Denuncia al STJ: Magistrados recusó a los tres procuradores y a tres fiscales
Luego de que su denuncia original se desestimara, los jueces pidieron apartar a 6 funcionarios e insistieron en pedir información sobre los gastos del máximo tribunal chubutense.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Chubut solicitó la nulidad del dictamen fiscal que no encontró delito penal en las polémicas acordadas del Superior Tribunal de Justicia y desestimó la denuncia de los jueces.
Además recusó al procurador Jorge Miquelarena, a sus adjuntos Marcos Fink y Matías Froment y a los tres fiscales intervinientes en el caso: Lucas Papini, Lucas Kolsch e Ivana Berazategui.
Según el parte de prensa de la Asociación, también solicitó información detallada sobre el uso de los fondos públicos al STJ.
En este escenario, Magistrados denunció que nunca los notificaron de la decisión del Procurador mediante la cual designa un equipo de fiscales impidiendo, con ello, ejercer el derecho a recusar.
La Asociación recusó a la cúpula de la Procuración “por considerar que están inhibidos de actuar, toda vez que los tres percibieron los adicionales de sueldos que se denuncian. La circunstancia de haber devuelto el dinero no los habilitaba a intervenir en una causa que se denuncian acciones que los involucran directamente”.
“El dictamen fue elaborado por tres fiscales que debieron excusarse por diversas razones: no han sido evaluados -a los tres años- por el Consejo de la Magistratura
y en esa oportunidad intervendrá un ministro/a del STJ”.
En el caso de Papini “existen evidencias objetivas, públicas y notorias de su relación de amistad y laboral con el ministro, Dr. Giacomone, admitidas por ambos”.
Por otro lado, “se cuestionó al MPF por arrogarse facultades propias de jueces al disponer la habilitación de feria, sorprendiendo a quienes denunciaron, sin permitir ejercer los derechos que la ley les asigna, tales como opinar antes de una decisión que suspenda o ponga fin al proceso”.
“Haciendo pleno ejercicio de los derechos establecidos en la Ley de Acceso a la Información Pública se presentaron seis pedidos al STJ para que informe detalladamente sobre los fondos públicos utilizados para la compra de autos,
sobresueldos, pasajes, viáticos, tarjetas corporativas, designaciones sin concurso y publicación de las decisiones del Máximo Tribunal”.
Finalmente, “se solicitó se habilite la participación como querellantes y se adelantó que de confirmarse la validez del dictamen se requerirá su revisión”.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Chubut solicitó la nulidad del dictamen fiscal que no encontró delito penal en las polémicas acordadas del Superior Tribunal de Justicia y desestimó la denuncia de los jueces.
Además recusó al procurador Jorge Miquelarena, a sus adjuntos Marcos Fink y Matías Froment y a los tres fiscales intervinientes en el caso: Lucas Papini, Lucas Kolsch e Ivana Berazategui.
Según el parte de prensa de la Asociación, también solicitó información detallada sobre el uso de los fondos públicos al STJ.
En este escenario, Magistrados denunció que nunca los notificaron de la decisión del Procurador mediante la cual designa un equipo de fiscales impidiendo, con ello, ejercer el derecho a recusar.
La Asociación recusó a la cúpula de la Procuración “por considerar que están inhibidos de actuar, toda vez que los tres percibieron los adicionales de sueldos que se denuncian. La circunstancia de haber devuelto el dinero no los habilitaba a intervenir en una causa que se denuncian acciones que los involucran directamente”.
“El dictamen fue elaborado por tres fiscales que debieron excusarse por diversas razones: no han sido evaluados -a los tres años- por el Consejo de la Magistratura
y en esa oportunidad intervendrá un ministro/a del STJ”.
En el caso de Papini “existen evidencias objetivas, públicas y notorias de su relación de amistad y laboral con el ministro, Dr. Giacomone, admitidas por ambos”.
Por otro lado, “se cuestionó al MPF por arrogarse facultades propias de jueces al disponer la habilitación de feria, sorprendiendo a quienes denunciaron, sin permitir ejercer los derechos que la ley les asigna, tales como opinar antes de una decisión que suspenda o ponga fin al proceso”.
“Haciendo pleno ejercicio de los derechos establecidos en la Ley de Acceso a la Información Pública se presentaron seis pedidos al STJ para que informe detalladamente sobre los fondos públicos utilizados para la compra de autos,
sobresueldos, pasajes, viáticos, tarjetas corporativas, designaciones sin concurso y publicación de las decisiones del Máximo Tribunal”.
Finalmente, “se solicitó se habilite la participación como querellantes y se adelantó que de confirmarse la validez del dictamen se requerirá su revisión”.