Incendios: la discusión por las penas deberá seguir esperando
La cesura de pena para los 6 condenados por los incendios de Rawson seguirá esperando. Es que los jueces Karina Breckle y Gustavo Castro le ordenaron a la Oficina Judicial de Rawson que designe a un magistrado subrogante que eleve a la Cámara Penal de Trelew los planteos contra la jueza Eve Ponce. Ambos se consideraron incompetentes para esa decisión.
Cabe recordar que el defensor público Miguel Ángel Moyano no sólo impugnó la sentencia de la jueza Ponce sino que la recusó para que no siga interviniendo en la causa.
Moyano representa a los imputados Mauricio Naum Vargas, Damián Díaz, Lucas Andrade, Lourdes Molina Leguiza, Gastón Velázquez y Nicolás Díaz.
El defensor reclamó que se declare nula la decisión de Ponce de ordenar la realización de la audiencia de cesura de pena, luego de que la fiscal Florencia Gómez no fundamentara su pedido de penas para cada uno de los responsables. Moyano considera que esta omisión es un error grueso e incorregible.
Breckle y Castro interpretaron que a esta altura del proceso, su intervención es abstracta ya que entienden que es la Cámara la que debe dirimir la nulidad del fallo y el rol de Ponce. Por eso otro juez deberá dar trámite a la impugnación interpuesta por Moyano.
La cesura de pena para los 6 condenados por los incendios de Rawson seguirá esperando. Es que los jueces Karina Breckle y Gustavo Castro le ordenaron a la Oficina Judicial de Rawson que designe a un magistrado subrogante que eleve a la Cámara Penal de Trelew los planteos contra la jueza Eve Ponce. Ambos se consideraron incompetentes para esa decisión.
Cabe recordar que el defensor público Miguel Ángel Moyano no sólo impugnó la sentencia de la jueza Ponce sino que la recusó para que no siga interviniendo en la causa.
Moyano representa a los imputados Mauricio Naum Vargas, Damián Díaz, Lucas Andrade, Lourdes Molina Leguiza, Gastón Velázquez y Nicolás Díaz.
El defensor reclamó que se declare nula la decisión de Ponce de ordenar la realización de la audiencia de cesura de pena, luego de que la fiscal Florencia Gómez no fundamentara su pedido de penas para cada uno de los responsables. Moyano considera que esta omisión es un error grueso e incorregible.
Breckle y Castro interpretaron que a esta altura del proceso, su intervención es abstracta ya que entienden que es la Cámara la que debe dirimir la nulidad del fallo y el rol de Ponce. Por eso otro juez deberá dar trámite a la impugnación interpuesta por Moyano.