A 53 años de la matanza que quebró la historia argentina
El 22 de agosto de 1972 la Marina fusiló a 19 militantes políticos en la Base Zar de Trelew. Fue la primera vez que para imponer un modelo de país se acudió al aniquilamiento de aquel que pensara distinto. Un episodio sangriento que sigue interpelando a la ciudadanía.
Ni tragedia ni intento de fuga ni romanticismo: este viernes se cumplen 53 años de la Masacre de Trelew, ensayo de lo que llegaría después. Los 19 fusilamientos del 22 de agosto de 1972 representan la mecánica que se echaría a andar con el Golpe Militar de 1976. O sea, la aniquilación sistemática sin juicio previo de todo adversario que pensara distinto, de modo de imponer un modelo social y económico de entrega del patrimonio nacional.
Primero fue el operativo del domingo 15 de agosto, cuando 25 presos políticos lograron escapar de la Unidad 6 de Rawson, un penal de máxima seguridad. Sólo 6 lograron llegar al Aeropuerto Viejo, secuestrar un avión y refugiarse en Chile. Eran los líderes guerrilleros Mario Roberto Santucho, Fernando Vaca Narvaja, Marcos Osatinsky, Roberto Quieto, Enrique Gorriarán Merlo y Domingo Menna.
Otros 19 militantes políticos tardaron demasiado y quedaron sitiados por la Policía y las Fuerzas Armadas. Negociaron un regreso a la U-6 sanos y salvos. Ese trato fue un engaño: el traslado cambió de rumbo y terminaron encarcelados en los calabozos de la Base Aeronaval Almirante Zar de Trelew.
Tras una semana de un encierro con alta tensión, el gobierno de facto de Alejandro Lanusse decidió disciplinar a la militancia de todo el país con un gesto contundente, una reprimenda por la fuga, un inesperado experimento de represión.
Así, la fría madrugada del 22 de agosto los presos fueron despertados y sacados de sus celdas por un grupo de al menos cuatro marinos: Luis Sosa, Emilio Del Real, Carlos Marandino y Roberto Bravo. No hubo aviso ni advertencia: abrieron fuego de metralla sobre los jóvenes indefensos. La mayoría murió en el acto, otros fueron rematados en el piso.
Eran Alejandro Ulla, Alfredo Kohan, Ana María Villarreal de Santucho, Carlos Alberto del Rey, Carlos Astudillo, Clarisa Lea Place, Eduardo Capello, Humberto Suárez, Humberto Toschi, José Ricardo Mena, María Angélica Sabelli, Mariano Pujadas, Mario Emilio Delfino, Miguel Ángel Polti, Rubén Pedro Bonnet y Susana Lesgart.
Sobrevivieron Alberto Miguel Camps, María Antonia Berger y Ricardo René Haidar. Alcanzaron a dar testimonio pero acabaron desaparecidos.
La versión oficial fue un intento de fuga reprimido por los militares. Nadie lo creyó porque los muertos no estaban armados y no tenían apoyo externo ni interno. Hasta donde pudo la Armada Argentina protegió nombres y destinos de los fusiladores.
Pero tras un trabajo judicial intenso y construido desde unos pocos documentos, en 2012 Sosa, Del Real y Marandino fueron hallados y condenados a prisión perpetua, en un histórico juicio oral y público en Rawson que declaró a la Masacre como un delito de lesa humanidad. En ese proceso fueron absueltos Rubén Paccagnini, exjefe de la Base, y Jorge Bautista, el enviado a Chubut que aquel agosto instruyó el sumario militar. De todos ellos, sólo Marandino sigue vivo y en detención domiciliaria.
En el caso de Bravo, se convirtió en un próspero empresario en Miami. En 2022 un grupo de familias de cuatro de los fusilados lo llevó a un juicio civil donde un jurado lo consideró responsable de la matanza y lo condenó a una reparación de 24 millones de dólares. En esas audiencias admitió haber apretado el gatillo esa madrugada.
El Gobierno de EE.UU. rechazó dos veces extraditar a Bravo para ser juzgado penalmente. En junio de este año el Juzgado Federal de Rawson inició un tercer intento. Aún no hay novedades. Para los familiares, sentarlo en el banquillo de los acusados en la capital chubutense sería un logro formidable y la manera de cerrar una etapa vital.
Mientras, la Masacre seguirá allí, interpelando las conciencias de todos los ciudadanos que creen en la construcción democrática y no en los arrebatos autoritarios para lograr un país en serio.
Los fusilamientos a sangre fría del 72 abrieron una herida que todavía late y se reproduce en los problemas de la actualidad. Aunque guste poco, la discusión social, histórica y económica está lejos de ser saldada. En ese sentido, hacerles justicia por completo a esos crímenes es un paso que nos debemos.
Fotos: Daniel Feldman/Archivo Jornada
Ni tragedia ni intento de fuga ni romanticismo: este viernes se cumplen 53 años de la Masacre de Trelew, ensayo de lo que llegaría después. Los 19 fusilamientos del 22 de agosto de 1972 representan la mecánica que se echaría a andar con el Golpe Militar de 1976. O sea, la aniquilación sistemática sin juicio previo de todo adversario que pensara distinto, de modo de imponer un modelo social y económico de entrega del patrimonio nacional.
Primero fue el operativo del domingo 15 de agosto, cuando 25 presos políticos lograron escapar de la Unidad 6 de Rawson, un penal de máxima seguridad. Sólo 6 lograron llegar al Aeropuerto Viejo, secuestrar un avión y refugiarse en Chile. Eran los líderes guerrilleros Mario Roberto Santucho, Fernando Vaca Narvaja, Marcos Osatinsky, Roberto Quieto, Enrique Gorriarán Merlo y Domingo Menna.
Otros 19 militantes políticos tardaron demasiado y quedaron sitiados por la Policía y las Fuerzas Armadas. Negociaron un regreso a la U-6 sanos y salvos. Ese trato fue un engaño: el traslado cambió de rumbo y terminaron encarcelados en los calabozos de la Base Aeronaval Almirante Zar de Trelew.
Tras una semana de un encierro con alta tensión, el gobierno de facto de Alejandro Lanusse decidió disciplinar a la militancia de todo el país con un gesto contundente, una reprimenda por la fuga, un inesperado experimento de represión.
Así, la fría madrugada del 22 de agosto los presos fueron despertados y sacados de sus celdas por un grupo de al menos cuatro marinos: Luis Sosa, Emilio Del Real, Carlos Marandino y Roberto Bravo. No hubo aviso ni advertencia: abrieron fuego de metralla sobre los jóvenes indefensos. La mayoría murió en el acto, otros fueron rematados en el piso.
Eran Alejandro Ulla, Alfredo Kohan, Ana María Villarreal de Santucho, Carlos Alberto del Rey, Carlos Astudillo, Clarisa Lea Place, Eduardo Capello, Humberto Suárez, Humberto Toschi, José Ricardo Mena, María Angélica Sabelli, Mariano Pujadas, Mario Emilio Delfino, Miguel Ángel Polti, Rubén Pedro Bonnet y Susana Lesgart.
Sobrevivieron Alberto Miguel Camps, María Antonia Berger y Ricardo René Haidar. Alcanzaron a dar testimonio pero acabaron desaparecidos.
La versión oficial fue un intento de fuga reprimido por los militares. Nadie lo creyó porque los muertos no estaban armados y no tenían apoyo externo ni interno. Hasta donde pudo la Armada Argentina protegió nombres y destinos de los fusiladores.
Pero tras un trabajo judicial intenso y construido desde unos pocos documentos, en 2012 Sosa, Del Real y Marandino fueron hallados y condenados a prisión perpetua, en un histórico juicio oral y público en Rawson que declaró a la Masacre como un delito de lesa humanidad. En ese proceso fueron absueltos Rubén Paccagnini, exjefe de la Base, y Jorge Bautista, el enviado a Chubut que aquel agosto instruyó el sumario militar. De todos ellos, sólo Marandino sigue vivo y en detención domiciliaria.
En el caso de Bravo, se convirtió en un próspero empresario en Miami. En 2022 un grupo de familias de cuatro de los fusilados lo llevó a un juicio civil donde un jurado lo consideró responsable de la matanza y lo condenó a una reparación de 24 millones de dólares. En esas audiencias admitió haber apretado el gatillo esa madrugada.
El Gobierno de EE.UU. rechazó dos veces extraditar a Bravo para ser juzgado penalmente. En junio de este año el Juzgado Federal de Rawson inició un tercer intento. Aún no hay novedades. Para los familiares, sentarlo en el banquillo de los acusados en la capital chubutense sería un logro formidable y la manera de cerrar una etapa vital.
Mientras, la Masacre seguirá allí, interpelando las conciencias de todos los ciudadanos que creen en la construcción democrática y no en los arrebatos autoritarios para lograr un país en serio.
Los fusilamientos a sangre fría del 72 abrieron una herida que todavía late y se reproduce en los problemas de la actualidad. Aunque guste poco, la discusión social, histórica y económica está lejos de ser saldada. En ese sentido, hacerles justicia por completo a esos crímenes es un paso que nos debemos.
Fotos: Daniel Feldman/Archivo Jornada