La Defensora del Pueblo de la provincia, Claudia Bard, sostuvo que, de la investigación realizada por el organismo a su cargo, no existe ninguna razón que justifique el cierre de Punta Pardelas y afirmó que “lo único que falta es que el Estado tome la decisión de reabrir el camino”.
Sobre el pedido de un grupo de instituciones que requieren una acción más contundente de la Defensoría que podría traducirse en una recomendación o exhortación, Bard indicó que “pensamos que con las medidas informales que estamos llevando adelante se pueda avanzar hacia la reapertura de la playa”.
En declaraciones formuladas al programa “Mañana G” que se emite por Cadena Tiempo, la funcionaria manifestó que el expediente abierto por la Defensoría “ayudó a transparentar la situación” y en esa dirección reveló que “el cierre no fue dispuesto por el Estado sino por el dueño del campo” y añadió que “no hay documentación que hable ni siquiera de la posibilidad de cierre, ni existió ningún pronunciamiento ni de Áreas Protegidas ni de Medio Ambiente requiriendo el cierre de la playa”.
Bard aseveró que “ha quedado en evidencia que el camino es provincial y si Vialidad va con sus máquinas a reabrir el camino nadie se lo puede impedir”.
La Defensora del Pueblo puntualizó que “no hay nada más que discutir, hay que reabrirlo, lo único que falta es el accionar del Estado”.
La Defensora del Pueblo de la provincia, Claudia Bard, sostuvo que, de la investigación realizada por el organismo a su cargo, no existe ninguna razón que justifique el cierre de Punta Pardelas y afirmó que “lo único que falta es que el Estado tome la decisión de reabrir el camino”.
Sobre el pedido de un grupo de instituciones que requieren una acción más contundente de la Defensoría que podría traducirse en una recomendación o exhortación, Bard indicó que “pensamos que con las medidas informales que estamos llevando adelante se pueda avanzar hacia la reapertura de la playa”.
En declaraciones formuladas al programa “Mañana G” que se emite por Cadena Tiempo, la funcionaria manifestó que el expediente abierto por la Defensoría “ayudó a transparentar la situación” y en esa dirección reveló que “el cierre no fue dispuesto por el Estado sino por el dueño del campo” y añadió que “no hay documentación que hable ni siquiera de la posibilidad de cierre, ni existió ningún pronunciamiento ni de Áreas Protegidas ni de Medio Ambiente requiriendo el cierre de la playa”.
Bard aseveró que “ha quedado en evidencia que el camino es provincial y si Vialidad va con sus máquinas a reabrir el camino nadie se lo puede impedir”.
La Defensora del Pueblo puntualizó que “no hay nada más que discutir, hay que reabrirlo, lo único que falta es el accionar del Estado”.