Vecina amenazada de muerte reclama respuestas a la Justicia

Una comerciante de Esquel, viene denunciando desde el mes de marzo que un sujeto, con problemas mentales, amenaza de muerte a sus dos hijas menores y a ella. Sin una respuesta concreta de la Justicia, se apersonó en la Fiscalía con un abogado, para reclamar medidas urgentes.

María José Roca repasó la situación que padece hace bastante tiempo, y que tiene como protagonista a un paciente psiquiátrico, con diagnóstico de “esquizofrenia, con alta peligrosidad para la sociedad, y no es un invento mío”.

Invocó hechos en los que estas personas tienen una obsesión y terminan matando a sus víctimas, y “quiere cumplir con eso. En una audiencia el juez José Luis Ennis me dijo que lo que yo exponía, este individuo se lo había transmitido. Entonces, mi pregunta es ¿Qué estamos esperando?”.

La comerciante recalcó que está tratando de prevenir una situación que podría ocurrir si no interviene como corresponde la Justicia. Añadió que el hombre es de Esquel, pero por periodos permanece internado en un centro privado de Trelew donde es asistido, y una psiquiatra le firma las autorizaciones para que viaje a la cordillera, cuando lo requiere.

En este contexto “Majo” Roca subrayó que el individuo es peligroso, y sus delirios sostiene que al ser descendiente de mapuches tiene libre acceso carnal a todas las mujeres, y “clientas y amigas de mi negocio me han comentado que ha caminado detrás de ellas y se les ha apoyado de atrás. Además es violento, les ha llegado a pegar y robar; ha roto vidrieras, golpea”. Contó también la vecina que la persona tiene 25 causas penales y sólo le falta un asesinato.

“No vivo”

Acerca de lo ocurrido en los últimos días, indicó que la fiscal de violencia de género, Rafaella Ríccono, le había adelantado que el mencionado individuo viajaría a Esquel, ya que está previsto que cada vez que se traslade desde Trelew, la psiquiatra que lo atiende debe informar, para que se disponga una consigna policial en la puerta de su comercio en la avenida Holdich, donde también es su domicilio particular.

“No vivo, no es vida para mi ni para mis hijas y la venimos pasando mal. Una de ellas tuvo una leve parálisis facial, y la otra se desmayó y se golpeó en la bañera, además de alterarse y ponerse mal”, enfatizó María José.

Aseguró que tienen miedo al salir, ella siente la sensación de que está encima persiguiéndola, y “no quiero más pasar esto”. Por estos días que está en la ciudad, como hay una consigna policial, el sujeto evita pasar por su local.

Roca se enteró el jueves del arribo del hombre, y al día siguiente fue a la Comisaría Segunda para hacer una denuncia y pedir la prohibición de acercamiento a sus hijas y a ella, porque tienen miedo. El policía que la recibió, se comunicó con la Fiscalía, y la funcionaria de turno, Dra. Sánchez Almirón, le dijo que no le tome la denuncia.

Sin denuncia

Le recomendaron comunicarse con el Dr. Juan Zapata, quien le sugirió que haga una presentación en la Comisaría de la Mujer, lo que hizo el sábado por la noche, y en esa dependencia consultaron a Fiscalía, y un funcionario de turno, el Dr. Kovacevich, lo mismo que habían respondido anteriormente, dispuso que no le tomen la denuncia, bajo el concepto que aún no sucedió nada.

“Cuántas mujeres han muerto esperando a ver qué pasa. ¿Quieren una foto junto al banco rojo antes que prevenir?”, preguntó la mujer muy molesta y siguió relatando que en la Comisaría de la Mujer, le ofrecieron llenar un formulario simple relacionado con estas circunstancias, pero cuando lo estaban completando, la comisario Sacco, jefa de la dependencia policial, se comunicó y pidió que no se haga nada.

María José, ante un panorama de violencia de género, solicitó se activara la prohibición de acercamiento, y la misma funcionaria policial le planteó que si no había pasado nada, para qué quería esa medida. Acerca de esta negativa, el Dr. Juan Zapata compartió con su clienta que se estaba pidiendo una medida cautelar, una prevención, más aún cuando hay menores involucradas en las amenazas que vierte el sujeto, y “la situación es grave”.

En este punto, el abogado mencionó un tratado internacional que se aplica, que plantea, “prevenir, erradicar y sancionar”, y “nosotros fuimos a pedir prevención, para que no ocurran otros casos, y hay menores que están padeciendo amenazas y violencia.

Explicó Zapata que si bien se dispone una consigna policial, esta medida es para custodiar la casa y el local comercial de María José Roca y nada más, cuando la familia tiene que salir, movilizarse, etc.

Un padecimiento

La vecina y sus hijas están padeciendo el acoso de alguien inimputable. Pero -señaló el letrado- por otro lado, estas personas son asistidas, bajan la violencia, pero las dejan ir nuevamente a la calle y cuando se les va el efecto de la medicación vuelven a tener un brote. Lamentó que al respecto, “el Estado no está haciendo absolutamente nada”.

Con la presentación de este martes en la Fiscalía, el Dr. Zapata afirmó que la fiscal Rafaella Ríccono les informó que dentro de quince días habrá una junta médica, para determinar si es pasible de detención el hombre. “Nos preocupa porque hay casos que termina con el resultado de una persona muerta”, acotó.

El abogado designado por María José, dio cuenta de comentarios que le llegan sobre la conducta del individuo, con acosos a mujeres, y hasta una funcionaria de la Fiscalía manifestó también haber sido acosada por la persona en cuestión.

Puntualizó Juan Zapata que lo único que han logrado por ahora es una consigna policial, y la prohibición de acercamiento. El abogado admitió que hubo celeridad en la aplicación de la medida de prohibición de acercamiento, pero advirtió que se debería haber dispuesto antes.

Violencia institucional

María José Roca remarcó que “me han revictimizado y he sufrido violencia institucional; es una vergüenza y un hecho gravísimo”, al tiempo que aseveró que “ninguna organización de mujeres se comunicó conmigo; estoy sola”.

Por su parte el Dr. Zapata, constituido como asesor técnico, recibirá el expediente de la Fiscalía, para repasarlo y hacer un seguimiento, puntualmente a lo que se arribe con la junta médica, con la expectativa que de ser necesario al sujeto lo imputen y lo detengan en última instancia, además de darle un tratamiento. Insistió el asesor letrado de la mujer, en que el Estado debe dar soluciones, porque aún no ha hecho nada, cuando es indiscutible que se defendida es la principal víctima.