Boluarte, seis meses de un convulsionado gobierno en Perú
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, cumplirá el miércoles seis meses en el cargo, en medio de una marcada crisis de popularidad, de aislamiento internacional y de múltiples críticas a su gestión y a su manejo de los derechos humanos.
Escribe: Gonzalo Ruiz Tovar, especial desde Lima.
“Boluarte ya no tiene a quién culpar por su incapacidad”, dijo a Télam el politólogo Roger Santa Cruz, para quien el futuro de la gobernante depende de cómo articule sus “frágiles alianzas” con los “poderes fácticos” que la sostienen.
La mandataria, abogada de 61 años de origen modesto y escasa trayectoria política, llegó al Palacio de Gobierno el 7 de diciembre, cuando, en su condición de vicepresidenta, reemplazó a su excompañero de fórmula Pedro Castillo, destituido por el Congreso después de que intentara clausurar ese poder del Estado.
No hubo luna de miel. Las protestas contra Boluarte estallaron cuando, en la asunción, anunció que pretendía quedarse hasta el fin original del período, en 2026, con lo que desairó un clamor popular, de hasta 93% según encuestas, para convocar a la brevedad elecciones generales anticipadas.
Boluarte se corrigió luego e impulsó una convocatoria a elecciones, incluso para 2023, pero el Congreso, controlado por fuerzas de derecha radical y aprobado en los sondeos por solo 6% de la población, evitó colocar una fecha para esos comicios.
Las movilizaciones que exigían “que se vayan todos” y que dejaron 49 muertos en enfrentamientos directos o 66 si se suman los hechos colaterales, se calmaron en las últimas semanas, en medio de una serie de desastres de origen meteorológico que capturaron la atención, pero, advirtió Santa Cruz, “eso no significa que el malestar no siga latente”.
De hecho, la oposición, especialmente fuerte en los departamentos del sur andino, prepara una nueva “toma de Lima”, como llaman a la llegada a la capital de manifestantes procedentes de diversas regiones.
Para Santa Cruz, la falta de respuestas efectivas del Ejecutivo a los desastres naturales -que incluyeron un huracán y arrasadoras inundaciones- y a hechos como la expansión de la epidemia de dengue contribuyó a menguar aun más el respaldo a una presidenta reprobada en los sondeos por alrededor de 80% de sus compatriotas.
A ese rechazo se suma el aislamiento internacional. Las burlas populares que se desataron tras la reciente cumbre sudamericana de Brasil, cuando mandatarios de la región aparentemente ignoraron al primer ministro peruano, Alberto Otálora, se convirtieron en un resumen del panorama externo para la administración Boluarte.
México, Colombia y Bolivia, con especial énfasis por la cercanía histórica y económica que tienen con Perú, encabezan la lista de países cuyos gobiernos fueron explícitos en el rechazo a Boluarte, lo que en algunos casos incluye un abierto respaldo al ahora preso Castillo.
En los demás países también predomina la desconfianza. Según destacó Santa Cruz, con excepción de El Salvador, el reconocimiento a la presidenta fue poco enfático, lo que incluye a gobiernos que teóricamente podrían vislumbrarse como aliados.
“Lo que ha despertado (la administración Boluarte) es eso: el desprecio de muchos países, con mayor razón de los latinoamericanos, porque observan mucho más de cerca lo que pasa”, dijo el sociólogo Carlos Reyna en el programa de televisión online “No hay derecho”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la ONG Amnistía Internacional (AI) encabezan la lista de entes que, desde el exterior, documentaron los presuntos abusos en que incurrió el gobierno al reprimir las protestas.
Boluarte respondió con más de un discurso: en público, insiste en que solo dio respuesta a una ofensiva lanzada según ella por extremistas de izquierda aliados con delincuentes, pero en una comunicación con la CIDH deslizó que militares y policías desobedecieron órdenes. Frente a AI y organismos similares optó por el menosprecio.
Para analistas como Rosa María Palacios, sin embargo, es posible que los informes generen que en un futuro la presidenta sea llevada ante tribunales para responder por lo ocurrido en esos meses de marcada tensión.
Boluarte se afianzó en el poder gracias al respaldo de fuerzas de derecha que hasta diciembre la veían con recelo y advertían explícitamente, en la voz de parlamentarios como Jorge Montoya, que buscarían destituirla junto a Castillo por provenir del gobierno “comunista” de este.
Santa Cruz opina que ese respaldo parlamentario le resultó muy útil, pues, al margen del desprestigio de un Legislativo que cada día genera más resistencias por su supuesto plan para copar todas las instituciones del Estado, cumple con “requisitos procedimentales” que le permiten continuar.
Pero el respaldo de partidos como Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País no parece incondicional. Para Santa Cruz, politólogo de las universidades Pedro Ruiz Gallo y Antonio Ruiz de Montoya, esos grupos podrían bajarle el pulgar en cuanto deje de serles funcional.
De hecho, analistas de derecha radical no se guardan críticas: “El Ejecutivo no hace alianzas para gobernar sino para permanecer en el cargo; sabe Dios qué acuerdos habrá pactado”, escribió por ejemplo Mariela Balbi en una columna en el diario Expreso titulada “¿Gobierna Dina Boluarte?”
“En vez de formar un verdadero equipo de gobierno, deslindando de la trapacería de la cual formó parte, Boluarte solo busca sobrevivir; sus ministros son grises y no dan fuego”, afirmó Balbi.
Con un gabinete débil encabezado por un Otárola que en opinión de analistas no garantiza liderazgo, la presidenta optó ahora por formar un “consejo consultivo”, integrado en su gran mayoría por juristas de derecha, para enfrentar a los críticos nacionales e internacionales. Pero eso le costó nuevos señalamientos.
A juicio de Santa Cruz, en ese contexto no lucen claros el futuro de Boluarte y su gobierno, al margen de que tampoco se esté en la situación de semanas atrás, cuando se veía casi como un milagro la posibilidad de que pudiera aferrarse al poder.
Escribe: Gonzalo Ruiz Tovar, especial desde Lima.
“Boluarte ya no tiene a quién culpar por su incapacidad”, dijo a Télam el politólogo Roger Santa Cruz, para quien el futuro de la gobernante depende de cómo articule sus “frágiles alianzas” con los “poderes fácticos” que la sostienen.
La mandataria, abogada de 61 años de origen modesto y escasa trayectoria política, llegó al Palacio de Gobierno el 7 de diciembre, cuando, en su condición de vicepresidenta, reemplazó a su excompañero de fórmula Pedro Castillo, destituido por el Congreso después de que intentara clausurar ese poder del Estado.
No hubo luna de miel. Las protestas contra Boluarte estallaron cuando, en la asunción, anunció que pretendía quedarse hasta el fin original del período, en 2026, con lo que desairó un clamor popular, de hasta 93% según encuestas, para convocar a la brevedad elecciones generales anticipadas.
Boluarte se corrigió luego e impulsó una convocatoria a elecciones, incluso para 2023, pero el Congreso, controlado por fuerzas de derecha radical y aprobado en los sondeos por solo 6% de la población, evitó colocar una fecha para esos comicios.
Las movilizaciones que exigían “que se vayan todos” y que dejaron 49 muertos en enfrentamientos directos o 66 si se suman los hechos colaterales, se calmaron en las últimas semanas, en medio de una serie de desastres de origen meteorológico que capturaron la atención, pero, advirtió Santa Cruz, “eso no significa que el malestar no siga latente”.
De hecho, la oposición, especialmente fuerte en los departamentos del sur andino, prepara una nueva “toma de Lima”, como llaman a la llegada a la capital de manifestantes procedentes de diversas regiones.
Para Santa Cruz, la falta de respuestas efectivas del Ejecutivo a los desastres naturales -que incluyeron un huracán y arrasadoras inundaciones- y a hechos como la expansión de la epidemia de dengue contribuyó a menguar aun más el respaldo a una presidenta reprobada en los sondeos por alrededor de 80% de sus compatriotas.
A ese rechazo se suma el aislamiento internacional. Las burlas populares que se desataron tras la reciente cumbre sudamericana de Brasil, cuando mandatarios de la región aparentemente ignoraron al primer ministro peruano, Alberto Otálora, se convirtieron en un resumen del panorama externo para la administración Boluarte.
México, Colombia y Bolivia, con especial énfasis por la cercanía histórica y económica que tienen con Perú, encabezan la lista de países cuyos gobiernos fueron explícitos en el rechazo a Boluarte, lo que en algunos casos incluye un abierto respaldo al ahora preso Castillo.
En los demás países también predomina la desconfianza. Según destacó Santa Cruz, con excepción de El Salvador, el reconocimiento a la presidenta fue poco enfático, lo que incluye a gobiernos que teóricamente podrían vislumbrarse como aliados.
“Lo que ha despertado (la administración Boluarte) es eso: el desprecio de muchos países, con mayor razón de los latinoamericanos, porque observan mucho más de cerca lo que pasa”, dijo el sociólogo Carlos Reyna en el programa de televisión online “No hay derecho”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la ONG Amnistía Internacional (AI) encabezan la lista de entes que, desde el exterior, documentaron los presuntos abusos en que incurrió el gobierno al reprimir las protestas.
Boluarte respondió con más de un discurso: en público, insiste en que solo dio respuesta a una ofensiva lanzada según ella por extremistas de izquierda aliados con delincuentes, pero en una comunicación con la CIDH deslizó que militares y policías desobedecieron órdenes. Frente a AI y organismos similares optó por el menosprecio.
Para analistas como Rosa María Palacios, sin embargo, es posible que los informes generen que en un futuro la presidenta sea llevada ante tribunales para responder por lo ocurrido en esos meses de marcada tensión.
Boluarte se afianzó en el poder gracias al respaldo de fuerzas de derecha que hasta diciembre la veían con recelo y advertían explícitamente, en la voz de parlamentarios como Jorge Montoya, que buscarían destituirla junto a Castillo por provenir del gobierno “comunista” de este.
Santa Cruz opina que ese respaldo parlamentario le resultó muy útil, pues, al margen del desprestigio de un Legislativo que cada día genera más resistencias por su supuesto plan para copar todas las instituciones del Estado, cumple con “requisitos procedimentales” que le permiten continuar.
Pero el respaldo de partidos como Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País no parece incondicional. Para Santa Cruz, politólogo de las universidades Pedro Ruiz Gallo y Antonio Ruiz de Montoya, esos grupos podrían bajarle el pulgar en cuanto deje de serles funcional.
De hecho, analistas de derecha radical no se guardan críticas: “El Ejecutivo no hace alianzas para gobernar sino para permanecer en el cargo; sabe Dios qué acuerdos habrá pactado”, escribió por ejemplo Mariela Balbi en una columna en el diario Expreso titulada “¿Gobierna Dina Boluarte?”
“En vez de formar un verdadero equipo de gobierno, deslindando de la trapacería de la cual formó parte, Boluarte solo busca sobrevivir; sus ministros son grises y no dan fuego”, afirmó Balbi.
Con un gabinete débil encabezado por un Otárola que en opinión de analistas no garantiza liderazgo, la presidenta optó ahora por formar un “consejo consultivo”, integrado en su gran mayoría por juristas de derecha, para enfrentar a los críticos nacionales e internacionales. Pero eso le costó nuevos señalamientos.
A juicio de Santa Cruz, en ese contexto no lucen claros el futuro de Boluarte y su gobierno, al margen de que tampoco se esté en la situación de semanas atrás, cuando se veía casi como un milagro la posibilidad de que pudiera aferrarse al poder.