El Juzgado Federal N° 1, decidió prorrogar la intervención de la Cooperativa de Servicios Públicos, Consumo y Vivienda de Rawson Limitada por un plazo de 165 días. El juez Sastre resaltó los resultados positivos alcanzados para la normalización de la entidad.
El magistrado dispuso inicialmente la medida elaborando un profundo diagnóstico del estado de situación, políticas de desendeudamiento, el mantenimiento de la prestación de los servicios y el trabajo en conjunto con los organismos, reguladores, proveedores, usuarios.
Se ha destacado que el trabajo efectuado ha redundado en mejoras positivas que hace falta profundizar, trabajando conjuntamente con todos los actores.
Asimismo, para la próxima etapa ha indicado objetivos concretos como es proseguir en la mejora de la prestación de los servicios y los procesos internos de la entidad, sumado a la concreción de un plan de infraestructura, la continuidad de las auditorías que se encuentran en curso y la asignación de las responsabilidades por el grave estado de situación en que han dejado la entidad, escenario que llevó la Provincia y al Municipio a solicitar la intervención judicial.
El Juzgado Federal N° 1, decidió prorrogar la intervención de la Cooperativa de Servicios Públicos, Consumo y Vivienda de Rawson Limitada por un plazo de 165 días. El juez Sastre resaltó los resultados positivos alcanzados para la normalización de la entidad.
El magistrado dispuso inicialmente la medida elaborando un profundo diagnóstico del estado de situación, políticas de desendeudamiento, el mantenimiento de la prestación de los servicios y el trabajo en conjunto con los organismos, reguladores, proveedores, usuarios.
Se ha destacado que el trabajo efectuado ha redundado en mejoras positivas que hace falta profundizar, trabajando conjuntamente con todos los actores.
Asimismo, para la próxima etapa ha indicado objetivos concretos como es proseguir en la mejora de la prestación de los servicios y los procesos internos de la entidad, sumado a la concreción de un plan de infraestructura, la continuidad de las auditorías que se encuentran en curso y la asignación de las responsabilidades por el grave estado de situación en que han dejado la entidad, escenario que llevó la Provincia y al Municipio a solicitar la intervención judicial.