El incidente no fue público pero marca la gravedad del asunto: una jueza de Rawson quedó encerrada con los empleados de la Oficina Judicial porque un grupo de manifestantes disconforme con un fallo le puso candado al portón de entrada. Ni un policía con un detenido pudieron salir. El incidente duró dos horas hasta que llegaron refuerzos.
Hay otros apuntes, como el día que tras una audiencia por el caso de La Manada hubo defensores que debieron escapar por techos y paredes.
No se trata sólo de la seguridad: la OJ de la capital del Chubut no tiene internet y su espacio principal es un garaje reacondicionado con tablones de madera para las partes.
En este escenario de infraestructura precaria, dos magistradas debieron compartir una oficina. Fue la solución más ingeniosa hasta que finalmente un espacio se pudo dividir a fuerza de durlock con la privacidad de decisión que corresponde para el cargo.
Lo paradójico es que en este escenario se juzgaron causas como El Embrujo y Revelación, que revelaron cómo se despilfarraron millones de pesos del Estado provincial.
Desde el Superior Tribunal de Justicia tampoco hubo respuestas a los pedidos de mejores condiciones de infraestructura.
Es que una cosa quizás hasta entendible era atender una circunscripción que trabajaba con jueces provenientes de Trelew y en ocasiones inclusive de Puerto Madryn.
Pero otra muy distinta es la Justicia Penal de una capital de provincia con tres juezas titulares hace más de un año, y con empleados que se esfuerzan al máximo para evitar dificultades con una agenda compleja de audiencias.
Ya no es concebible que una causa con varios participantes complique la logística o que sea difícil pensar en un juicio por jurados que fluya para los 12 ciudadanos.
Cuando no hay estructura ni atención adecuada todos y todas quedan en riesgo. Y la imagen del Poder Judicial y el servicio que debe prestar, un poco más herida.
El incidente no fue público pero marca la gravedad del asunto: una jueza de Rawson quedó encerrada con los empleados de la Oficina Judicial porque un grupo de manifestantes disconforme con un fallo le puso candado al portón de entrada. Ni un policía con un detenido pudieron salir. El incidente duró dos horas hasta que llegaron refuerzos.
Hay otros apuntes, como el día que tras una audiencia por el caso de La Manada hubo defensores que debieron escapar por techos y paredes.
No se trata sólo de la seguridad: la OJ de la capital del Chubut no tiene internet y su espacio principal es un garaje reacondicionado con tablones de madera para las partes.
En este escenario de infraestructura precaria, dos magistradas debieron compartir una oficina. Fue la solución más ingeniosa hasta que finalmente un espacio se pudo dividir a fuerza de durlock con la privacidad de decisión que corresponde para el cargo.
Lo paradójico es que en este escenario se juzgaron causas como El Embrujo y Revelación, que revelaron cómo se despilfarraron millones de pesos del Estado provincial.
Desde el Superior Tribunal de Justicia tampoco hubo respuestas a los pedidos de mejores condiciones de infraestructura.
Es que una cosa quizás hasta entendible era atender una circunscripción que trabajaba con jueces provenientes de Trelew y en ocasiones inclusive de Puerto Madryn.
Pero otra muy distinta es la Justicia Penal de una capital de provincia con tres juezas titulares hace más de un año, y con empleados que se esfuerzan al máximo para evitar dificultades con una agenda compleja de audiencias.
Ya no es concebible que una causa con varios participantes complique la logística o que sea difícil pensar en un juicio por jurados que fluya para los 12 ciudadanos.
Cuando no hay estructura ni atención adecuada todos y todas quedan en riesgo. Y la imagen del Poder Judicial y el servicio que debe prestar, un poco más herida.