Un fallo del Superior pone en el foco a 12 permisos de pesca bajo sospecha
El máximo organismo judicial le ordenó a la Secretaría de Pesca que ponga a disposición de una empresa todos los actos administrativos que comprenden las decisiones tomadas durante la gestión del secretario de Pesca anterior, Gabriel Aguilar. Se dieron permisos y las resoluciones nunca fueron publicadas en el Boletín Oficial.
El Superior Tribunal de Justicia de Chubut dictó en los últimos días una resolución en el marco del expediente que se abrió tras una presentación de la empresa pesquera Agropez S.A. (vinculada al Grupo Conarpesa) contra la Secretaría de Pesca de Chubut, en relación a una acción de amparo que había revocado una sentencia que, a su vez, había desestimado un recurso de apelación anterior.
El fallo de la Sala Civil de STJ admitió el recurso de revocatoria contra la sentencia de la Cámara de Apelaciones de Trelew que había revocado el rechazo del recurso de apelación y de este modo hizo lugar a la apelación ordinaria interpuesta por la parte actora (Agropez S.A.) y en consecuencia declaró bien interpuesto el pedido de información que hizo la empresa pesquera ante la Secretaría de Pesca de Chubut.
Para aclarar esta especie de trabalenguas de términos jurídicos, lo que el máximo tribunal de Justicia de Chubut hizo fue ordenarle a la Secretaría de Pesca que ahora conduce Andrés Arbeletche que deberá proveer todos los antecedentes que obran para el otorgamiento de cada uno de los doce permisos de pesca que fueron creados a partir de la nueva Ley de Pesca N° 157, votada en la Legislatura en diciembre de 2022, y que ahora han vuelto al tapete porque trascienden irregularidades de todo tipo.
Además, el Superior le exigió al organismo provincial que ponga a disposición de la demandante todos los actos administrativos que comprenden las decisiones tomadas durante la gestión del secretario de Pesca anterior, Gabriel Aguilar (ocupó el cargo durante la gestión de Mariano Arcioni), pero algunos estiman que este pedido también alcanzaría a decisiones más recientes emanadas por el propio Arbeletche.
Un dato no menor: las resoluciones de la Secretaría de Pesca que adjudicaron esos permisos nunca fueron publicadas en el Boletín Oficial.
Lo que Agropez hizo en su momento es poner el grito en el cielo -a través de un reclamo judicial- por el modo en que se otorgaron esos 12 permisos de manera directa y con todo tipo de sospechas, que inclusive fueron cuestionados (aunque no todos) por el propio gobernador Nacho Torres y su secretario de Pesca. Lo curioso es que ahora Arbeletche acaba de ratificar los otorgamientos de las licencias entregadas durante la gestión anterior.
El escándalo de los VACOPA
En el medio están, sobre todo, los seis VACOPA, unos permisos irregulares que fueron blanqueados en la nueva Ley de Pesca (había cinco desde hace 15 añosy la ley agregó uno más), que debían haber sido revertidos hace muchos años y que sin embargo ahora quedaron como permisos de Flota Amarilla. Arbeletche dijo hace poco que "lo de los VACOPA fue algo escandaloso, eran permisos experimentales que perduraron durante más de quince años, donde la autoridad de turno tenía la facultad de renovarlos en forma discrecional, y para lo único que se utilizaban era para pescar langostino. Desde ya que fue bochornoso todo lo que fue lo de los VACOPA”.
Sin embargo, de los seis VACOPA que hay, ahora sólo cuestionan uno, otorgado el año pasado a la empresa Cabo Vírgenes, que es la única que tiene planta en tierra y emplea a más de 500 personas. De los otros cinco no hay comentarios: casi todos están en manos del grupo empresario local que lideran Gustavo González y Raúl "Tato" Cereseto.
Un fallo oportuno
El fallo del Superior, firmado por los jueces Silvia Bustos y Mario Vivas, llega en un momento álgido porque el actual Gobierno provincial se apresta a convalidar siete de esos permisos entregados de manera “espuria” (según el propio gobernador) y que ahora se blanquearían con el pago de un millón de dólares para crear un fondo con fines educativos.
Lo que no pocos cuestionan es por qué con estos antecedentes, hasta ahora ningún fiscal de Chubut tomó la posta para saber de qué manera se entregaron esos permisos ahora cuestionados.
Hay otro dato, hasta ahora no oficializado: ese millón de dólares que deberán pagar las empresas beneficiadas con estos contratos irregulares se podrá hacer en 36 cómodas cuotas.
Ahora, al ordenarsele a la Secretaría de Pesca a entregar toda la información obrante respecto a cada uno de los permisos en cuestión, existe la posibilidad que se promuevan diferentes acciones judiciales planteando nulidades sobre los otorgamientos.
“De las constancias de la causa surge que Agropez S.A. promovió la acción de amparo a fin de que se condene a la Secretaría de Pesca a dar cumplimiento con la obligación expresada en la Ley I N° 156 y le permita acceder a las actuaciones administrativas donde se otorgaron los permisos de pesca con referencia a la Ley IX N° 157, tal como fue solicitada en la nota presentada el 17 de octubre de 2023”, dice el fallo firmado por Bustos y Vivas.
Lo que da a entender es que tanto la gestión de Aguilar, como la actual, se negaban a entregar la documentación sobre los actos administrativos que se realizaron para adjudicar esos permisos.
Con este fallo, lo que viene puede ser para alquilar balcones.
El Superior Tribunal de Justicia de Chubut dictó en los últimos días una resolución en el marco del expediente que se abrió tras una presentación de la empresa pesquera Agropez S.A. (vinculada al Grupo Conarpesa) contra la Secretaría de Pesca de Chubut, en relación a una acción de amparo que había revocado una sentencia que, a su vez, había desestimado un recurso de apelación anterior.
El fallo de la Sala Civil de STJ admitió el recurso de revocatoria contra la sentencia de la Cámara de Apelaciones de Trelew que había revocado el rechazo del recurso de apelación y de este modo hizo lugar a la apelación ordinaria interpuesta por la parte actora (Agropez S.A.) y en consecuencia declaró bien interpuesto el pedido de información que hizo la empresa pesquera ante la Secretaría de Pesca de Chubut.
Para aclarar esta especie de trabalenguas de términos jurídicos, lo que el máximo tribunal de Justicia de Chubut hizo fue ordenarle a la Secretaría de Pesca que ahora conduce Andrés Arbeletche que deberá proveer todos los antecedentes que obran para el otorgamiento de cada uno de los doce permisos de pesca que fueron creados a partir de la nueva Ley de Pesca N° 157, votada en la Legislatura en diciembre de 2022, y que ahora han vuelto al tapete porque trascienden irregularidades de todo tipo.
Además, el Superior le exigió al organismo provincial que ponga a disposición de la demandante todos los actos administrativos que comprenden las decisiones tomadas durante la gestión del secretario de Pesca anterior, Gabriel Aguilar (ocupó el cargo durante la gestión de Mariano Arcioni), pero algunos estiman que este pedido también alcanzaría a decisiones más recientes emanadas por el propio Arbeletche.
Un dato no menor: las resoluciones de la Secretaría de Pesca que adjudicaron esos permisos nunca fueron publicadas en el Boletín Oficial.
Lo que Agropez hizo en su momento es poner el grito en el cielo -a través de un reclamo judicial- por el modo en que se otorgaron esos 12 permisos de manera directa y con todo tipo de sospechas, que inclusive fueron cuestionados (aunque no todos) por el propio gobernador Nacho Torres y su secretario de Pesca. Lo curioso es que ahora Arbeletche acaba de ratificar los otorgamientos de las licencias entregadas durante la gestión anterior.
El escándalo de los VACOPA
En el medio están, sobre todo, los seis VACOPA, unos permisos irregulares que fueron blanqueados en la nueva Ley de Pesca (había cinco desde hace 15 añosy la ley agregó uno más), que debían haber sido revertidos hace muchos años y que sin embargo ahora quedaron como permisos de Flota Amarilla. Arbeletche dijo hace poco que "lo de los VACOPA fue algo escandaloso, eran permisos experimentales que perduraron durante más de quince años, donde la autoridad de turno tenía la facultad de renovarlos en forma discrecional, y para lo único que se utilizaban era para pescar langostino. Desde ya que fue bochornoso todo lo que fue lo de los VACOPA”.
Sin embargo, de los seis VACOPA que hay, ahora sólo cuestionan uno, otorgado el año pasado a la empresa Cabo Vírgenes, que es la única que tiene planta en tierra y emplea a más de 500 personas. De los otros cinco no hay comentarios: casi todos están en manos del grupo empresario local que lideran Gustavo González y Raúl "Tato" Cereseto.
Un fallo oportuno
El fallo del Superior, firmado por los jueces Silvia Bustos y Mario Vivas, llega en un momento álgido porque el actual Gobierno provincial se apresta a convalidar siete de esos permisos entregados de manera “espuria” (según el propio gobernador) y que ahora se blanquearían con el pago de un millón de dólares para crear un fondo con fines educativos.
Lo que no pocos cuestionan es por qué con estos antecedentes, hasta ahora ningún fiscal de Chubut tomó la posta para saber de qué manera se entregaron esos permisos ahora cuestionados.
Hay otro dato, hasta ahora no oficializado: ese millón de dólares que deberán pagar las empresas beneficiadas con estos contratos irregulares se podrá hacer en 36 cómodas cuotas.
Ahora, al ordenarsele a la Secretaría de Pesca a entregar toda la información obrante respecto a cada uno de los permisos en cuestión, existe la posibilidad que se promuevan diferentes acciones judiciales planteando nulidades sobre los otorgamientos.
“De las constancias de la causa surge que Agropez S.A. promovió la acción de amparo a fin de que se condene a la Secretaría de Pesca a dar cumplimiento con la obligación expresada en la Ley I N° 156 y le permita acceder a las actuaciones administrativas donde se otorgaron los permisos de pesca con referencia a la Ley IX N° 157, tal como fue solicitada en la nota presentada el 17 de octubre de 2023”, dice el fallo firmado por Bustos y Vivas.
Lo que da a entender es que tanto la gestión de Aguilar, como la actual, se negaban a entregar la documentación sobre los actos administrativos que se realizaron para adjudicar esos permisos.
Con este fallo, lo que viene puede ser para alquilar balcones.