El Colegio de Abogados se opone al teletrabajo en el poder judicial
La entidad envió una nota a la doctora Silvia Bustos, para solicitarle que deje sin efecto la reciente acordada, que establece el trabajo por medios telemáticos para los magistrados, funcionarios y empleados.
Desde el Colegio de Abogados de Puerto Madryn se envió una nota a la doctora Silvia Bustos, presidente del Superior Tribunal de Justicia, para solicitarle que deje sin efecto la reciente acordada que establece el trabajo por medios telemáticos para los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial, permitiendo que las tareas y funciones se desarrollaren parcialmente de manera virtual fuera de los tribunales.
La misiva lleva la firma de Gustavo Cruz, presidente del Colegio Público de Abogados de la ciudad del Golfo, que recordó los diferentes plenarios del Superior Tribunal de Justicia en el marco de la pandemia donde se avanzó en la implementación del teletrabajo. Asimismo, se puntualizó que se dispuso “por acuerdo plenario 4990/21 la obligatoria del retorno a la actividad presencial a partir del 1º de septiembre del 2021 de todos los magistrados, funcionarios y empleados de la judicatura”.
Asimismo, remarca que con “esta última acordada la regla dispuesta por ese STJ fue la presencialidad plena, en consonancia con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia y los máximos tribunales de las provincias”.
Las autoridades del Colegio Público de Abogados de Puerto Madryn expresó que “sorpresivamente y de manera inconsulta, el Superior Tribunal de Justicia dispuso dictar el acuerdo plenario 5357/24 para establecer lo que denominan un trabajo híbrido para que los magistrados, funcionarios y empleados trabajen hasta un máximo de dos días por semana mediante un sistema de teletrabajo permitiendo que cada organismo establezca posturas diversas en cuanto a la organización del trabajo de los empleados, funcionarios, magistrados de forma presencial o remota”.
Desde allí que los representantes de los abogados madrynenses afirman que esa resolución está en “franca contravención a lo resuelto oportunamente por el Superior Tribunal de Justicia en la acordada N° 4990/21”.
La decisión tomada, consideran las autoridades del Colegio Público de Abogados, conllevará que “cada juzgado de los diferentes fueros no brinde uniformidad del servicio de justicia, con disparidades notables en la presencia o ausencia del personal, provocando en consecuencia serios obstáculos para el ejercicio de la profesión de la abogacía y el adecuado acceso a la justicia”.
Asimismo, reafirmaron que “esta arbitraria decisión no hace más que atentar contra el principio de la inmediación y el derecho al acceso a la justicia para constituirse como un privilegio, incompatible con nuestro sistema republicano y democrático de gobierno, contribuyendo al descrédito social respecto de un poder del Estado que parece defender sus propios intereses antes que los de la sociedad”.
Desde allí que se solicitó “la derogación del acuerdo plenario 5357/24 de fecha 23 de octubre del 2024” agregando la nota que “la situación plantea una serie de inconvenientes para el ejercicio profesional, al quedar este supeditado a la disponibilidad de magistrados y funcionarios en cada tribunal, lo cual afectará la agilidad en la atención a los justiciables y dificultará, además, el acceso rápido y eficiente a la justicia”.
Desde el Colegio de Abogados de Puerto Madryn se envió una nota a la doctora Silvia Bustos, presidente del Superior Tribunal de Justicia, para solicitarle que deje sin efecto la reciente acordada que establece el trabajo por medios telemáticos para los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial, permitiendo que las tareas y funciones se desarrollaren parcialmente de manera virtual fuera de los tribunales.
La misiva lleva la firma de Gustavo Cruz, presidente del Colegio Público de Abogados de la ciudad del Golfo, que recordó los diferentes plenarios del Superior Tribunal de Justicia en el marco de la pandemia donde se avanzó en la implementación del teletrabajo. Asimismo, se puntualizó que se dispuso “por acuerdo plenario 4990/21 la obligatoria del retorno a la actividad presencial a partir del 1º de septiembre del 2021 de todos los magistrados, funcionarios y empleados de la judicatura”.
Asimismo, remarca que con “esta última acordada la regla dispuesta por ese STJ fue la presencialidad plena, en consonancia con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia y los máximos tribunales de las provincias”.
Las autoridades del Colegio Público de Abogados de Puerto Madryn expresó que “sorpresivamente y de manera inconsulta, el Superior Tribunal de Justicia dispuso dictar el acuerdo plenario 5357/24 para establecer lo que denominan un trabajo híbrido para que los magistrados, funcionarios y empleados trabajen hasta un máximo de dos días por semana mediante un sistema de teletrabajo permitiendo que cada organismo establezca posturas diversas en cuanto a la organización del trabajo de los empleados, funcionarios, magistrados de forma presencial o remota”.
Desde allí que los representantes de los abogados madrynenses afirman que esa resolución está en “franca contravención a lo resuelto oportunamente por el Superior Tribunal de Justicia en la acordada N° 4990/21”.
La decisión tomada, consideran las autoridades del Colegio Público de Abogados, conllevará que “cada juzgado de los diferentes fueros no brinde uniformidad del servicio de justicia, con disparidades notables en la presencia o ausencia del personal, provocando en consecuencia serios obstáculos para el ejercicio de la profesión de la abogacía y el adecuado acceso a la justicia”.
Asimismo, reafirmaron que “esta arbitraria decisión no hace más que atentar contra el principio de la inmediación y el derecho al acceso a la justicia para constituirse como un privilegio, incompatible con nuestro sistema republicano y democrático de gobierno, contribuyendo al descrédito social respecto de un poder del Estado que parece defender sus propios intereses antes que los de la sociedad”.
Desde allí que se solicitó “la derogación del acuerdo plenario 5357/24 de fecha 23 de octubre del 2024” agregando la nota que “la situación plantea una serie de inconvenientes para el ejercicio profesional, al quedar este supeditado a la disponibilidad de magistrados y funcionarios en cada tribunal, lo cual afectará la agilidad en la atención a los justiciables y dificultará, además, el acceso rápido y eficiente a la justicia”.