Ahora pidieron la intervención de la Cooperativa de Sarmiento
El INAES solicitó a la Justicia el desplazamiento de las autoridades por graves irregularidades económico-financieras. El informe de veeduría alertó sobre riesgo de quiebra e incumplimientos legales. La decisión, que se suma a otras intervenciones en Chubut, genera controversia en el sector cooperativo.
El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) resolvió solicitar ante la Justicia la intervención judicial de la Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos de Sarmiento Limitada, CoopSar, tras constatar una crítica situación financiera e institucional. La medida fue dispuesta mediante la resolución RESFC-2025-1544, firmada el 11 de julio.
Según el informe elaborado por el veedor designado, Carlos Fuentes, la cooperativa presenta un "patrimonio neto negativo sostenido desde ejercicios anteriores, una marcada desproporción entre el activo y el pasivo, y bajos índices de liquidez y solvencia", lo que refleja una “falta de sustentabilidad económica estructural”.
El documento advierte que “la situación actual de la cooperativa pone en riesgo la continuidad operativa de la prestación de los servicios, afectando potencialmente a miles de usuarios”, e indica que de no adoptarse medidas urgentes, la entidad enfrenta “un serio riesgo de insolvencia y desarticulación institucional”.
Además, se confirmó la existencia de múltiples juicios por deudas impagas con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), que incluyen cuatro procesos de ejecución ya con sentencias condenatorias. También se informó sobre reclamos judiciales contra la Provincia del Chubut y una controversia con la Municipalidad de Sarmiento por la falta de actualización tarifaria.
En cuanto al manejo administrativo, se detectó una serie de incumplimientos en la presentación de documentación contable y asamblearia desde el año 2019. “La entidad no cumplimentó con la presentación de la documentación pre y post asamblearias adeudadas”, indica el informe, que también menciona movimientos en efectivo para evitar embargos y una denuncia penal por presunta administración fraudulenta contra el consejo de administración.
Parte de los ingresos de la cooperativa se encuentran embargados por CAMMESA: el 20% de los depósitos en el Banco Nación Argentina y el 40% en el Banco del Chubut.
Frente a este escenario, el INAES instruyó a su Servicio Jurídico Permanente para que solicite la intervención judicial con desplazamiento de autoridades y la designación de un interventor. La resolución subraya la necesidad de preservar los derechos de los asociados y garantizar la continuidad de los servicios públicos esenciales.
No obstante, la decisión del INAES no ha estado exenta de críticas. Desde distintos sectores del cooperativismo chubutense advierten que esta intervención no es un hecho aislado, sino parte de una avanzada del organismo nacional que ya alcanzó a otras cooperativas en la provincia y piden resguardar la autonomía del movimiento cooperativo y fortalecer los mecanismos internos de control sin recurrir de manera sistemática a la Justicia.
El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) resolvió solicitar ante la Justicia la intervención judicial de la Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos de Sarmiento Limitada, CoopSar, tras constatar una crítica situación financiera e institucional. La medida fue dispuesta mediante la resolución RESFC-2025-1544, firmada el 11 de julio.
Según el informe elaborado por el veedor designado, Carlos Fuentes, la cooperativa presenta un "patrimonio neto negativo sostenido desde ejercicios anteriores, una marcada desproporción entre el activo y el pasivo, y bajos índices de liquidez y solvencia", lo que refleja una “falta de sustentabilidad económica estructural”.
El documento advierte que “la situación actual de la cooperativa pone en riesgo la continuidad operativa de la prestación de los servicios, afectando potencialmente a miles de usuarios”, e indica que de no adoptarse medidas urgentes, la entidad enfrenta “un serio riesgo de insolvencia y desarticulación institucional”.
Además, se confirmó la existencia de múltiples juicios por deudas impagas con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), que incluyen cuatro procesos de ejecución ya con sentencias condenatorias. También se informó sobre reclamos judiciales contra la Provincia del Chubut y una controversia con la Municipalidad de Sarmiento por la falta de actualización tarifaria.
En cuanto al manejo administrativo, se detectó una serie de incumplimientos en la presentación de documentación contable y asamblearia desde el año 2019. “La entidad no cumplimentó con la presentación de la documentación pre y post asamblearias adeudadas”, indica el informe, que también menciona movimientos en efectivo para evitar embargos y una denuncia penal por presunta administración fraudulenta contra el consejo de administración.
Parte de los ingresos de la cooperativa se encuentran embargados por CAMMESA: el 20% de los depósitos en el Banco Nación Argentina y el 40% en el Banco del Chubut.
Frente a este escenario, el INAES instruyó a su Servicio Jurídico Permanente para que solicite la intervención judicial con desplazamiento de autoridades y la designación de un interventor. La resolución subraya la necesidad de preservar los derechos de los asociados y garantizar la continuidad de los servicios públicos esenciales.
No obstante, la decisión del INAES no ha estado exenta de críticas. Desde distintos sectores del cooperativismo chubutense advierten que esta intervención no es un hecho aislado, sino parte de una avanzada del organismo nacional que ya alcanzó a otras cooperativas en la provincia y piden resguardar la autonomía del movimiento cooperativo y fortalecer los mecanismos internos de control sin recurrir de manera sistemática a la Justicia.