Reapertura de Pardelas: un reclamo que no claudica
- Por Esteban Gallo
El reclamo por la reapertura de Punta Pardelas, aunque a algunos les pese, no ha fenecido ni mucho menos. Pescadores artesanales, clubes de pesca y organismos de Derechos Humanos, lo mantienen vivo, de la misma manera que para este medio sigue siendo un tema de candente actualidad. El pedido a las autoridades para que se reabra a la comunidad el espacio público que pertenece a todos los habitantes de Chubut, no a una persona o a una familia, surgió en este programa, y seguiremos insistiendo hasta que saquen los cerrojos que impiden el paso a la playa.
La semana pasada, un grupo de instituciones, patrocinadas por el Dr. Daniel Gómez Lozano, pidieron por nota a la Defensora del Pueblo, Claudia Bard, que procure los mecanismos que permitan eliminar las fallas sistemáticas de la Administración Pública Provincial y así recuperar el espacio público que fue cerrado ilegalmente.
La intervención de la funcionaria permitió arribar a conclusiones muy significativas.
Del sumario que Bard inició el 22 de mayo pasado, se comprobó que el camino de acceso a Pardelas es una ruta provincial que fue cerrada por el propietario del campo sin autorización del Estado Provincial. Es decir, el dueño de la estancia hizo lo que se le dio la gana, dejando en ridículo a los funcionarios provinciales que deberían velar por los derechos de los ciudadanos.
Como para no queden dudas de que es así, cuando Vialidad Provincial quiso actuar con sus máquinas en el lugar, los responsables del establecimiento no los dejaron entrar, cerraron el ingreso con tranquera y candado, cavaron zanjas y colocaron miguelitos en las huellas de acceso.
El dueño del campo es el que manda y el Estado es el que obedece. Más patético, imposible.
Los hechos demuestran de manera ostensible, la negligencia con la que actuó el Ministerio de Turismo que no movió un dedo para impedir que los dueños del campo, que se creen los dueños de la Península, nos hayan dejado sin playa.
Las instituciones que ahora piden que la Defensora del Pueblo inste al gobierno a que proceda a la reapertura del lugar, hacen otra observación. Dicen que cuando se les requirió información, el Ministerio actuó de manera esquiva y dilatoria y que incluso, la subsecretaria de Turismo Nadia Bravo, falseó la verdad en relación a la naturaleza jurídica del acceso, lo que podría ser pasible de una denuncia penal.
Hace algunos meses, Leonardo Gaffet, ministro de Turismo de la Provincia, dijo en esta radio, sentado en esa silla: “Vamos a reabrir Pardelas, pero de manera ordenada”.
Demás está decir que, desde ese día hasta la fecha, no se hizo nada, ni para ordenar las cosas ni para reabrir Pardelas.
Ahora, los clubes de pesca, la Asociación de Pescadores Artesanales, la Asociación Permanente por los Derechos Humanos y cientos de vecinos comprometidos con la causa, esperan que la Defensora inste al Estado Provincial a tomar las decisiones que el Ministerio de Turismo no se animó a tomar.
El pedido tiene lógica. Hace unos meses atrás, la Defensora le dijo a este medio que si de la investigación que llevaría adelante surgía la comisión de un delito ella tenia la obligación de denunciarlo ante la Procuración. Con las pruebas recolectadas, ¿Le corrió vista a un asesor legal para determinar si se ha cometido un delito?
Hablando de la Justicia, en cuestiones en donde se pone en juego el cumplimiento de las leyes vigentes, con un buen fiscal y un buen juez, debería ser suficiente para ordenar las cosas.
El tema Pardelas está instalado desde marzo de este año. El caso tuvo profusa repercusión mediática en diarios, radios, canales de televisión y portales de noticia. El incumplimiento de leyes nacionales y provinciales ha quedado expuesto en cada uno de esos informes.
Ningún operador judicial bien preparado debería ignorar que está prohibido taxativamente realizar cualquier tipo de obra que dañe, obstruya o desvíe un camino de acceso al mar. No lo digo yo, lo establece la Constitución.
Con estos elementos, ¿Cómo es posible que ningún fiscal de la provincia haya sentido la vocación de actuar de oficio en defensa de los intereses de la población?
Estamos dando vuelta con un tema que tal vez se pueda resolver con fiscales y jueces comprometidos.
La Causa Pardelas no es el fruto de un capricho comunitario. Es la lucha comprometida de un sector de la comunidad que está pidiendo que el Estado defienda sus derechos y deje de hacerle el caldo gordo a una familia prepotente, que se cree la dueña de nuestros recursos.
- Por Esteban Gallo
El reclamo por la reapertura de Punta Pardelas, aunque a algunos les pese, no ha fenecido ni mucho menos. Pescadores artesanales, clubes de pesca y organismos de Derechos Humanos, lo mantienen vivo, de la misma manera que para este medio sigue siendo un tema de candente actualidad. El pedido a las autoridades para que se reabra a la comunidad el espacio público que pertenece a todos los habitantes de Chubut, no a una persona o a una familia, surgió en este programa, y seguiremos insistiendo hasta que saquen los cerrojos que impiden el paso a la playa.
La semana pasada, un grupo de instituciones, patrocinadas por el Dr. Daniel Gómez Lozano, pidieron por nota a la Defensora del Pueblo, Claudia Bard, que procure los mecanismos que permitan eliminar las fallas sistemáticas de la Administración Pública Provincial y así recuperar el espacio público que fue cerrado ilegalmente.
La intervención de la funcionaria permitió arribar a conclusiones muy significativas.
Del sumario que Bard inició el 22 de mayo pasado, se comprobó que el camino de acceso a Pardelas es una ruta provincial que fue cerrada por el propietario del campo sin autorización del Estado Provincial. Es decir, el dueño de la estancia hizo lo que se le dio la gana, dejando en ridículo a los funcionarios provinciales que deberían velar por los derechos de los ciudadanos.
Como para no queden dudas de que es así, cuando Vialidad Provincial quiso actuar con sus máquinas en el lugar, los responsables del establecimiento no los dejaron entrar, cerraron el ingreso con tranquera y candado, cavaron zanjas y colocaron miguelitos en las huellas de acceso.
El dueño del campo es el que manda y el Estado es el que obedece. Más patético, imposible.
Los hechos demuestran de manera ostensible, la negligencia con la que actuó el Ministerio de Turismo que no movió un dedo para impedir que los dueños del campo, que se creen los dueños de la Península, nos hayan dejado sin playa.
Las instituciones que ahora piden que la Defensora del Pueblo inste al gobierno a que proceda a la reapertura del lugar, hacen otra observación. Dicen que cuando se les requirió información, el Ministerio actuó de manera esquiva y dilatoria y que incluso, la subsecretaria de Turismo Nadia Bravo, falseó la verdad en relación a la naturaleza jurídica del acceso, lo que podría ser pasible de una denuncia penal.
Hace algunos meses, Leonardo Gaffet, ministro de Turismo de la Provincia, dijo en esta radio, sentado en esa silla: “Vamos a reabrir Pardelas, pero de manera ordenada”.
Demás está decir que, desde ese día hasta la fecha, no se hizo nada, ni para ordenar las cosas ni para reabrir Pardelas.
Ahora, los clubes de pesca, la Asociación de Pescadores Artesanales, la Asociación Permanente por los Derechos Humanos y cientos de vecinos comprometidos con la causa, esperan que la Defensora inste al Estado Provincial a tomar las decisiones que el Ministerio de Turismo no se animó a tomar.
El pedido tiene lógica. Hace unos meses atrás, la Defensora le dijo a este medio que si de la investigación que llevaría adelante surgía la comisión de un delito ella tenia la obligación de denunciarlo ante la Procuración. Con las pruebas recolectadas, ¿Le corrió vista a un asesor legal para determinar si se ha cometido un delito?
Hablando de la Justicia, en cuestiones en donde se pone en juego el cumplimiento de las leyes vigentes, con un buen fiscal y un buen juez, debería ser suficiente para ordenar las cosas.
El tema Pardelas está instalado desde marzo de este año. El caso tuvo profusa repercusión mediática en diarios, radios, canales de televisión y portales de noticia. El incumplimiento de leyes nacionales y provinciales ha quedado expuesto en cada uno de esos informes.
Ningún operador judicial bien preparado debería ignorar que está prohibido taxativamente realizar cualquier tipo de obra que dañe, obstruya o desvíe un camino de acceso al mar. No lo digo yo, lo establece la Constitución.
Con estos elementos, ¿Cómo es posible que ningún fiscal de la provincia haya sentido la vocación de actuar de oficio en defensa de los intereses de la población?
Estamos dando vuelta con un tema que tal vez se pueda resolver con fiscales y jueces comprometidos.
La Causa Pardelas no es el fruto de un capricho comunitario. Es la lucha comprometida de un sector de la comunidad que está pidiendo que el Estado defienda sus derechos y deje de hacerle el caldo gordo a una familia prepotente, que se cree la dueña de nuestros recursos.