Caso Bubas: un interrogatorio violento y los motivos del nuevo juicio
Para anular la absolución del guardafaunas, el Superior Tribunal de Justicia consideró que el tribunal dejó indefensa a la víctima al dejar que su presunto agresor le hiciera preguntas sin límite, control ni perspectiva de género.
El Superior Tribunal de Justicia consideró un error del tribunal que absolvió a Roberto Bubas haber dejado que el guardafaunas se defendiera por su cuenta e interrogara directa y violentamente a su expareja, dejándola indefensa e intimidándola hasta las lágrimas.
Ante esta falta de perspectiva de género el STJ anuló por arbitrario ese juicio oral y público y ordenó un nuevo proceso que esta vez deberá respetarlos derechos de la víctima si es interrogada, sin exponerla y a la vez sin violar el derecho de defensa.
La decisión considera probado que hubo “violencia institucional” contra la mujer, en vulnerabilidad evidente. Y que la prueba que se onbtuvo de su testimonio es ilegal por la presión a la que fue sometida, que la revictimizó.
Bubas había sido denunciado por María Luján Pérez Terrone por amenazarla, golpearla y causarle lesiones graves. En el juicio de junio de 2024 fue absuelto al obtener el beneficio de la duda de parte de las juezas María Tolomei, Yamila Flores y Eve Ponce. Pero debido a la sentencia unánime de los ministros ahora enfrentará otra audiencia. De este modo el STJ hizo lugar al recurso de la defensora Gladys Olavarría y de la exfiscal Zulma Manyauik. Firmaron los ministros Camila Banfi, Mario Vivas, Andrés Giacomone, Silvia Bustos y Ricardo Napolitani. Es el primer debate por violencia de género que debe repetirse en Chubut.
Según la sentencia, el juicio reflejó “un claro caso de vulneración de derechos y de fallas en la respuesta institucional, deficiente, inadecuada e insuficiente”.
Se dio una situación inédita y desacertada: el tribunal permitió que Bubas, denunciado como agresor, entrevistara a la víctima de modo poco serio. Este permiso “subestimó los efectos traumáticos de la interacción directa y avaló dinámicas de poder que la justicia está llamada a mitigar. Era obligación del tribunal garantizar un entorno seguro y libre de revictimización”.
El video del debate muestra que Bubas “en todo momento superó a las partes e incluso dominó al tribunal. Condujo el interrogatorio de forma intimidante y ofensiva; cuestionó a sus defensores; sembró desconfianza y generó un ambiente hostil”.
“La pasividad de los operadores judiciales permitió un entorno intimidante, que afectó la equidad del proceso y vulneró el derecho de la víctima a un juicio libre de violencia institucional”.
Las juezas no pusieron límite ni calmaron ni neutralizaron al acusado, que se transformó en protagonista.
El derecho de defensa de Bubas era incuestionable pero no absoluto. Debía armonizarse con el derecho de su presunta víctima. Pidió entrevistarla él mismo pero no para garantizar su defensa: “Persiguió sin lugar a dudas vulnerar la dignidad de la víctima, someterla a interactuar con quien presuntamente la agredió, exacerbando el daño emocional y psicológico padecido”.
El permiso judicial “la revictimizó privándola de un proceso sensible que no la expusiera innecesariamente a nuevos daños y a situaciones que reproduzcan o agraven lo ya sufrido”.
En un caso de violencia de género, el Estado debía evitar situaciones que perpetuaran el control o la intimidación del agresor. Al no contener a la mujer, el tribunal “se apartó de los estándares internacionales de derechos humanos y perspectiva de género, comprometiendo la responsabilidad del Estado argentino”.
Bubas fue su propio defensor: presentó el caso, declaró, interrogó testigos, a la víctima y alegó. Pero de acuerdo a los videos “abusó del derecho que le asistía, afectando con su accionar gravemente la tutela judicial efectiva de la víctima y el debido proceso.
Es evidente que careció de las habilidades profesionales para interrogar en un marco digno y respetuoso a la testigo, ignorando pertinazmente su vulnerabilidad”.
El guardafaunas no sólo interrogó “en forma intimidante” a su expareja sino también a la madre y la tía de Pérez Terrone. “A la víctima le efectuó preguntas que la presionaron ilegítimamente poniéndola nerviosa, angustiándola y humillándola”. Por ejemplo, al consultarle sobre el hijo en común “provocó que sorpresivamente se angustiara e irrumpiera en llanto”.
“En la forma de mirar a la testigo, el tono de la voz, el imputado ya sabía lo que iba a provocar en ella. Es una testimonial en la que, si bien no hay palabras injuriantes, subyace nítida la violencia ejercida (…) Bubas, producto de su falta de pericia y obcecada postura, avasalló a Pérez Terrone al interrogarla”.
Según el Superior, “se desconoció la normativa convencional y constitucional de género (…) Es inaceptable que el tribunal haya permitido que el inculpado interrogara directamente a la víctima, exponiéndola a un escenario de revictimización y reproduciendo dinámicas de poder que el sistema judicial debería erradicar. Dejó a la denunciante en una situación de desprotección y generó un clima de hostilidad”.
Fotos: Daniel Feldman/Archivo Jornada
El Superior Tribunal de Justicia consideró un error del tribunal que absolvió a Roberto Bubas haber dejado que el guardafaunas se defendiera por su cuenta e interrogara directa y violentamente a su expareja, dejándola indefensa e intimidándola hasta las lágrimas.
Ante esta falta de perspectiva de género el STJ anuló por arbitrario ese juicio oral y público y ordenó un nuevo proceso que esta vez deberá respetarlos derechos de la víctima si es interrogada, sin exponerla y a la vez sin violar el derecho de defensa.
La decisión considera probado que hubo “violencia institucional” contra la mujer, en vulnerabilidad evidente. Y que la prueba que se onbtuvo de su testimonio es ilegal por la presión a la que fue sometida, que la revictimizó.
Bubas había sido denunciado por María Luján Pérez Terrone por amenazarla, golpearla y causarle lesiones graves. En el juicio de junio de 2024 fue absuelto al obtener el beneficio de la duda de parte de las juezas María Tolomei, Yamila Flores y Eve Ponce. Pero debido a la sentencia unánime de los ministros ahora enfrentará otra audiencia. De este modo el STJ hizo lugar al recurso de la defensora Gladys Olavarría y de la exfiscal Zulma Manyauik. Firmaron los ministros Camila Banfi, Mario Vivas, Andrés Giacomone, Silvia Bustos y Ricardo Napolitani. Es el primer debate por violencia de género que debe repetirse en Chubut.
Según la sentencia, el juicio reflejó “un claro caso de vulneración de derechos y de fallas en la respuesta institucional, deficiente, inadecuada e insuficiente”.
Se dio una situación inédita y desacertada: el tribunal permitió que Bubas, denunciado como agresor, entrevistara a la víctima de modo poco serio. Este permiso “subestimó los efectos traumáticos de la interacción directa y avaló dinámicas de poder que la justicia está llamada a mitigar. Era obligación del tribunal garantizar un entorno seguro y libre de revictimización”.
El video del debate muestra que Bubas “en todo momento superó a las partes e incluso dominó al tribunal. Condujo el interrogatorio de forma intimidante y ofensiva; cuestionó a sus defensores; sembró desconfianza y generó un ambiente hostil”.
“La pasividad de los operadores judiciales permitió un entorno intimidante, que afectó la equidad del proceso y vulneró el derecho de la víctima a un juicio libre de violencia institucional”.
Las juezas no pusieron límite ni calmaron ni neutralizaron al acusado, que se transformó en protagonista.
El derecho de defensa de Bubas era incuestionable pero no absoluto. Debía armonizarse con el derecho de su presunta víctima. Pidió entrevistarla él mismo pero no para garantizar su defensa: “Persiguió sin lugar a dudas vulnerar la dignidad de la víctima, someterla a interactuar con quien presuntamente la agredió, exacerbando el daño emocional y psicológico padecido”.
El permiso judicial “la revictimizó privándola de un proceso sensible que no la expusiera innecesariamente a nuevos daños y a situaciones que reproduzcan o agraven lo ya sufrido”.
En un caso de violencia de género, el Estado debía evitar situaciones que perpetuaran el control o la intimidación del agresor. Al no contener a la mujer, el tribunal “se apartó de los estándares internacionales de derechos humanos y perspectiva de género, comprometiendo la responsabilidad del Estado argentino”.
Bubas fue su propio defensor: presentó el caso, declaró, interrogó testigos, a la víctima y alegó. Pero de acuerdo a los videos “abusó del derecho que le asistía, afectando con su accionar gravemente la tutela judicial efectiva de la víctima y el debido proceso.
Es evidente que careció de las habilidades profesionales para interrogar en un marco digno y respetuoso a la testigo, ignorando pertinazmente su vulnerabilidad”.
El guardafaunas no sólo interrogó “en forma intimidante” a su expareja sino también a la madre y la tía de Pérez Terrone. “A la víctima le efectuó preguntas que la presionaron ilegítimamente poniéndola nerviosa, angustiándola y humillándola”. Por ejemplo, al consultarle sobre el hijo en común “provocó que sorpresivamente se angustiara e irrumpiera en llanto”.
“En la forma de mirar a la testigo, el tono de la voz, el imputado ya sabía lo que iba a provocar en ella. Es una testimonial en la que, si bien no hay palabras injuriantes, subyace nítida la violencia ejercida (…) Bubas, producto de su falta de pericia y obcecada postura, avasalló a Pérez Terrone al interrogarla”.
Según el Superior, “se desconoció la normativa convencional y constitucional de género (…) Es inaceptable que el tribunal haya permitido que el inculpado interrogara directamente a la víctima, exponiéndola a un escenario de revictimización y reproduciendo dinámicas de poder que el sistema judicial debería erradicar. Dejó a la denunciante en una situación de desprotección y generó un clima de hostilidad”.
Fotos: Daniel Feldman/Archivo Jornada