Editorial / La Ley Electoral y los servicios, claves del Chubut que viene
Leé La Columna del Domingo, la tradicional editorial de la edición dominical de Jornada, con la mejor información política de Chubut.
La campaña electoral en Chubut pasa de tibia a caliente y el último dato pesado fue la decisión del Superior Tribunal de Justicia de dejar afuera de los comicios del domingo 30 de julio a Vanesa Peruzotti, compañera de fórmula de Daniel Laudonio para la Intendencia de Puerto Madryn. Los ministros de la Corte coincidieron con la resolución del Tribunal Electoral Municipal y evaluaron que la dirigente no contaba con los años de residencia mínimos para figurar en una boleta. Pero no todas fueron malas para Ignacio “Nacho” Torres ya que en el mismo pleno, el STJ sí autorizó la adhesión de boletas para su espacio político.
Otra novedad fue el rechazo del amparo del exdiputado provincial Eduardo Conde, quien consideraba inconstitucional el decreto que convocó a elecciones para julio. Pero el abogado de Comodoro Rivadavia sí consiguió que la Junta Electoral de su partido le reconociera sus avales y habilitara su precandidatura a diputado nacional.
Aunque ya se oficializó hay que sumar las discusiones por la fórmula César Treffinger-Laura Mirantes: el primero por sus años de residencia y la segunda, por su carácter de policía. Esto, sin contar los múltiples reclamos generados en localidades del interior.
Ya es folklore chubutense a medida que avanza el cronograma electoral: si un Tribunal Electoral no decide lo que el postulante quiere o le conviene, la amenaza es escalar al Superior y luego al Juzgado Federal de Rawson. O a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, si fuera necesario.
El problema de fondo es que ningún sector de la dirigencia chubutense cumple con la Constitución Provincial para discutir una Ley Electoral que ordene los comicios y deje claro qué se puede y qué no se puede, reuniendo la jurisprudencia de reclamos.
No se puede estar cada elección afinando la lupa sobre los años de residencia, sobre el perfil y los antecedentes de los postulantes, sobre los cupos, sobre los avales, sobre los reconocimientos, sobre los documentos.
No se puede estar cada dos años hablando de “proscripción” porque faltó adjuntar la fotocopia de un DNI o al apoderado de una lista se le escapó la tortuga y necesita descargar responsabilidad.
En la Justicia están hartos de que la política no resuelva sus problemas y pretenda que los tribunales sean los ordenadores de cada malentendido. Ambos fueros se pronunciaron variadas oportunidades sobre la urgencia de un Código Electoral Provincial que tenga en cuenta las particularidades provinciales, para dejar de suplirlo con el Código Nacional.
El caso del amparo de Conde es paradigmático: nadie daba respuesta y durante un mes y 19 días el recurso pasó por ocho funcionarios judiciales provinciales y federales mientras los plazos electorales corrían. Un ping pong inaceptable para cualquiera que sienta que sus derechos están afectados.
Lo complejísimo, claro, será que alguna vez un gobernante tome la posta caliente y haga una convocatoria a todos los sectores. Hará falta mucha madurez y responsabilidad cívica para que nadie intente una Ley Electoral a medida y mucho tacto para encontrar el momento justo, alejado de épocas de comicios, sin jugueteos institucionales.
Es imprescindible una legislación que aclare los tantos para las fuerzas políticas y evite que los reclamos escalen más allá de lo razonable.
Servicios en colapso
Hablando de elecciones, sorprende para mal que ningún candidato tenga una propuesta concreta para la crisis de los servicios públicos. Las cooperativas están cada mes más apretadas y la dirigencia parece no leerlo ni preocuparse por las consecuencias.
Que los ciudadanos quizás no entiendan la magnitud de la bola de nieve, vaya y pase, pero que los múltiples aspirantes a representarlos y a resolver sus problemas no digan ni mu es ciertamente sugestivo.
Los servicios públicos están colapsados. Y nadie reacciona mientras haya agua en la canilla, luz en la perilla y cloacas sin desbordes.
La Federación de Cooperativas ya difundió lo maltrechas que están las Cooperativas Eléctricas por un cóctel venenoso: las deudas multimillonarias e impagables con la AFIP y con CAMMESA y el atraso tarifario combinado con una inflación sin techo. Es difícil imaginar un futuro peor.
Varias empresas sudan para recaudar la plata de los sueldos, probable génesis de un problema social más grave. A este ritmo los cortes de luz no serían de extrañar, como tampoco una posible retención de fondos de coparticipación a la provincia.
Sin tarifa no hay obras. Y sin infraestructura no hay agua, energía ni cloacas.
Se impone lo que ningún candidato ni amagó: una convocatoria social y política para acordar qué formato quiere Chubut para sus servicios públicos. Es ahora, a un mes de las elecciones y para que la gente sepa qué piensa cada uno.
El ideal sería un acuerdo. A este escenario nadie ni ningún sector lo soluciona en soledad. Se necesita sentarse a la mesa, decirse todo lo que haya que decirse, encontrar coincidencias contra el colapso y darse la mano.
Se llama política de Estado.#
La campaña electoral en Chubut pasa de tibia a caliente y el último dato pesado fue la decisión del Superior Tribunal de Justicia de dejar afuera de los comicios del domingo 30 de julio a Vanesa Peruzotti, compañera de fórmula de Daniel Laudonio para la Intendencia de Puerto Madryn. Los ministros de la Corte coincidieron con la resolución del Tribunal Electoral Municipal y evaluaron que la dirigente no contaba con los años de residencia mínimos para figurar en una boleta. Pero no todas fueron malas para Ignacio “Nacho” Torres ya que en el mismo pleno, el STJ sí autorizó la adhesión de boletas para su espacio político.
Otra novedad fue el rechazo del amparo del exdiputado provincial Eduardo Conde, quien consideraba inconstitucional el decreto que convocó a elecciones para julio. Pero el abogado de Comodoro Rivadavia sí consiguió que la Junta Electoral de su partido le reconociera sus avales y habilitara su precandidatura a diputado nacional.
Aunque ya se oficializó hay que sumar las discusiones por la fórmula César Treffinger-Laura Mirantes: el primero por sus años de residencia y la segunda, por su carácter de policía. Esto, sin contar los múltiples reclamos generados en localidades del interior.
Ya es folklore chubutense a medida que avanza el cronograma electoral: si un Tribunal Electoral no decide lo que el postulante quiere o le conviene, la amenaza es escalar al Superior y luego al Juzgado Federal de Rawson. O a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, si fuera necesario.
El problema de fondo es que ningún sector de la dirigencia chubutense cumple con la Constitución Provincial para discutir una Ley Electoral que ordene los comicios y deje claro qué se puede y qué no se puede, reuniendo la jurisprudencia de reclamos.
No se puede estar cada elección afinando la lupa sobre los años de residencia, sobre el perfil y los antecedentes de los postulantes, sobre los cupos, sobre los avales, sobre los reconocimientos, sobre los documentos.
No se puede estar cada dos años hablando de “proscripción” porque faltó adjuntar la fotocopia de un DNI o al apoderado de una lista se le escapó la tortuga y necesita descargar responsabilidad.
En la Justicia están hartos de que la política no resuelva sus problemas y pretenda que los tribunales sean los ordenadores de cada malentendido. Ambos fueros se pronunciaron variadas oportunidades sobre la urgencia de un Código Electoral Provincial que tenga en cuenta las particularidades provinciales, para dejar de suplirlo con el Código Nacional.
El caso del amparo de Conde es paradigmático: nadie daba respuesta y durante un mes y 19 días el recurso pasó por ocho funcionarios judiciales provinciales y federales mientras los plazos electorales corrían. Un ping pong inaceptable para cualquiera que sienta que sus derechos están afectados.
Lo complejísimo, claro, será que alguna vez un gobernante tome la posta caliente y haga una convocatoria a todos los sectores. Hará falta mucha madurez y responsabilidad cívica para que nadie intente una Ley Electoral a medida y mucho tacto para encontrar el momento justo, alejado de épocas de comicios, sin jugueteos institucionales.
Es imprescindible una legislación que aclare los tantos para las fuerzas políticas y evite que los reclamos escalen más allá de lo razonable.
Servicios en colapso
Hablando de elecciones, sorprende para mal que ningún candidato tenga una propuesta concreta para la crisis de los servicios públicos. Las cooperativas están cada mes más apretadas y la dirigencia parece no leerlo ni preocuparse por las consecuencias.
Que los ciudadanos quizás no entiendan la magnitud de la bola de nieve, vaya y pase, pero que los múltiples aspirantes a representarlos y a resolver sus problemas no digan ni mu es ciertamente sugestivo.
Los servicios públicos están colapsados. Y nadie reacciona mientras haya agua en la canilla, luz en la perilla y cloacas sin desbordes.
La Federación de Cooperativas ya difundió lo maltrechas que están las Cooperativas Eléctricas por un cóctel venenoso: las deudas multimillonarias e impagables con la AFIP y con CAMMESA y el atraso tarifario combinado con una inflación sin techo. Es difícil imaginar un futuro peor.
Varias empresas sudan para recaudar la plata de los sueldos, probable génesis de un problema social más grave. A este ritmo los cortes de luz no serían de extrañar, como tampoco una posible retención de fondos de coparticipación a la provincia.
Sin tarifa no hay obras. Y sin infraestructura no hay agua, energía ni cloacas.
Se impone lo que ningún candidato ni amagó: una convocatoria social y política para acordar qué formato quiere Chubut para sus servicios públicos. Es ahora, a un mes de las elecciones y para que la gente sepa qué piensa cada uno.
El ideal sería un acuerdo. A este escenario nadie ni ningún sector lo soluciona en soledad. Se necesita sentarse a la mesa, decirse todo lo que haya que decirse, encontrar coincidencias contra el colapso y darse la mano.
Se llama política de Estado.#