Rápidos para los mandados
- Por Esteban Gallo
El Ministerio Público Fiscal de Chubut desestimó la denuncia presentada en el ámbito penal contra los ministros y ministras del Superior Tribunal de Justicia.
A través de un comunicado de prensa, la Procuración expresó que, tras efectuar un “análisis exhaustivo de la denuncia, la documentación reunida, la toma de testimonios y la evaluación jurídico-penal de los hechos denunciados por parte de los fiscales intervinientes” se llegó a la conclusión de que las conductas denunciadas no podían encuadrarse en una figura penal.
La presentación fue realizada por la Asociación de Magistrados y funcionarios del Poder Judicial por supuestas irregularidades en el uso de recursos públicos, entre los que se mencionaban la compra de vehículos de alta gama, la asignación de pasajes y viáticos, nombramientos sin concursos y actos de persecución laboral e institucional.
Quizá el elemento más poderoso de la denuncia haya sido el relacionado al aumento de sueldos que se aplicaron por acordada los ministros del Superior Tribunal, que en algunos casos llegaba al 60%, sin contemplar a empleados y funcionarios, lo que, a criterio de la Asociación, violaba lisa y llanamente la ley de porcentualidad que rige en Chubut desde 2006.
¿Qué argumentan los fiscales que investigaron a Raidán y compañía? Que, si bien las situaciones descritas podrían generar reproches administrativos o éticos, las mismas no se encuadran en ninguna figura delictiva tipificada por el Código Penal. Causa cerrada, asunto terminado.
No obstante, desde el primer momento, la actuación del Ministerio Público Fiscal despertó suspicacias variopintas. De arranque nomás, el fiscal jefe de la afamada Unidad Anticorrupción se corrió de la tarea de conducir la investigación por un viaje que tenía programado. ¿Compromiso ineludible o excusa perfecta para zafar de investigar a los supremos?
Hierro caliente mata fiscal valiente.
Con “Toto” Rodríguez de viaje, desde la Procuración decidieron reemplazarlo por fiscales menos experimentados.
Entre ellos, la Dra. Ivana Berazategui, funcionaria de Puerto Madryn, cuestionada por su tarea en la investigación del caso Diego Danese, el periodista y profesor que murió tras ser embestido por una mujer de la ciudad del Golfo. Es la fiscal que omitió la realización del análisis de extracción de sangre de la imputada, desoyendo incluso una orden dictada por la jueza interviniente.
En segundo lugar, el Dr. Lucas Papini, criticado por la Asociación de Magistrados, por entender que la amistad “pública y notoria” del fiscal con el ministro Andrés Giacomone, lo inhabilitaba para ponerse al frente de la investigación.
La celeridad con la que los funcionarios judiciales desestimaron la denuncia tampoco pasó desapercibida. Rápidos para los mandados habían sido los fiscales, que no suelen tomar decisiones expeditivas cuando se trata de resolver asuntos de ciudadanos comunes.
La Asociación de Magistrados expresó a través de un comunicado que, de ser necesario, y valiéndose de los recursos procesales que le confiere la ley, recurrirá a las instancias internacionales.
Es entendible que los denunciantes no estén dispuestos a bajar los brazos, pero nosotros, vosotros y ellos, sabemos perfectamente que esas acciones jamás prosperan.
Lo que no ha logrado el alto cuerpo judicial es evitar el escarnio público que sus decisiones han generado.
La intentona de subirse los salarios un 60 por ciento, el otorgamiento de pasajes aéreos y viáticos excesivos y diferenciados y la compra de camionetas 4 x 4 y otros vehículos por un valor estimado en 500 millones de pesos no se condice con el contexto de necesidad en el que viven los chubutenses ni con el comportamiento austero que deberían tener los hombres y mujeres que conducen uno de los tres poderes del Estado.
La desestimación de la denuncia tampoco lava la imagen de los supremos puertas para adentro.
Que sean los propios magistrados, funcionarios y trabajadores de la Justicia los que los denuncien penalmente y los que impulsen el juicio político del presidente Raidán es un escándalo que no tiene parangón en la historia del Poder Judicial del Chubut.
De eso no zafaron. La confianza y el respeto se ganan con el trabajo de todos los días y cuando se pierden, no se restituyen ni con fiscales light ni con resoluciones exprés.
- Por Esteban Gallo
El Ministerio Público Fiscal de Chubut desestimó la denuncia presentada en el ámbito penal contra los ministros y ministras del Superior Tribunal de Justicia.
A través de un comunicado de prensa, la Procuración expresó que, tras efectuar un “análisis exhaustivo de la denuncia, la documentación reunida, la toma de testimonios y la evaluación jurídico-penal de los hechos denunciados por parte de los fiscales intervinientes” se llegó a la conclusión de que las conductas denunciadas no podían encuadrarse en una figura penal.
La presentación fue realizada por la Asociación de Magistrados y funcionarios del Poder Judicial por supuestas irregularidades en el uso de recursos públicos, entre los que se mencionaban la compra de vehículos de alta gama, la asignación de pasajes y viáticos, nombramientos sin concursos y actos de persecución laboral e institucional.
Quizá el elemento más poderoso de la denuncia haya sido el relacionado al aumento de sueldos que se aplicaron por acordada los ministros del Superior Tribunal, que en algunos casos llegaba al 60%, sin contemplar a empleados y funcionarios, lo que, a criterio de la Asociación, violaba lisa y llanamente la ley de porcentualidad que rige en Chubut desde 2006.
¿Qué argumentan los fiscales que investigaron a Raidán y compañía? Que, si bien las situaciones descritas podrían generar reproches administrativos o éticos, las mismas no se encuadran en ninguna figura delictiva tipificada por el Código Penal. Causa cerrada, asunto terminado.
No obstante, desde el primer momento, la actuación del Ministerio Público Fiscal despertó suspicacias variopintas. De arranque nomás, el fiscal jefe de la afamada Unidad Anticorrupción se corrió de la tarea de conducir la investigación por un viaje que tenía programado. ¿Compromiso ineludible o excusa perfecta para zafar de investigar a los supremos?
Hierro caliente mata fiscal valiente.
Con “Toto” Rodríguez de viaje, desde la Procuración decidieron reemplazarlo por fiscales menos experimentados.
Entre ellos, la Dra. Ivana Berazategui, funcionaria de Puerto Madryn, cuestionada por su tarea en la investigación del caso Diego Danese, el periodista y profesor que murió tras ser embestido por una mujer de la ciudad del Golfo. Es la fiscal que omitió la realización del análisis de extracción de sangre de la imputada, desoyendo incluso una orden dictada por la jueza interviniente.
En segundo lugar, el Dr. Lucas Papini, criticado por la Asociación de Magistrados, por entender que la amistad “pública y notoria” del fiscal con el ministro Andrés Giacomone, lo inhabilitaba para ponerse al frente de la investigación.
La celeridad con la que los funcionarios judiciales desestimaron la denuncia tampoco pasó desapercibida. Rápidos para los mandados habían sido los fiscales, que no suelen tomar decisiones expeditivas cuando se trata de resolver asuntos de ciudadanos comunes.
La Asociación de Magistrados expresó a través de un comunicado que, de ser necesario, y valiéndose de los recursos procesales que le confiere la ley, recurrirá a las instancias internacionales.
Es entendible que los denunciantes no estén dispuestos a bajar los brazos, pero nosotros, vosotros y ellos, sabemos perfectamente que esas acciones jamás prosperan.
Lo que no ha logrado el alto cuerpo judicial es evitar el escarnio público que sus decisiones han generado.
La intentona de subirse los salarios un 60 por ciento, el otorgamiento de pasajes aéreos y viáticos excesivos y diferenciados y la compra de camionetas 4 x 4 y otros vehículos por un valor estimado en 500 millones de pesos no se condice con el contexto de necesidad en el que viven los chubutenses ni con el comportamiento austero que deberían tener los hombres y mujeres que conducen uno de los tres poderes del Estado.
La desestimación de la denuncia tampoco lava la imagen de los supremos puertas para adentro.
Que sean los propios magistrados, funcionarios y trabajadores de la Justicia los que los denuncien penalmente y los que impulsen el juicio político del presidente Raidán es un escándalo que no tiene parangón en la historia del Poder Judicial del Chubut.
De eso no zafaron. La confianza y el respeto se ganan con el trabajo de todos los días y cuando se pierden, no se restituyen ni con fiscales light ni con resoluciones exprés.