La última de Sturzenegger: jubilación forzada para estatales mayores de 65 años
El ministro de Desregulación del Estado resolvió limitar a seis meses la renovación de contratos de empleados públicos en edad jubilatoria. Gremios advierten que miles podrían quedar sin trabajo ni jubilación y verse obligados a recurrir a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
La política de ajuste del Gobierno nacional vuelve a impactar de lleno en el empleo público. Esta semana se conoció una resolución del Ministerio de Desregulación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, que limita a seis meses la renovación de los contratos de trabajadores estatales mayores de 65 años, lo que en la práctica podría forzar su jubilación una vez vencido ese plazo.
La medida encendió la alarma en los organismos públicos y en los gremios del sector, que advierten que una parte significativa de estos empleados no reúne los años de aportes necesarios para acceder a una jubilación ordinaria. En esos casos, quedarían sin empleo y con la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) como única alternativa de ingreso.
El recorte se inscribe en un proceso más amplio de reducción del empleo estatal. Según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el Estado nacional cerró diciembre de 2025 con 280.120 trabajadores, lo que representa una caída interanual del 7,2%. En los dos primeros años de gobierno de La Libertad Avanza se eliminaron aproximadamente 63.234 puestos, una reducción del 18,4% de la planta del Sector Público Nacional, equivalente a casi 80 despidos por día.
Desde los gremios aseguran que esta pérdida de personal ya afecta el funcionamiento cotidiano de numerosos organismos. “Hay áreas con dotaciones por debajo del mínimo necesario para cumplir sus tareas”, señalan, y advierten que la salida de trabajadores experimentados profundizará ese problema.
La resolución establece que, para renovar contrataciones no permanentes, los organismos deberán presentar la constancia de intimación a jubilarse de quienes ya alcanzaron la edad legal. Según denunciaron las organizaciones sindicales, una porción de esos empleados no cumple con los requisitos previsionales, lo que les impediría acceder a un haber contributivo.
No es la primera medida en ese sentido. Meses atrás, el mismo ministerio intimó a jubilarse a unos 10.000 trabajadores estatales que sí reunían las condiciones para hacerlo, más de 6.800 de ellos pertenecientes a la planta permanente. Ahora, aunque no hay cifras oficiales sobre el alcance de la nueva disposición, los gremios anticipan un impacto “muy grave”.
Para quienes no logren renovar su contrato y no cuenten con los aportes necesarios, la alternativa es la PUAM, que equivale al 80% de la jubilación mínima y actualmente asciende a 279.443 pesos. La prestación no genera derecho a pensión por fallecimiento ni otorga los beneficios completos de una jubilación contributiva, y solo garantiza el acceso a PAMI.
La política de ajuste del Gobierno nacional vuelve a impactar de lleno en el empleo público. Esta semana se conoció una resolución del Ministerio de Desregulación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, que limita a seis meses la renovación de los contratos de trabajadores estatales mayores de 65 años, lo que en la práctica podría forzar su jubilación una vez vencido ese plazo.
La medida encendió la alarma en los organismos públicos y en los gremios del sector, que advierten que una parte significativa de estos empleados no reúne los años de aportes necesarios para acceder a una jubilación ordinaria. En esos casos, quedarían sin empleo y con la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) como única alternativa de ingreso.
El recorte se inscribe en un proceso más amplio de reducción del empleo estatal. Según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el Estado nacional cerró diciembre de 2025 con 280.120 trabajadores, lo que representa una caída interanual del 7,2%. En los dos primeros años de gobierno de La Libertad Avanza se eliminaron aproximadamente 63.234 puestos, una reducción del 18,4% de la planta del Sector Público Nacional, equivalente a casi 80 despidos por día.
Desde los gremios aseguran que esta pérdida de personal ya afecta el funcionamiento cotidiano de numerosos organismos. “Hay áreas con dotaciones por debajo del mínimo necesario para cumplir sus tareas”, señalan, y advierten que la salida de trabajadores experimentados profundizará ese problema.
La resolución establece que, para renovar contrataciones no permanentes, los organismos deberán presentar la constancia de intimación a jubilarse de quienes ya alcanzaron la edad legal. Según denunciaron las organizaciones sindicales, una porción de esos empleados no cumple con los requisitos previsionales, lo que les impediría acceder a un haber contributivo.
No es la primera medida en ese sentido. Meses atrás, el mismo ministerio intimó a jubilarse a unos 10.000 trabajadores estatales que sí reunían las condiciones para hacerlo, más de 6.800 de ellos pertenecientes a la planta permanente. Ahora, aunque no hay cifras oficiales sobre el alcance de la nueva disposición, los gremios anticipan un impacto “muy grave”.
Para quienes no logren renovar su contrato y no cuenten con los aportes necesarios, la alternativa es la PUAM, que equivale al 80% de la jubilación mínima y actualmente asciende a 279.443 pesos. La prestación no genera derecho a pensión por fallecimiento ni otorga los beneficios completos de una jubilación contributiva, y solo garantiza el acceso a PAMI.