Varias familias del barrio Sutiaga III con riesgo de desalojo
El IPV las intimó porque dejaron de pagar sus cuotas. Los vecinos se quejan de que les impusieron un cobro por UVIS con montos de hasta $ 435 mil mensuales. Presentaron una nota en Legislatura para que el tema se discuta urgente.
Varias familias del barrio Sutiaga III 60 viviendas de Trelew recibieron a principios de mes cartas documento del Instituto Provincial de la Vivienda advirtiendo que podrían ser desalojadas por la falta de pago de esas unidades habitacionales. Más que preocupados, los vecinos presentaron una nota a la Legislatura para pedir gestiones urgentes. Al menos 45 familias se sumaron a la queja aunque las perjudicadas son 60.
Según reclaman, cuando con cinco años de atraso el IPV les entregó el barrio, a cambio de recibir la llave les impusieron sin otra opción el sistema de cobro UVIS: pagan una cuota que se actualiza por el valor del metro cuadrado de construcción. En la práctica, el monto puede llegar a los $ 435 mil. Vecinos afectados le dijeron a Jornada que esto no hubiese sucedido si el organismo hubiese usado el tradicional sistema francés. Muchas familias se atrasaron ante lo insostenible.
De acuerdo a su versión, desde el IPV sólo les ofrecieron refinanciar la deuda atrasada pero sin cambiar la modalidad de cobro hacia adelante. Sin embargo, el monto recalculado más el vigente puede implicar una cuota de hasta $ 700 mil.
“Son formas de pago imposibles a la fecha –dice la nota a los diputados provinciales-, generando mucha angustia e Incertidumbre ya que la mayoría de los vecinos pagó con sus ahorros el terreno de dichas viviendas”.
También reclamaron por el estado de las viviendas, la falta del final de obra y cuotas que superan el 25% de los ingresos, además de verificación de licitaciones y plazos de gestión de obras por parte de IPV. “Son temas por los que nos hemos sentido perjudicados, y estamos tratando de llegar a un acuerdo desde 2020”.
El barrio comenzó a construirse en 2016 por parte de dos empresas. Una quebró y la otra siguió hasta que discontinuó la obra. Los adjudicatarios debieron acudir a estudios de abogados para destrabar su sueño y hasta hicieron guardias para evitar usurpaciones. Recién poco antes de la pandemia recibieron sus casas. De no mediar una alternativa, terminarían pagando cada vivienda hasta $ 120 millones.
Fotos: Sergio Esparza
Varias familias del barrio Sutiaga III 60 viviendas de Trelew recibieron a principios de mes cartas documento del Instituto Provincial de la Vivienda advirtiendo que podrían ser desalojadas por la falta de pago de esas unidades habitacionales. Más que preocupados, los vecinos presentaron una nota a la Legislatura para pedir gestiones urgentes. Al menos 45 familias se sumaron a la queja aunque las perjudicadas son 60.
Según reclaman, cuando con cinco años de atraso el IPV les entregó el barrio, a cambio de recibir la llave les impusieron sin otra opción el sistema de cobro UVIS: pagan una cuota que se actualiza por el valor del metro cuadrado de construcción. En la práctica, el monto puede llegar a los $ 435 mil. Vecinos afectados le dijeron a Jornada que esto no hubiese sucedido si el organismo hubiese usado el tradicional sistema francés. Muchas familias se atrasaron ante lo insostenible.
De acuerdo a su versión, desde el IPV sólo les ofrecieron refinanciar la deuda atrasada pero sin cambiar la modalidad de cobro hacia adelante. Sin embargo, el monto recalculado más el vigente puede implicar una cuota de hasta $ 700 mil.
“Son formas de pago imposibles a la fecha –dice la nota a los diputados provinciales-, generando mucha angustia e Incertidumbre ya que la mayoría de los vecinos pagó con sus ahorros el terreno de dichas viviendas”.
También reclamaron por el estado de las viviendas, la falta del final de obra y cuotas que superan el 25% de los ingresos, además de verificación de licitaciones y plazos de gestión de obras por parte de IPV. “Son temas por los que nos hemos sentido perjudicados, y estamos tratando de llegar a un acuerdo desde 2020”.
El barrio comenzó a construirse en 2016 por parte de dos empresas. Una quebró y la otra siguió hasta que discontinuó la obra. Los adjudicatarios debieron acudir a estudios de abogados para destrabar su sueño y hasta hicieron guardias para evitar usurpaciones. Recién poco antes de la pandemia recibieron sus casas. De no mediar una alternativa, terminarían pagando cada vivienda hasta $ 120 millones.
Fotos: Sergio Esparza