Duro escrito de Arcioni contra el reclamo de Ingram, Williams y Mantegna

El gobernador, a través de su abogado Diego Martínez Zapata, respondió a la Cámara de Apelaciones del Noroeste tras la medida cautelar solicitada por el veto de la ley aprobada el año pasado en la Legislatura.

15 MAR 2023 - 18:34 | Actualizado 15 MAR 2023 - 18:49

El gobernador Mariano Arcioni presentó un escrito en respuesta a la Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut, en el marco de un reclamo presentado por el intendente de Trevelin, Héctor Ingram, y los diputados provinciales Rafael Williams y Carlos Mantegna, por el veto del Poder Ejecutivo a la ley de renta hídrica que se había aprobado en la Legislatura de Chubut el año pasado.

Con el patrocinio del Dr. Diego Martínez Zapata, el gobernador presentó el escrito sobre la medida cautelar solicitada por los demandantes, que pretenden suspender la vigencia del Decreto N° 3/2023: “En primer lugar, debo hacer notar que V.E. resulta manifiestamente incompetente para entender en las presentes actuaciones, envirtud de encontrarse cuestionado un acto administrativo dictado legítimamente por el Poder Ejecutivo Provincial, cuyo asiento se encuentra en la ciudad de Rawson ycuyos efectos deben cumplirse en la misma ciudad, razón por la cual, por el presenteno consiento la competencia del Tribunal y la correspondiente excepción seráplanteada en el momento procesal oportuno”, advierte Arcioni en la primera parte de su respuesta a la Cámara de Apelaciones.

Dr. Diego Martínez Zapata, abogado del gobernador Arcioni.

“En idéntico sentido, también resultamanifiestamenteimprocedente el dictado de una medida cautelar contra el Estado Provincial sin la intervención legitima y necesaria de la Fiscalía de Estado, lo cual también será objeto de petición al Tribunal en el momento procesal oportuno”, agrega.

La medida cautelar que pretenden Ingram, Williams y Mantegna exige suspender la vigencia del Decreto N° 3/2023 que vetó el proyecto de ley mediante el cual se pretendía crear un nuevo marco regulatorio de la actividad hidroeléctrica de la cuenca del río Futaleufú, sancionado por la Legislatura el 15 de diciembre del año pasado.

Según es el escrito firmado por el gobernador, el reclamo se extralimita al exigir la suspensión “de un acto administrativo dictadolegítimamente por el Poder Ejecutivo Provincial, en pleno ejercicio de potestadesexclusivas de su zona de reserva”. Y también se refiere a la facultad del veto, que permite al gobernador desechar en todo o en parte un proyecto de ley.

Según el gobernador, ir en contra del veto dispuesto por el Gobierno, que fue firmado en enero por el vicegobernador Ricardo Sastre, a cargo del Poder Ejecutivo por una licencia de Arcioni, “resulta más que evidente que el eventual dictado de lamedida cautelar solicitada por la parte actora afectaría gravemente el interéspúblico, violentaría normas de carácter federal y la relación política e institucional con el Estado Nacional.En definitiva, la medida cautelar pretendida por la actorasupone un mayúsculo avasallamiento y afectación a la división de poderes y al sistema republicano de gobierno”.

Tampoco -agrega el escrito- podría decretarse una medida cautelarsuspendiendo los efectos de un acto administrativo sin la participación legítima ynecesaria del Fiscal de Estado, por lo que “corresponde desestimaríntegramente la medida cautelar que pretende suspender los efectos del Decreto N°3/2023”, señala Arcioni.

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15 MAR 2023 - 18:34

El gobernador Mariano Arcioni presentó un escrito en respuesta a la Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut, en el marco de un reclamo presentado por el intendente de Trevelin, Héctor Ingram, y los diputados provinciales Rafael Williams y Carlos Mantegna, por el veto del Poder Ejecutivo a la ley de renta hídrica que se había aprobado en la Legislatura de Chubut el año pasado.

Con el patrocinio del Dr. Diego Martínez Zapata, el gobernador presentó el escrito sobre la medida cautelar solicitada por los demandantes, que pretenden suspender la vigencia del Decreto N° 3/2023: “En primer lugar, debo hacer notar que V.E. resulta manifiestamente incompetente para entender en las presentes actuaciones, envirtud de encontrarse cuestionado un acto administrativo dictado legítimamente por el Poder Ejecutivo Provincial, cuyo asiento se encuentra en la ciudad de Rawson ycuyos efectos deben cumplirse en la misma ciudad, razón por la cual, por el presenteno consiento la competencia del Tribunal y la correspondiente excepción seráplanteada en el momento procesal oportuno”, advierte Arcioni en la primera parte de su respuesta a la Cámara de Apelaciones.

Dr. Diego Martínez Zapata, abogado del gobernador Arcioni.

“En idéntico sentido, también resultamanifiestamenteimprocedente el dictado de una medida cautelar contra el Estado Provincial sin la intervención legitima y necesaria de la Fiscalía de Estado, lo cual también será objeto de petición al Tribunal en el momento procesal oportuno”, agrega.

La medida cautelar que pretenden Ingram, Williams y Mantegna exige suspender la vigencia del Decreto N° 3/2023 que vetó el proyecto de ley mediante el cual se pretendía crear un nuevo marco regulatorio de la actividad hidroeléctrica de la cuenca del río Futaleufú, sancionado por la Legislatura el 15 de diciembre del año pasado.

Según es el escrito firmado por el gobernador, el reclamo se extralimita al exigir la suspensión “de un acto administrativo dictadolegítimamente por el Poder Ejecutivo Provincial, en pleno ejercicio de potestadesexclusivas de su zona de reserva”. Y también se refiere a la facultad del veto, que permite al gobernador desechar en todo o en parte un proyecto de ley.

Según el gobernador, ir en contra del veto dispuesto por el Gobierno, que fue firmado en enero por el vicegobernador Ricardo Sastre, a cargo del Poder Ejecutivo por una licencia de Arcioni, “resulta más que evidente que el eventual dictado de lamedida cautelar solicitada por la parte actora afectaría gravemente el interéspúblico, violentaría normas de carácter federal y la relación política e institucional con el Estado Nacional.En definitiva, la medida cautelar pretendida por la actorasupone un mayúsculo avasallamiento y afectación a la división de poderes y al sistema republicano de gobierno”.

Tampoco -agrega el escrito- podría decretarse una medida cautelarsuspendiendo los efectos de un acto administrativo sin la participación legítima ynecesaria del Fiscal de Estado, por lo que “corresponde desestimaríntegramente la medida cautelar que pretende suspender los efectos del Decreto N°3/2023”, señala Arcioni.


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