A raíz del contexto económico nacional que se vive actualmente, una mesa intersectorial de El Bolsón analizó el impacto en la zona cordillerana de la aplicación del DNU y la Ley Ómnibus impulsada por el gobierno nacional. Como adelanto, detallaron que una familia necesita alrededor de 600 mil pesos para poder vivir.
Según se reflejó, “la crisis se agravará y tendrá un impacto social más profundo una vez que la gente termine de gastar lo que ganó en la temporada turística o en la cosecha. Encima, va a coincidir con la entrada del invierno, donde muchas familias tienen como prioridad la calefacción, observando que la garrafa ya pasó a costar $12.000”.
Sumaron “el costo de los alquileres, que ahora está liberado y algunos inquilinos ya fueron notificados que de $120.000 ahora tendrán que pagar el doble”. Asimismo, recordaron que “los medicamentos aumentaron un 300%, es una parte importante del presupuesto mensual y ni hablar si en la familia hay algún abuelo o un hijo discapacitado, porque el Pami ya no funciona”.
Referentes de ATE, ASSPUR, Movimiento Evita, UTEP y UNTER, más las centrales CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores, se reunieron para analizar el impacto de la aplicación del DNU y la Ley Ómnibus impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional en la provincia de Río Negro y en la localidad de El Bolsón, así como las acciones a desarrollar en el corto plazo.
Al respecto, Sandra Contreras (ATE) reflejó que “hemos vuelto a aquella intersindical que habíamos conformado durante el gobierno de Mauricio Macri, justamente por las mismas políticas que está implementando ahora Javier Milei. El Bolsón no es ajeno al ajuste que ya están padeciendo todos los argentinos y nos estamos poniendo de pie”.
A su lado, Luis Raín (Movimiento Evita), subrayó que “a los sectores más humildes nos cuesta mucho comer. Desde los movimientos sociales estamos articulando la provisión de alimentos para los comedores barriales, porque ya es una contención social importante y desde el gobierno nacional no tenemos respuestas. También apuntamos al concurso del gobierno municipal porque tenemos un espacio de primera infancia en Loma del Medio, donde tampoco tenemos noticias si se va a financiar por parte del Senaf para que funcione”.
A su turno, Paola Oyarzo (MTE) recalcó que “una familia en Capital Federal necesita medio millón de pesos al mes para no ser pobre, acá hay que calcular por los menos un 20% más. La inflación es muy alta y los sueldos están congelados, afecta a todos los sectores de los trabajadores”.
Remarcó que “estamos en pie de lucha, organizando asambleas y adherimos al paro de la CGT justamente para unir fuerzas y demostrar a este gobierno de que las leyes que pretende cambiar son totalmente en contra de los laburantes y no estamos dispuestos a que pasen sobre nuestros derechos, que venimos conquistando desde hace un montón de años”.
Banco de alimentos
Oyarzo insistió con que “en el ámbito doméstico, es fundamental rearmar el banco de alimentos, ya que los convenios que teníamos a nivel nacional no se están cumpliendo y nos lleva a que en los distintos espacios comunitarios están faltando los insumos para poder cocinar la vianda diaria para los vecinos que no pueden acceder a un plato de comida o que empiecen a cerrar porque la demanda cada vez crece más”.
Por su parte, Solana Polenta (UTEP) confirmó que en los barrios de El Bolsón “ya se está viendo mucho el trueque, donde la gente cambia ropa usada por alimentos frescos”, al tiempo que reconoció que “estamos en temporada alta y hay algunas changas, pero esto va a ser un desastre cuando llegue el invierno si no se frenan estas políticas de ajuste”.
A modo de ejemplo, señaló que “la garrafa igual aumentó en menos de un mes de $3.000 a $12.000 y una familia no lo puede costear, al igual que la leña”.
Acerca de la obra de provisión de agua potable para 700 familias de Loma del Medio, precisó que “estamos en la incertidumbre de no saber si Nación continuará con el financiamiento. Mientras tanto, pasa un camión que nos deja 100 litros por familia tres veces a la semana, es imposible vivir así”.
Docentes
Por su lado, el secretario general de Unter, Aníbal Fernández, puso en dudas el comienzo de clases porque “la mayoría de las escuelas de El Bolsón no están en condiciones edilicias. Lo mismo pasa con los comedores escolares, la provisión de artículos de limpieza y el transporte escolar, que estuvieron fallando enormemente o funcionando de manera intermitente durante el último ciclo lectivo”.
Acerca de las paritarias en marcha con el gobierno rionegrino, explicó que “en las últimas dos reuniones no hubo compromiso salarial, apenas una suerte de parche a través de un bono diferenciado según la antigüedad. Hasta el momento, no han podido elaborar una oferta que sea capaz de llevar adelante una recomposición salarial que nos permita tener un inicio de clases como quisiéramos”.
En respuesta a la posición del gremio para iniciar las clases en tiempo y forma, recalcó que “hasta el momento la respuesta es no, al menos hasta que se cumplan las condiciones pedagógicas y sanitarias necesarias para que nuestras infancias puedan acceder a la escuela de manera segura. Además, que se contemple un aumento suficiente para afrontar el periodo inflacionario que hemos tenido de noviembre a esta parte”.

A raíz del contexto económico nacional que se vive actualmente, una mesa intersectorial de El Bolsón analizó el impacto en la zona cordillerana de la aplicación del DNU y la Ley Ómnibus impulsada por el gobierno nacional. Como adelanto, detallaron que una familia necesita alrededor de 600 mil pesos para poder vivir.
Según se reflejó, “la crisis se agravará y tendrá un impacto social más profundo una vez que la gente termine de gastar lo que ganó en la temporada turística o en la cosecha. Encima, va a coincidir con la entrada del invierno, donde muchas familias tienen como prioridad la calefacción, observando que la garrafa ya pasó a costar $12.000”.
Sumaron “el costo de los alquileres, que ahora está liberado y algunos inquilinos ya fueron notificados que de $120.000 ahora tendrán que pagar el doble”. Asimismo, recordaron que “los medicamentos aumentaron un 300%, es una parte importante del presupuesto mensual y ni hablar si en la familia hay algún abuelo o un hijo discapacitado, porque el Pami ya no funciona”.
Referentes de ATE, ASSPUR, Movimiento Evita, UTEP y UNTER, más las centrales CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores, se reunieron para analizar el impacto de la aplicación del DNU y la Ley Ómnibus impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional en la provincia de Río Negro y en la localidad de El Bolsón, así como las acciones a desarrollar en el corto plazo.
Al respecto, Sandra Contreras (ATE) reflejó que “hemos vuelto a aquella intersindical que habíamos conformado durante el gobierno de Mauricio Macri, justamente por las mismas políticas que está implementando ahora Javier Milei. El Bolsón no es ajeno al ajuste que ya están padeciendo todos los argentinos y nos estamos poniendo de pie”.
A su lado, Luis Raín (Movimiento Evita), subrayó que “a los sectores más humildes nos cuesta mucho comer. Desde los movimientos sociales estamos articulando la provisión de alimentos para los comedores barriales, porque ya es una contención social importante y desde el gobierno nacional no tenemos respuestas. También apuntamos al concurso del gobierno municipal porque tenemos un espacio de primera infancia en Loma del Medio, donde tampoco tenemos noticias si se va a financiar por parte del Senaf para que funcione”.
A su turno, Paola Oyarzo (MTE) recalcó que “una familia en Capital Federal necesita medio millón de pesos al mes para no ser pobre, acá hay que calcular por los menos un 20% más. La inflación es muy alta y los sueldos están congelados, afecta a todos los sectores de los trabajadores”.
Remarcó que “estamos en pie de lucha, organizando asambleas y adherimos al paro de la CGT justamente para unir fuerzas y demostrar a este gobierno de que las leyes que pretende cambiar son totalmente en contra de los laburantes y no estamos dispuestos a que pasen sobre nuestros derechos, que venimos conquistando desde hace un montón de años”.
Banco de alimentos
Oyarzo insistió con que “en el ámbito doméstico, es fundamental rearmar el banco de alimentos, ya que los convenios que teníamos a nivel nacional no se están cumpliendo y nos lleva a que en los distintos espacios comunitarios están faltando los insumos para poder cocinar la vianda diaria para los vecinos que no pueden acceder a un plato de comida o que empiecen a cerrar porque la demanda cada vez crece más”.
Por su parte, Solana Polenta (UTEP) confirmó que en los barrios de El Bolsón “ya se está viendo mucho el trueque, donde la gente cambia ropa usada por alimentos frescos”, al tiempo que reconoció que “estamos en temporada alta y hay algunas changas, pero esto va a ser un desastre cuando llegue el invierno si no se frenan estas políticas de ajuste”.
A modo de ejemplo, señaló que “la garrafa igual aumentó en menos de un mes de $3.000 a $12.000 y una familia no lo puede costear, al igual que la leña”.
Acerca de la obra de provisión de agua potable para 700 familias de Loma del Medio, precisó que “estamos en la incertidumbre de no saber si Nación continuará con el financiamiento. Mientras tanto, pasa un camión que nos deja 100 litros por familia tres veces a la semana, es imposible vivir así”.
Docentes
Por su lado, el secretario general de Unter, Aníbal Fernández, puso en dudas el comienzo de clases porque “la mayoría de las escuelas de El Bolsón no están en condiciones edilicias. Lo mismo pasa con los comedores escolares, la provisión de artículos de limpieza y el transporte escolar, que estuvieron fallando enormemente o funcionando de manera intermitente durante el último ciclo lectivo”.
Acerca de las paritarias en marcha con el gobierno rionegrino, explicó que “en las últimas dos reuniones no hubo compromiso salarial, apenas una suerte de parche a través de un bono diferenciado según la antigüedad. Hasta el momento, no han podido elaborar una oferta que sea capaz de llevar adelante una recomposición salarial que nos permita tener un inicio de clases como quisiéramos”.
En respuesta a la posición del gremio para iniciar las clases en tiempo y forma, recalcó que “hasta el momento la respuesta es no, al menos hasta que se cumplan las condiciones pedagógicas y sanitarias necesarias para que nuestras infancias puedan acceder a la escuela de manera segura. Además, que se contemple un aumento suficiente para afrontar el periodo inflacionario que hemos tenido de noviembre a esta parte”.