Causa ATE: dos jueces confirmaron la apertura de investigación contra Quiroga
Los jueces María Tolomei y Marcelo Nieto Di Biase confirmaron la apertura de la investigación contra el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, Guillermo Quiroga, y rechazaron la recusación de la jueza de la causa, Eve Ponce, que seguirá a cargo. De este modo no hicieron lugar al doble reclamo de Oscar Romero Bruno, defensor del gremialista.
Según la resolución, la apertura de investigación que decidió Ponce cumple con los requisitos legales ya que anotició al imputado, controló la regularidad del proceso y verificó la presentación del jefe de la Unidad Anticorrupción, Omar Rodríguez, a la vez que aseguró la defensa de Quiroga.
El fiscal contaba con denuncias y entrevistas, y con el levantamiento del secreto bancario para conocer los movimientos del dinero imputados a Quiroga, lo cual justifica la apertura.
Un grupo de afiliados a ATE denunció al líder gremial porque entre 2019 y 2023 habría retirado y desviado a cuentas personales unos $ 60.000.000 propiedad del gremio. La plata se habría usado para comprar muebles, viajes, gastos personales y el pago de su tarjeta de crédito. En ese lapso no se habían presentado balances ni rendiciones de cuentas. “No caben dudas de que el Ministerio Público posee la obligación de investigar lo ocurrido”, dice la resolución. La víctima no es sólo ATE sino también sus afiliados.
Y aunque los gremios están controlados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, “no signi?ca de modo alguno, como pretende el Dr. Romero, la instauración de un fuero especial –violatorio del principio de igualdad ante la ley- cuando son hechos delictivos cometidos por sus directivos”.
“El posible perjuicio ocasionado al Sr. Quiroga en función de la trascendencia social que posee el sometimiento a un proceso penal –y sus repercusiones mediáticas-, resultan ser cuestiones por completo ajenas a la decisión recurrida y, por tanto, a la competencia de este Tribunal”.
“Las personas que ocupan un cargo de importancia saben de antemano que su actividad está sometida continuamente al escrutinio público, y por ende a una mayor publicidad de sus actos”.
Según el fiscal Rodríguez, la apertura de la investigación penal preparatoria data de mayo de 2024 y el tiempo transcurrido se debía en gran parte a maniobras dilatorias de la defensa.
En este marco, Tolomei y Di Biase no hallaron razón para apartar a la jueza “puesto que no se ha veri?cado ni un solo motivo – menos serio o razonable- que pueda fundar un temor de parcialidad respecto a su actuación”.
Los jueces María Tolomei y Marcelo Nieto Di Biase confirmaron la apertura de la investigación contra el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, Guillermo Quiroga, y rechazaron la recusación de la jueza de la causa, Eve Ponce, que seguirá a cargo. De este modo no hicieron lugar al doble reclamo de Oscar Romero Bruno, defensor del gremialista.
Según la resolución, la apertura de investigación que decidió Ponce cumple con los requisitos legales ya que anotició al imputado, controló la regularidad del proceso y verificó la presentación del jefe de la Unidad Anticorrupción, Omar Rodríguez, a la vez que aseguró la defensa de Quiroga.
El fiscal contaba con denuncias y entrevistas, y con el levantamiento del secreto bancario para conocer los movimientos del dinero imputados a Quiroga, lo cual justifica la apertura.
Un grupo de afiliados a ATE denunció al líder gremial porque entre 2019 y 2023 habría retirado y desviado a cuentas personales unos $ 60.000.000 propiedad del gremio. La plata se habría usado para comprar muebles, viajes, gastos personales y el pago de su tarjeta de crédito. En ese lapso no se habían presentado balances ni rendiciones de cuentas. “No caben dudas de que el Ministerio Público posee la obligación de investigar lo ocurrido”, dice la resolución. La víctima no es sólo ATE sino también sus afiliados.
Y aunque los gremios están controlados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, “no signi?ca de modo alguno, como pretende el Dr. Romero, la instauración de un fuero especial –violatorio del principio de igualdad ante la ley- cuando son hechos delictivos cometidos por sus directivos”.
“El posible perjuicio ocasionado al Sr. Quiroga en función de la trascendencia social que posee el sometimiento a un proceso penal –y sus repercusiones mediáticas-, resultan ser cuestiones por completo ajenas a la decisión recurrida y, por tanto, a la competencia de este Tribunal”.
“Las personas que ocupan un cargo de importancia saben de antemano que su actividad está sometida continuamente al escrutinio público, y por ende a una mayor publicidad de sus actos”.
Según el fiscal Rodríguez, la apertura de la investigación penal preparatoria data de mayo de 2024 y el tiempo transcurrido se debía en gran parte a maniobras dilatorias de la defensa.
En este marco, Tolomei y Di Biase no hallaron razón para apartar a la jueza “puesto que no se ha veri?cado ni un solo motivo – menos serio o razonable- que pueda fundar un temor de parcialidad respecto a su actuación”.