Lesa humanidad en Chubut: 3 causas a un paso del juicio y otras 6 bajo investigación
En un nuevo aniversario del inicio de la dictadura militar todavía quedan por develar varios episodios de cómo funcionó la represión ilegal en Chubut, tan feroz como en el resto del país. El detalle de los expedientes que siguen activos.
El Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia tiene 3 causas de lesa humanidad a punto de ir a juicio oral y público. En tanto, otros 6 expedientes siguen bajo investigación en los Juzgados Federales de Rawson y Comodoro Rivadavia. Este lunes se cumplirán 49 años del Golpe Militar y ambos datos demuestran que aún restan por develar varios episodios de la represión ilegal en Chubut, tan feroz como en el resto del país.
La próxima audiencia oral y pública por estos delitos será los días 18 y 19 de agosto. Se trata de una causa madre que investigó supuestos ilícitos cometidos en el Regimiento 8 de Infantería General O’Higgins de Comodoro Rivadavia.
Los imputados serán Rafael Manuelides, Francisco Sevilla, Raúl Cruz, Alfredo Lisseri, Eduardo Rodríguez, Carlos Moreno, Fernando Pedernera y Mario Pérez.
El fiscal será Teodoro Nürnberg y los jueces del TOF, Ana María D´Alessio, Alejandro Cabral y Enrique Nicolás Baronetto.
Se juzgarán los casos de 23 víctimas de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad agravada por vejaciones y apremios ilegales e imposición de tormentos, además de asociación ilícita.
La segunda causa que espera fecha de debate en el TOF es la célebre Causa 500, que suma 66 víctimas.
Los imputados son Juan Roldán, Juan Carlos Abraham, Rafael Ruiz Díaz, Ricardo Jesús Mejía, Juan Carlos Castillo, Jorge Osvaldo Steding, Raúl Barck, Héctor Cantero, Antonio Olmedo, Ramón Govi, César Santos Wahnish, Ramón Rodríguez, José Chaparro, Rogelio Recio, Miguel Ojeda, Emilio Dambra, Serapio Sotelo y Ramón de Jesús Sosa.
Además del fiscal Nürnberg, actuarán como querellantes Javier Patricio Romero como letrado de Luis Franganillo, y Martín Rico por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Los jueces serán Guillermo Quadrini, Cabral y Baronetto.
Los delitos a juzgar serán privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público y mediando violencia, amenazas y tormentos agravados por ser las víctimas perseguidos políticos. Todo habría ocurrido en la Unidad Penitenciaria 6 de Rawson.
Una tercera causa en el TOF está en etapa de producción de prueba, paso previo a la fecha del juicio. Es un expediente vinculado a los años de plomo en Esquel. Los imputados son Norberto Condal, Jorge Granada, Guillermo González Chipont y Osvaldo Sierra.
El fiscal será Nürnberg y los tres jueces, Baronetto, Cabral y D´Alessio.
El expediente incluye 3 víctimas de privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y por calidad de funcionarios públicos, además de allanamiento ilegal. Habría ocurrido en el Destacamento de Exploración de Caballería de Montaña N° 181 del Ejército Argentino. La causa estuvo a cargo del juez federal Guido Otranto.
En cuanto a los 6 trámites en plena investigación, en el Valle Inferior del Río Chubut hay dos trámites que siguen activos. El primero es la situación del teniente retirado Roberto Bravo. Aunque su extradición de EE.UU. fracasó dos veces, se sigue recolectando evidencia para que el cuarto fusilador de la Masacre de Trelew pueda alguna vez ser sacado de su próspera vida en Miami para ser juzgado en Rawson.
Otra pesquisa activa es un desprendimiento de la Causa Pizá. Cabe recordar que en 2023 el TOF condenó a 15 años de prisión a los expolicías federales Luis Coria y Jorge Lagunas, por crímenes de lesa humanidad contra nueve militantes políticos en la sede de esa fuerza en Rawson, en 1975.
De los testimonios de ese juicio surgieron datos para una nueva investigación: los allanamientos ilegales que sufrieron el matrimonio Diana Pizá y Víctor Tomaselli, y Tito Mario Barone; la detención y tormentos en perjuicio de Rodolfo Caso y las detenciones ilegales de Pablo Pizá y Víctor Tomaselli. Todo en 1975. En la pesquisa de estos episodios es clave el rol del fiscal federal Fernando Gélvez.
En Comodoro hay otros cuatro casos. A este Juzgado lo comanda Eva Parcio.
El primero procura obtener datos de la posible detención ilegal de militantes en el Regimiento 8 de la ciudad petrolera, luego de que un inesperado testigo –exconscripto en 1978 y 1979- revelara la existencia de instalaciones subterráneas que se usaban para secuestros, además de otros hechos ilegales en esa base militar.
El segundo caso se vincula al mismo Regimiento, considerado un centro clandestino de detención. Se intenta profundizar la pesquisa para establecer la participación de Carlos Candia en la trama delictiva de torturas que se desarrollaba en ese lugar. En su momento se había dictado su falta de mérito.
El tercer expediente es un desprendimiento del caso de José Rodríguez Dieguez, un conscripto que desapareció en el Regimiento de Infantería 25 de Sarmiento.
En ese juicio oral y público que tuvo dos condenas, un soldado de la época relató cómo una mujer con dos hijos atascó su auto en la nieve. Pidió ayuda en la guardia de esa unidad pero terminó torturada y violada por soldados, obligados a punta de pistola. El dato disparó otra investigación que ya programó 515 audiencias.
El cuarto tema que se intenta esclarecer es la denuncia de una persona que aseguró que él y su familia fueron perseguidos brutal y tenazmente por los grupos de tareas de la dictadura militar debido a su militancia política. Tiene parientes muertos y desaparecidos.
En 1977 este hombre fue enviado a Sarmiento para su servicio militar. Allí fue encarcelado y torturado física y psicológicamente apenas el esquema militar supo de su pasado activista. Se buscan nuevos datos para definir si hay un caso firme.
Aunque en el fuero federal de Chubut hay otras denuncias, van rumbo al archivo ya que, sea por el paso del tiempo o por la muerte de sus protagonistas, no se hallaron evidencias que permitan enderezar una investigación.
El Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia tiene 3 causas de lesa humanidad a punto de ir a juicio oral y público. En tanto, otros 6 expedientes siguen bajo investigación en los Juzgados Federales de Rawson y Comodoro Rivadavia. Este lunes se cumplirán 49 años del Golpe Militar y ambos datos demuestran que aún restan por develar varios episodios de la represión ilegal en Chubut, tan feroz como en el resto del país.
La próxima audiencia oral y pública por estos delitos será los días 18 y 19 de agosto. Se trata de una causa madre que investigó supuestos ilícitos cometidos en el Regimiento 8 de Infantería General O’Higgins de Comodoro Rivadavia.
Los imputados serán Rafael Manuelides, Francisco Sevilla, Raúl Cruz, Alfredo Lisseri, Eduardo Rodríguez, Carlos Moreno, Fernando Pedernera y Mario Pérez.
El fiscal será Teodoro Nürnberg y los jueces del TOF, Ana María D´Alessio, Alejandro Cabral y Enrique Nicolás Baronetto.
Se juzgarán los casos de 23 víctimas de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad agravada por vejaciones y apremios ilegales e imposición de tormentos, además de asociación ilícita.
La segunda causa que espera fecha de debate en el TOF es la célebre Causa 500, que suma 66 víctimas.
Los imputados son Juan Roldán, Juan Carlos Abraham, Rafael Ruiz Díaz, Ricardo Jesús Mejía, Juan Carlos Castillo, Jorge Osvaldo Steding, Raúl Barck, Héctor Cantero, Antonio Olmedo, Ramón Govi, César Santos Wahnish, Ramón Rodríguez, José Chaparro, Rogelio Recio, Miguel Ojeda, Emilio Dambra, Serapio Sotelo y Ramón de Jesús Sosa.
Además del fiscal Nürnberg, actuarán como querellantes Javier Patricio Romero como letrado de Luis Franganillo, y Martín Rico por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Los jueces serán Guillermo Quadrini, Cabral y Baronetto.
Los delitos a juzgar serán privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público y mediando violencia, amenazas y tormentos agravados por ser las víctimas perseguidos políticos. Todo habría ocurrido en la Unidad Penitenciaria 6 de Rawson.
Una tercera causa en el TOF está en etapa de producción de prueba, paso previo a la fecha del juicio. Es un expediente vinculado a los años de plomo en Esquel. Los imputados son Norberto Condal, Jorge Granada, Guillermo González Chipont y Osvaldo Sierra.
El fiscal será Nürnberg y los tres jueces, Baronetto, Cabral y D´Alessio.
El expediente incluye 3 víctimas de privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y por calidad de funcionarios públicos, además de allanamiento ilegal. Habría ocurrido en el Destacamento de Exploración de Caballería de Montaña N° 181 del Ejército Argentino. La causa estuvo a cargo del juez federal Guido Otranto.
En cuanto a los 6 trámites en plena investigación, en el Valle Inferior del Río Chubut hay dos trámites que siguen activos. El primero es la situación del teniente retirado Roberto Bravo. Aunque su extradición de EE.UU. fracasó dos veces, se sigue recolectando evidencia para que el cuarto fusilador de la Masacre de Trelew pueda alguna vez ser sacado de su próspera vida en Miami para ser juzgado en Rawson.
Otra pesquisa activa es un desprendimiento de la Causa Pizá. Cabe recordar que en 2023 el TOF condenó a 15 años de prisión a los expolicías federales Luis Coria y Jorge Lagunas, por crímenes de lesa humanidad contra nueve militantes políticos en la sede de esa fuerza en Rawson, en 1975.
De los testimonios de ese juicio surgieron datos para una nueva investigación: los allanamientos ilegales que sufrieron el matrimonio Diana Pizá y Víctor Tomaselli, y Tito Mario Barone; la detención y tormentos en perjuicio de Rodolfo Caso y las detenciones ilegales de Pablo Pizá y Víctor Tomaselli. Todo en 1975. En la pesquisa de estos episodios es clave el rol del fiscal federal Fernando Gélvez.
En Comodoro hay otros cuatro casos. A este Juzgado lo comanda Eva Parcio.
El primero procura obtener datos de la posible detención ilegal de militantes en el Regimiento 8 de la ciudad petrolera, luego de que un inesperado testigo –exconscripto en 1978 y 1979- revelara la existencia de instalaciones subterráneas que se usaban para secuestros, además de otros hechos ilegales en esa base militar.
El segundo caso se vincula al mismo Regimiento, considerado un centro clandestino de detención. Se intenta profundizar la pesquisa para establecer la participación de Carlos Candia en la trama delictiva de torturas que se desarrollaba en ese lugar. En su momento se había dictado su falta de mérito.
El tercer expediente es un desprendimiento del caso de José Rodríguez Dieguez, un conscripto que desapareció en el Regimiento de Infantería 25 de Sarmiento.
En ese juicio oral y público que tuvo dos condenas, un soldado de la época relató cómo una mujer con dos hijos atascó su auto en la nieve. Pidió ayuda en la guardia de esa unidad pero terminó torturada y violada por soldados, obligados a punta de pistola. El dato disparó otra investigación que ya programó 515 audiencias.
El cuarto tema que se intenta esclarecer es la denuncia de una persona que aseguró que él y su familia fueron perseguidos brutal y tenazmente por los grupos de tareas de la dictadura militar debido a su militancia política. Tiene parientes muertos y desaparecidos.
En 1977 este hombre fue enviado a Sarmiento para su servicio militar. Allí fue encarcelado y torturado física y psicológicamente apenas el esquema militar supo de su pasado activista. Se buscan nuevos datos para definir si hay un caso firme.
Aunque en el fuero federal de Chubut hay otras denuncias, van rumbo al archivo ya que, sea por el paso del tiempo o por la muerte de sus protagonistas, no se hallaron evidencias que permitan enderezar una investigación.