También jugaron fuerte Aluar y el ministro de Economía Sergio Massa, que en reuniones vía Zoom advirtió al vicegobernador Ricardo Sastre, al fiscal de Estado Andrés Giacomone y al ministro de Economía Oscar Antonena, que si acaso esta norma se promulgaba, caerían inversiones que la empresa de aluminio y el propio Gobierno nacional proyectan para Chubut.#
El vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Ricardo Sastre, vetó la Renta Hídrica que había aprobado la Legislatura el 15 de diciembre de 2022. El decreto se publicará hoy en el Boletín oficial.
En rigor, se trataba de una ley inaplicable e inconstitucional al intentar poner bajo control provincial la regulación de Hidroeléctrica Futaleufú e impulsar la distribución de $ 7,5 millones entre 14 municipios. Una ficción, claro, y para escribirla tampoco hubo consultas a jugadores claves del sector, como el Sindicato de Luz y Fuerza de la Patagonia o la Federación de Cooperativas del Chubut.
Su formato violaba la Constitución Nacional ya que en su artículo 2 declaraba el control provincial para la generación eléctrica en las cuencas hídricas de Chubut cuando fuera para el consumo local. Este artículo ya se contradecía con artículo 1, que le pedía al Ejecutivo negociar para que la Nación le transfiriera esas facultades para que la Provincia manejara las concesiones de uso y generación hidroeléctrica de las aguas de la cuenca del rio Futaleufu. Se ponía el carro de la jurisdicción provincial delante del caballo de la discusión previa.
En otro orden, la Central afectada está interconectada al Sistema Interconectado Nacional y por tanto es de jurisdicción nacional. Y el contrato de concesión vigente con Aluar, otorgado por el Estado Nacional y en pleno funcionamiento, no puede ser afectado por una norma provincial.
Al analizar el proyecto aprobado, desde Fontana 50 consideraron que declarar la jurisdicción provincial tan livianamente hubiese provocado un conflicto innecesario con el Estado Nacional ya que el régimen de energía eléctrica es federal.
Más allá de lo técnico, detrás del veto hay otros datos. Por ejemplo, la coherencia política del vicegobernador Ricardo Sastre, que firmó el decreto del veto luego de que los diputados que le responden tampoco aprobaran la iniciativa en el recinto. Algo similar pasó con el sector del intendente de Trelew, Adrián Maderna.
También jugaron fuerte Aluar y el ministro de Economía Sergio Massa, que en reuniones vía Zoom advirtió al vicegobernador Ricardo Sastre, al fiscal de Estado Andrés Giacomone y al ministro de Economía Oscar Antonena, que si acaso esta norma se promulgaba, caerían inversiones que la empresa de aluminio y el propio Gobierno nacional proyectan para Chubut.#