El juez penal de Trelew, Marcos Nápoli dio su versión sobre el conflicto que se generó con la audiencia de control de detenidos que se llevó a cabo por el intento de homicidio a Federico Barra, en donde está imputado Franco Trafián. Éste último había recuperado inicialmente la libertad y dos juezas de Puerto Madryn lo dejaron en 30 días de prisión preventiva horas después tras una solicitud de revisión de la fiscal Julieta Gamarra.
Precisamente, la labor de la representante del Ministerio Público Fiscal fue cuestionado por el propio Nápoli al señalar que no presentó fundamentos para una prisión preventiva, mostrando desconocimiento del caso y del estado de salud de la víctima. También se alarmó por el bajo nivel profesional de los operadores judiciales y adelantó una presentación ante el Consejo de la Magistratura sobre el desempeño de la misma Gamarra al intentar influir sobre las decisiones de los magistrados.
El magistrado indicó que “la fiscal Gamarra no sólo no fundó su pedido de prisión preventiva, sino que leyó el escrito que me presentaron para detenerlo dos días antes, dando la misma información que si bien alcanzaba apenas para el allanamiento, de ningún modo era suficiente para meter preso a Trafian seis meses”.
“Es su obligación llevar información actualizada a la audiencia, pero confundía los nombres de los testigos, no identificaba de modo claro indicios de la investigación, no conocía realmente el caso, fue muy deficitario su desempeño a punto tal que refiere que Trafian tenía una condena previa, pero cuando le pregunto si estaba firme, dijo que no sabía. Eso es pereza y desgano, porque con sólo ingresar al sistema de datos de la Fiscalía lo hubiese sabido”, sentenció.
Nápoli añadió que “tampoco hubo información actual del estado de salud de la víctima” y “luego me entero en el diario, que el joven esta entubado, con respirador”.
“A mi audiencia acudió desprovista de esa mínima información; tampoco la tenía los otros dos funcionarios que la acompañaron; es decir tres personas y a nadie se le ocurrió ir hasta el hospital entrevistarse con el médico, o al menos hacer un llamado”, remarcó.
“No se estableció que medidas de investigación estaban llevando a cabo, ni qué pruebas restaban ni el camino a recorrer. Sólo guiarse por el instinto y que salga como salga; para tener un cargo de tanta responsabilidad hay que trabajar duro, estudiar y capacitarse. Asistimos a un descenso alarmante en el nivel profesional de nuestros operadores y francamente, lo veo muy grave”.
Además sostuvo que “pasados 3 días me vuelven a pedir un allanamiento sobre el domicilio del imputado para secuestrar armas y vestimentas, lo autorizo de nuevo ya que agregaron lo de las vestimentas y una nueva entrevista a otro posible testigo del que no se me informó; por las armas se ve que en la primer diligencia se olvidaron de buscarlas. Realmente bochornoso”.
“¿Debo suponer entonces que los jueces cuando otorgamos una detención le damos un cheque en blanco al fiscal? ¿O estamos llamado a controlar su accionar?, se preguntó el juez.
Asimismo, Marcos Nápoli señaló que “Gamarra no dio razón de su pedido y no fue capaz de fundar como el Código indica, ni siquiera pidió peligro de entorpecimiento. Lamentablemente para la familia de Barra, la fiscal fue errática”.
Recordó, a su vez, que “luego dos juezas de Puerto Madryn deciden detener a Trafian, a la luz de que la fiscal dice que tiene un nuevo testigo, induciendo a error a las magistradas toda vez que sólo se valen de sus dichos sin poder corroborar su veracidad. Fue una videoconferencia sin que las colegas pudieran tomar cabal noción del caso y su contexto”, alertó.
En ese sentido, el juez Nápoli consignó que “la fiscal pidió a las juezas una prisión preventiva de 6 meses. Sólo accedieron a 30 días; este notable descenso del pedido denota que la Fiscalía tiene una investigación por demás débil, con magros resultados”.
Por último, el magistrado sostuvo que “haré una presentación al Consejo de la Magistratura sobre la conducta desapropiada de pretender influir sobre las decisiones judiciales por medio del estupor que creen generar en la sociedad con la desinformación que irradian”.#
El juez penal de Trelew, Marcos Nápoli dio su versión sobre el conflicto que se generó con la audiencia de control de detenidos que se llevó a cabo por el intento de homicidio a Federico Barra, en donde está imputado Franco Trafián. Éste último había recuperado inicialmente la libertad y dos juezas de Puerto Madryn lo dejaron en 30 días de prisión preventiva horas después tras una solicitud de revisión de la fiscal Julieta Gamarra.
Precisamente, la labor de la representante del Ministerio Público Fiscal fue cuestionado por el propio Nápoli al señalar que no presentó fundamentos para una prisión preventiva, mostrando desconocimiento del caso y del estado de salud de la víctima. También se alarmó por el bajo nivel profesional de los operadores judiciales y adelantó una presentación ante el Consejo de la Magistratura sobre el desempeño de la misma Gamarra al intentar influir sobre las decisiones de los magistrados.
El magistrado indicó que “la fiscal Gamarra no sólo no fundó su pedido de prisión preventiva, sino que leyó el escrito que me presentaron para detenerlo dos días antes, dando la misma información que si bien alcanzaba apenas para el allanamiento, de ningún modo era suficiente para meter preso a Trafian seis meses”.
“Es su obligación llevar información actualizada a la audiencia, pero confundía los nombres de los testigos, no identificaba de modo claro indicios de la investigación, no conocía realmente el caso, fue muy deficitario su desempeño a punto tal que refiere que Trafian tenía una condena previa, pero cuando le pregunto si estaba firme, dijo que no sabía. Eso es pereza y desgano, porque con sólo ingresar al sistema de datos de la Fiscalía lo hubiese sabido”, sentenció.
Nápoli añadió que “tampoco hubo información actual del estado de salud de la víctima” y “luego me entero en el diario, que el joven esta entubado, con respirador”.
“A mi audiencia acudió desprovista de esa mínima información; tampoco la tenía los otros dos funcionarios que la acompañaron; es decir tres personas y a nadie se le ocurrió ir hasta el hospital entrevistarse con el médico, o al menos hacer un llamado”, remarcó.
“No se estableció que medidas de investigación estaban llevando a cabo, ni qué pruebas restaban ni el camino a recorrer. Sólo guiarse por el instinto y que salga como salga; para tener un cargo de tanta responsabilidad hay que trabajar duro, estudiar y capacitarse. Asistimos a un descenso alarmante en el nivel profesional de nuestros operadores y francamente, lo veo muy grave”.
Además sostuvo que “pasados 3 días me vuelven a pedir un allanamiento sobre el domicilio del imputado para secuestrar armas y vestimentas, lo autorizo de nuevo ya que agregaron lo de las vestimentas y una nueva entrevista a otro posible testigo del que no se me informó; por las armas se ve que en la primer diligencia se olvidaron de buscarlas. Realmente bochornoso”.
“¿Debo suponer entonces que los jueces cuando otorgamos una detención le damos un cheque en blanco al fiscal? ¿O estamos llamado a controlar su accionar?, se preguntó el juez.
Asimismo, Marcos Nápoli señaló que “Gamarra no dio razón de su pedido y no fue capaz de fundar como el Código indica, ni siquiera pidió peligro de entorpecimiento. Lamentablemente para la familia de Barra, la fiscal fue errática”.
Recordó, a su vez, que “luego dos juezas de Puerto Madryn deciden detener a Trafian, a la luz de que la fiscal dice que tiene un nuevo testigo, induciendo a error a las magistradas toda vez que sólo se valen de sus dichos sin poder corroborar su veracidad. Fue una videoconferencia sin que las colegas pudieran tomar cabal noción del caso y su contexto”, alertó.
En ese sentido, el juez Nápoli consignó que “la fiscal pidió a las juezas una prisión preventiva de 6 meses. Sólo accedieron a 30 días; este notable descenso del pedido denota que la Fiscalía tiene una investigación por demás débil, con magros resultados”.
Por último, el magistrado sostuvo que “haré una presentación al Consejo de la Magistratura sobre la conducta desapropiada de pretender influir sobre las decisiones judiciales por medio del estupor que creen generar en la sociedad con la desinformación que irradian”.#