Aunque el Ministerio Público Fiscal había pedido rechazar la solicitud, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia dio permiso para que un imputado por torturas en la Unidad 6 de Rawson pueda viajar a Italia y España.
Se trata de Ramón Miguel Govi, jubilado del Servicio Penitenciario Federal. Está procesado en la célebre Causa 500 por violaciones a los Derechos Humanos en ese penal federal. Antes de subirse al avión, Govi deberá presentar pasajes e informar itinerario completo y lugares de alojamiento. Depositará una caución $ 3.000.000.
Dentro de las 24 horas posteriores a su regreso, Govi deberá acreditar su reingreso al país. Si incumple se ordenará su inmediata captura.
Al permiso lo firmaron los jueces Guillermo Quadrini, Alejandro Cabral y Enrique Baronetto.
A través de la Defensa Pública, Govi había pedido autorización para viajar a Madrid entre el 25 de mayo y el 25 de junio. Durante su estadía en el Viejo Continente recorrerá ciudades de Italia. Aclaró que compraría los boletos de avión, hoteles y excursiones recién una vez que fuera autorizado.
La Fiscalía opinó que correspondía rechazar el permiso y prohibirle la salida del país. Según la acusación, de ser condenado en este expediente “de gravedad institucional”, el expenitenciario tendrá una pena de ejecución efectiva y si viaja a Europa, podría fugarse.
Govi irá a juicio oral y público imputado por 11 hechos de privación ilegal de la libertad mediando violencia y amenazas, y tormentos agravados por ser las víctimas perseguidos políticos.
La Defensa contestó que Govi viajará con su esposa María Rosa, de 73 años, y que es un regalo por sus 50 años de casados. Tiene 4 hijos y nietos y, según su argumento, siempre cumplió con las obligaciones impuestas por el Tribunal, presentándose cada vez que se le solicitó.
Govi está procesado desde 2013 pero sin prisión preventiva y ninguna otra medida de coerción, pese a que Fiscalía había pedido su detención, sin éxito. Tampoco entorpeció nunca la investigación.
En septiembre de 2022 la causa fue citada a juicio. La única medida de control de los imputados fue verificar sus domicilios.
En el caso de Govi, ya antes había sido autorizado a viajar a Termas de Río Hondo, Monte Casero, Las Grutas y Federación, sin que Fiscalía se haya opuesto.
La resolución del TOF citó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a “la obligación estatal de no restringir la libertad ambulatoria del imputado más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de la justicia”.
En la causa no consta ninguna medida que restrinja la libertad ambulatoria de Govi ni prohibición expresa de salida del país. Además la Causa 500 ingresó al Tribunal en 2021 pero el juicio sería recién en 2026.
El procesado tiene 75 años y de acuerdo a los jueces ya demostró arraigo suficiente como para no intentar fugarse: residencia habitual, vínculos familiares y buen comportamiento durante el proceso. “Se comprometió a poner a disposición un itinerario claro y con retorno fijado dentro de un plazo razonable, en atención a la distancia del destino informado”, apuntó el trío de jueces.
Aunque el Ministerio Público Fiscal había pedido rechazar la solicitud, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia dio permiso para que un imputado por torturas en la Unidad 6 de Rawson pueda viajar a Italia y España.
Se trata de Ramón Miguel Govi, jubilado del Servicio Penitenciario Federal. Está procesado en la célebre Causa 500 por violaciones a los Derechos Humanos en ese penal federal. Antes de subirse al avión, Govi deberá presentar pasajes e informar itinerario completo y lugares de alojamiento. Depositará una caución $ 3.000.000.
Dentro de las 24 horas posteriores a su regreso, Govi deberá acreditar su reingreso al país. Si incumple se ordenará su inmediata captura.
Al permiso lo firmaron los jueces Guillermo Quadrini, Alejandro Cabral y Enrique Baronetto.
A través de la Defensa Pública, Govi había pedido autorización para viajar a Madrid entre el 25 de mayo y el 25 de junio. Durante su estadía en el Viejo Continente recorrerá ciudades de Italia. Aclaró que compraría los boletos de avión, hoteles y excursiones recién una vez que fuera autorizado.
La Fiscalía opinó que correspondía rechazar el permiso y prohibirle la salida del país. Según la acusación, de ser condenado en este expediente “de gravedad institucional”, el expenitenciario tendrá una pena de ejecución efectiva y si viaja a Europa, podría fugarse.
Govi irá a juicio oral y público imputado por 11 hechos de privación ilegal de la libertad mediando violencia y amenazas, y tormentos agravados por ser las víctimas perseguidos políticos.
La Defensa contestó que Govi viajará con su esposa María Rosa, de 73 años, y que es un regalo por sus 50 años de casados. Tiene 4 hijos y nietos y, según su argumento, siempre cumplió con las obligaciones impuestas por el Tribunal, presentándose cada vez que se le solicitó.
Govi está procesado desde 2013 pero sin prisión preventiva y ninguna otra medida de coerción, pese a que Fiscalía había pedido su detención, sin éxito. Tampoco entorpeció nunca la investigación.
En septiembre de 2022 la causa fue citada a juicio. La única medida de control de los imputados fue verificar sus domicilios.
En el caso de Govi, ya antes había sido autorizado a viajar a Termas de Río Hondo, Monte Casero, Las Grutas y Federación, sin que Fiscalía se haya opuesto.
La resolución del TOF citó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a “la obligación estatal de no restringir la libertad ambulatoria del imputado más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de la justicia”.
En la causa no consta ninguna medida que restrinja la libertad ambulatoria de Govi ni prohibición expresa de salida del país. Además la Causa 500 ingresó al Tribunal en 2021 pero el juicio sería recién en 2026.
El procesado tiene 75 años y de acuerdo a los jueces ya demostró arraigo suficiente como para no intentar fugarse: residencia habitual, vínculos familiares y buen comportamiento durante el proceso. “Se comprometió a poner a disposición un itinerario claro y con retorno fijado dentro de un plazo razonable, en atención a la distancia del destino informado”, apuntó el trío de jueces.