La concejal comodorense Ximena González dio detalles de un proyecto impulsado por el bloque “Despierta Comodoro” por el cual cualquier persona incluida en el Registro de Alimentantes Morosos a nivel provincial, no pueda adquirir tierra fiscal, ni lotes municipales. “Como funcionarios creo que tenemos la facultad y la exigencia de pedirle a todos los ciudadanos que cumplan con las leyes. La idea es poder impulsar que toda persona que esté dentro del registro a partir de una orden judicial de los padres y como alimentante no cumpla con su obligación de brindar asistencia alimentaria dentro de dos meses consecutivos o tres alternados, por una orden judicial se lo va a inscribir en el registro”.
El proyecto apunta que ante la intención de adquirir tierra, uno de los requisitos es el libre deuda del Registro de Alimentantes Morosos. “Soy abogada, hago Familia y básicamente hay muchos alimentantes que hoy son morosos. Para cualquier tipo de función pública te lo piden, a nosotros cuando nos anotamos para poder ser candidatos nos lo pidieron como a cualquier funcionario. Yo creo que es una exigencia mínima para poder garantizar la convivencia y hacer cumplir las obligaciones”, justificó González.
“Yo creo –criticó la concejal- que una persona que no le pasa alimentos a sus hijos, que tiene una orden judicial y no lo hace, se desentiende o muchos alimentantes terminan renunciando a su trabajo; no es una persona de la cual se pueda fiar y el Estado no puede venir a entregarle una tierra, hacerle un plan de cuota, si ni siquiera a sus propios hijos les están brindando lo esencial que es como la asistencia alimentaria”.
Ximena González explicó que el aporte surgió tras un encuentro con el Secretario de Ordenamiento Territorial y que es una iniciativa en evaluación junto a sus pares del bloque. “Tuvimos consenso de los demás concejales y pudo salir, lo ingresamos en la sesión anterior y en la siguiente ya salió. Creo que nadie está en contra de esto porque hay que garantizar el derecho a los alimentos y la asistencia de niños, niñas y adolescentes. Ésta es una forma”.
“Obviamente –sostuvo en Caena Tiempo- al alimentante cuando no quiere no se lo va a poder obligar, pero sí tal vez sea una consecuencia y cuanto más consecuencias tengan, quizás se puedan encontrar acorralados y van a terminar haciendo lo que realmente es una obligación”.
En cuanto a otras modificaciones que podrían implementarse en la ordenanza de tierras, se evalúan otras medidas teniendo en cuenta la alta demanda. “Se armaría un registro donde figuren las personas que ya adquirieron tierra y después la terminaron vendiendo, donando o directamente no la utilizaron. Deben estar registrados para no volverles a dar tierra. A veces una persona adquiere una tierra, no le gustó la zona o la terminó vendiendo después que hizo el título y vuelve a pedir en Tierra. Debe entregarse una única vez porque todos creen que es una obligación del Estado de darte tierra. En realidad es para dar una solución habitacional y hay gente que se termina abusando y gente que después no puede adquirir ni un pedacito de tierra por ésta gente que abusa”. Y destacó el trabajo interno en la Comisión específica en el Concejo Deliberante. “Antes venían los expedientes y se aprobaban; no se revisaba si la persona tenían los certificados de dominio. Hay que garantizar que no se tenga tierra en Rada Tilly por ejemplo; si ésta persona usurpó o tomó tierra de forma irregular y después la regularizó a través del municipio. Hay un artículo en el que se cobra el 30% de lo que vale la tierra y es un absurdo, una pérdida para el Estado porque hay certificados en los que se vendía tierra a doscientos mil pesos”. Y aclaró que la ordenanza del registro de alimentantes morosos entrará en vigencia a partir de su promulgación.

La concejal comodorense Ximena González dio detalles de un proyecto impulsado por el bloque “Despierta Comodoro” por el cual cualquier persona incluida en el Registro de Alimentantes Morosos a nivel provincial, no pueda adquirir tierra fiscal, ni lotes municipales. “Como funcionarios creo que tenemos la facultad y la exigencia de pedirle a todos los ciudadanos que cumplan con las leyes. La idea es poder impulsar que toda persona que esté dentro del registro a partir de una orden judicial de los padres y como alimentante no cumpla con su obligación de brindar asistencia alimentaria dentro de dos meses consecutivos o tres alternados, por una orden judicial se lo va a inscribir en el registro”.
El proyecto apunta que ante la intención de adquirir tierra, uno de los requisitos es el libre deuda del Registro de Alimentantes Morosos. “Soy abogada, hago Familia y básicamente hay muchos alimentantes que hoy son morosos. Para cualquier tipo de función pública te lo piden, a nosotros cuando nos anotamos para poder ser candidatos nos lo pidieron como a cualquier funcionario. Yo creo que es una exigencia mínima para poder garantizar la convivencia y hacer cumplir las obligaciones”, justificó González.
“Yo creo –criticó la concejal- que una persona que no le pasa alimentos a sus hijos, que tiene una orden judicial y no lo hace, se desentiende o muchos alimentantes terminan renunciando a su trabajo; no es una persona de la cual se pueda fiar y el Estado no puede venir a entregarle una tierra, hacerle un plan de cuota, si ni siquiera a sus propios hijos les están brindando lo esencial que es como la asistencia alimentaria”.
Ximena González explicó que el aporte surgió tras un encuentro con el Secretario de Ordenamiento Territorial y que es una iniciativa en evaluación junto a sus pares del bloque. “Tuvimos consenso de los demás concejales y pudo salir, lo ingresamos en la sesión anterior y en la siguiente ya salió. Creo que nadie está en contra de esto porque hay que garantizar el derecho a los alimentos y la asistencia de niños, niñas y adolescentes. Ésta es una forma”.
“Obviamente –sostuvo en Caena Tiempo- al alimentante cuando no quiere no se lo va a poder obligar, pero sí tal vez sea una consecuencia y cuanto más consecuencias tengan, quizás se puedan encontrar acorralados y van a terminar haciendo lo que realmente es una obligación”.
En cuanto a otras modificaciones que podrían implementarse en la ordenanza de tierras, se evalúan otras medidas teniendo en cuenta la alta demanda. “Se armaría un registro donde figuren las personas que ya adquirieron tierra y después la terminaron vendiendo, donando o directamente no la utilizaron. Deben estar registrados para no volverles a dar tierra. A veces una persona adquiere una tierra, no le gustó la zona o la terminó vendiendo después que hizo el título y vuelve a pedir en Tierra. Debe entregarse una única vez porque todos creen que es una obligación del Estado de darte tierra. En realidad es para dar una solución habitacional y hay gente que se termina abusando y gente que después no puede adquirir ni un pedacito de tierra por ésta gente que abusa”. Y destacó el trabajo interno en la Comisión específica en el Concejo Deliberante. “Antes venían los expedientes y se aprobaban; no se revisaba si la persona tenían los certificados de dominio. Hay que garantizar que no se tenga tierra en Rada Tilly por ejemplo; si ésta persona usurpó o tomó tierra de forma irregular y después la regularizó a través del municipio. Hay un artículo en el que se cobra el 30% de lo que vale la tierra y es un absurdo, una pérdida para el Estado porque hay certificados en los que se vendía tierra a doscientos mil pesos”. Y aclaró que la ordenanza del registro de alimentantes morosos entrará en vigencia a partir de su promulgación.