El Juzgado Federal de Rawson se declaró competente en un reclamo por la concesión de Futaleufú
Fue a partir de una presentación realizada en abril pasado por el senador Ignacio Torres para que el Estado nacional no tome ninguna medida sobre la concesión que vence a mediados de 2025. El juez Hugo Sastre libró un oficio a la Secretaría de Energía de la Nación para produzca “un informe que dé cuenta del interés público comprometido por la solicitud”.
El Juzgado Federal de Rawson N° 1, a cargo del juez Hugo Sastre, se declaró competente en una presentación realizada por el senador Ignacio Torres (JxC), que abril pasado reclamó que el Estado nacional se abstenga de tomar medidas en relación a la concesión de la empresa Hidroeléctrica Futaleufú, la central ubicada en cercanías a Trevelin, cuya concesión -en manos de la empresa Aluar- vence a mediados de 2025.
El pedido de Torres se dio en el medio del vencimiento de centrales similares ubicadas en la zona del Comahue (Neuquén), cuyas concesiones vencieron este año. La discusión que se dio allí, aun no saldada, es el papel que va a cumplir la Provincia del Neuquén, propietaria del recurso hídrico.
En el caso de Chubut se podría dar la misma discusión. Aunque la Provincia es propietaria del 33,51% de las acciones de la empresa (Aluar controla el 60,2%), pero cuando la concesión caiga, la propiedad de la presa pasará a manos del Estado nacional. Aunque hubo gestos del actual Gobierno nacional de respetar los intereses provinciales, el senador Torres fue a la Justicia Federal a tratar de sentar un antecedente antes de que se comience la discusión legal.
“De conformidad con lo expresado en el dictamen del Ministerio Público Fiscal, declárase la competencia de este Tribunal a mi cargo para entender en las presentes actuaciones, ello, en razón del estado liminar de los presentes actuados y sin perjuicio de lo que en definitiva corresponda en razón de la eventual intervención de la Provincia del Chubut como tercero”, escribió el juez Sastre en su resolución.
En abril, cuando hizo la presentación en Rawson, el senador recordó que en 2025 se vence la concesión de Futaleufú: “Lo que pido es que el Ejecutivo nacional se abstenga de prorrogar, extender o modificar el plazo de duración de la actual concesión”, dijo Torres en su momento.
El senador indicó que esta acción judicial no perseguía otro fin más que “velar por los recursos de Chubut y recuperar para todos los chubutenses la renta producida con nuestros ríos.”
En la decisión del juez Sastre se corrió traslado al Estado Nacional – Ministerio de Economía – Secretaría de Energía por el plazo de 30 días (con más siete días en razón de la distancia) “para que la conteste y oponga todas las defensas y excepciones que tuviere, bajo apercibimiento de lo dispuesto en los arts. 59 y 356 del citado Código".
Asimismo, pidió notificar "mediante oficio por conducto del Ministerio respectivo, haciéndose constar las personas autorizadas para su diligenciamiento. Previo al tratamiento de la medida cautelar solicitada por el actor, por así corresponder, líbrese oficio al Estado Nacional – Ministerio de Economía – Secretaría de Energía a fin de que en el plazo de cinco días (con más siete en razón de la distancia) produzca un informe que dé cuenta del interés público comprometido por la solicitud”, concluye la resolución del juez federal.
El Juzgado Federal de Rawson N° 1, a cargo del juez Hugo Sastre, se declaró competente en una presentación realizada por el senador Ignacio Torres (JxC), que abril pasado reclamó que el Estado nacional se abstenga de tomar medidas en relación a la concesión de la empresa Hidroeléctrica Futaleufú, la central ubicada en cercanías a Trevelin, cuya concesión -en manos de la empresa Aluar- vence a mediados de 2025.
El pedido de Torres se dio en el medio del vencimiento de centrales similares ubicadas en la zona del Comahue (Neuquén), cuyas concesiones vencieron este año. La discusión que se dio allí, aun no saldada, es el papel que va a cumplir la Provincia del Neuquén, propietaria del recurso hídrico.
En el caso de Chubut se podría dar la misma discusión. Aunque la Provincia es propietaria del 33,51% de las acciones de la empresa (Aluar controla el 60,2%), pero cuando la concesión caiga, la propiedad de la presa pasará a manos del Estado nacional. Aunque hubo gestos del actual Gobierno nacional de respetar los intereses provinciales, el senador Torres fue a la Justicia Federal a tratar de sentar un antecedente antes de que se comience la discusión legal.
“De conformidad con lo expresado en el dictamen del Ministerio Público Fiscal, declárase la competencia de este Tribunal a mi cargo para entender en las presentes actuaciones, ello, en razón del estado liminar de los presentes actuados y sin perjuicio de lo que en definitiva corresponda en razón de la eventual intervención de la Provincia del Chubut como tercero”, escribió el juez Sastre en su resolución.
En abril, cuando hizo la presentación en Rawson, el senador recordó que en 2025 se vence la concesión de Futaleufú: “Lo que pido es que el Ejecutivo nacional se abstenga de prorrogar, extender o modificar el plazo de duración de la actual concesión”, dijo Torres en su momento.
El senador indicó que esta acción judicial no perseguía otro fin más que “velar por los recursos de Chubut y recuperar para todos los chubutenses la renta producida con nuestros ríos.”
En la decisión del juez Sastre se corrió traslado al Estado Nacional – Ministerio de Economía – Secretaría de Energía por el plazo de 30 días (con más siete días en razón de la distancia) “para que la conteste y oponga todas las defensas y excepciones que tuviere, bajo apercibimiento de lo dispuesto en los arts. 59 y 356 del citado Código".
Asimismo, pidió notificar "mediante oficio por conducto del Ministerio respectivo, haciéndose constar las personas autorizadas para su diligenciamiento. Previo al tratamiento de la medida cautelar solicitada por el actor, por así corresponder, líbrese oficio al Estado Nacional – Ministerio de Economía – Secretaría de Energía a fin de que en el plazo de cinco días (con más siete en razón de la distancia) produzca un informe que dé cuenta del interés público comprometido por la solicitud”, concluye la resolución del juez federal.