De boca en boca
Nacho Torres va al choque con la Flota Amarilla, manejada por Gustavo González y Tato Cereseto: se vienen embargos por $ 1.200 millones. Provincia (y no Red Chamber) pagará indemnizaciones en la ex Alpesca. Poco serio: Massoni critica ahora los lomos de burro que él puso. Y más.
La pelea es a fondo y se juega en varios ring. El impacto que causó la denuncia contra el exfuncionario provincial hoy ligado a poderosos empresarios de la pesca, Gonzalo Carpintero, acusado de intentar coimear al sindicalista José Severiche (ATE Trelew) para causar caos e impedir el comienzo de clases, es apenas una arista de la disputa de fondo.
El gobernador Nacho Torres no ha dicho una sola palabra sobre el tema desde que estalló el caso, pero casi que no hizo falta porque algunos gestos no necesitan muchas explicaciones. Por ejemplo, mandó al titular de la agencia de recaudación provincial, Pablo Asnaghi, a salir de su habitual bajo perfil para endurecer al máximo la presión sobre la Flota Amarilla de Rawson, que justamente es manejada por dos empresarios puntuales: Gustavo González y Raúl Matías “Tato” Cereseto.
El segundo no está imputado de nada -por ahora- pero quedó pegado al tema Carpintero porque el allanamiento fue en oficinas de su propiedad en el barrio Santa Catalina de Trelew, en donde Carpintero trabaja.
Enojado por la exposición que tuvo, salió en las redes a cuestionar el tema y a pedir “derecho a réplica” a diestra y siniestra, aunque después bajó el tono porque su nombre salió en el programa de Eduardo Feinmann en América 24; en el stream Neura de Alejandro Fantino; en Infobae; en La Nación, en Clarín; en TN y en muchos otros medios nacionales que empiezan a mirar con atención los entretelones del negocio de la pesca en Chubut.
Más allá de ese entuerto que ahora debe dilucidarse en la Justicia, Torres encomendó a Asnaghi a poner fecha de vencimiento a una pulseada que escala semana a semana: si en siete días no cancelan $ 1.200 millones por el canon del langostino de noviembre y diciembre, la Agencia de Recaudación (ARECh) avanzará con ejecuciones fiscales y embargos contra los dueños de los barcos.
Asnaghi, expuso el malestar oficial sin eufemismos: la Flota Amarilla arrastra una deuda millonaria mientras el sector mueve más de $ 300.000 millones y la Provincia apenas percibe el 2% del canon. “Es casi irrisorio lo que le queda a Chubut”, disparó el funcionario, al tiempo que deslizó que en el empresariado pesquero hay “animosidad” política contra la gestión provincial.Los desencuentros entre viejos conocidos generaron expresiones de todo tipo: como la de la mayoría de los intendentes de la provincia (incluídos los peronista Sebastián Balochi -Sarmiento- y Luka Jones -28 de Julio-), que firmaron un duro documento respaldando a Torres en su cruzada contra los que quieren boicotear el comienzo de clases, y además dejaron escrito que cuestionaban las “prácticas mafiosas” en el sector de la pesca.
¿A quién o a quiénes se referían los jefes comunales? ¿Denunciarán en la Justicia a los “mafiosos” de la pesca, como sería su obligación?
Se vienen más rounds de una pelea de peso pesados.
Un convenio bajo la lupa
En la pesca parece haber varios frentes para el Gobierno provincial. Por ejemplo, el acuerdo indemnizatorio que impulsa Provincia para unos 45 trabajadores de la exAlpesca que no fueron reincorporados en medio de la salida de la española Profand y el regreso al control de la empresa de la norteamericana Red Chamber.
Según se sabe, el convenio prevé que el Estado pague las indemnizaciones y que los operarios extingan su vínculo laboral con la empresa y sus arrendatarias (o sea, Red Chamber). El STIA, el gremio de la alimentación, cuestiona cláusulas y pide cambios en plazos y garantías.
El modelo de contrato, suscripto por el Fiscal de Estado, Andrés Meiszner, el Comité de Administración designado por decreto, el secretario de Trabajo Nicolás Zárate, un representante sindical y cada trabajador con patrocinio letrado, se encuadra en el Artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo (distracto por voluntad concurrente).
En sus fundamentos, la Provincia señala que los operarios no fueron convocados por la empresa tras una evaluación negativa, lo que derivó en reclamos sindicales y en una afectación de la “paz social” que -según el texto- dificulta la explotación de los bienes expropiados de Alpesca y la continuidad de los puestos laborales.
Además, fija el pago de una indemnización total, única y definitiva, en dos cuotas: la primera a los 10 días de la homologación y ratificación por decreto; la segunda, a los 30 días del primer pago.
El convenio además dispone que el trabajador ceda a la Provincia cualquier crédito que pudiera corresponderle en el juicio de expropiación de Alpesca, habilitando al Estado a compensar las sumas abonadas. Incluye también una renuncia amplia y definitiva a todo reclamo administrativo o judicial contra Alpesca S.A., Red Chamber, Pesquera Deseado S.A.U. y la Provincia del Chubut, incluyendo salarios, diferencias, indemnizaciones, multas laborales o daños.
Un dato no menor: la salida indemnizatoria no será financiada por red Chamber sino por el Estado provincial.
Cambios en Red Chamber
Hablando de la firma de capitales norteamericanos conducida por ciudadanos de origen chino y radicada en California, en los últimos días se conoció una renovación del directorio de Red Chamber Argentina S.A., la filial argentina de la matriz californiana.
La Asamblea General Ordinaria designó autoridades hasta 2028. La conducción quedó a cargo de Ming Bin Kou como presidente, junto a dos directores titulares y un suplente.
Ming Bin Kou es el CEO de Red Chamber Co. en EE.UU. y figura como accionista de la filiar argentina, pero ahora además la presidirá.
Entre las nuevas autoridades legales no figura Marcelo Mou, otro ciudadano de origen chino que manejó los hilos de Red Chamber en Argentina, aunque se descuenta que seguirá ocupando algún rol dentro de la empresa.
La nueva conducción quedó integrada por Ming Bin Kou como director titular y presidente; Eduardo César Navarro y Luciano Taliercio como directores titulares; y Fernando Pablo Durantini como director suplente.
Payaso mediático
“La semana que viene iniciaremos con la colocación de 1.025 reductores de velocidad y la cartelería correspondiente. Hay una decisión política del intendente de trabajar sobre el mejoramiento de la circulación vehicular en la ciudad. La colocación de reductores ayudará en las calles en donde se registran accidentes viales o se sabe que se circula a una velocidad importante”.
La contundente frase fue pronunciada por el secretario de Obras y Servicios Públicos de Trelew pero no de ahora: el de 2014, que no era otro que el inefable Federico Massoni, por aquellos años ladero del entonces intendente Máximo Pérez Catán.
¿Por qué el recuerdo?: en los últimos días, el abogado, político y bufón mediático sacó a relucir varios videos en las redes sociales en el marco de su campaña a intendente. ¿Las propuestas? Sacar el estacionamiento medido y eliminar los lomos de burro y reductores de velocidad que él mismo hizo poner hace más de una década.
La caradurez de Massoni, que seguramente cree que los archivos se queman o eliminan, no tiene límites. Propone sacar lo que él mismo puso en su momento como una “genialidad” y, encima, asegura que a cambio implementará un sistema de fotomultas en toda la ciudad.
Es más, dijo que esa “licitación” se hará antes de que él asuma la intendencia… Los que lo conocen de muchos años aseguran que Massoni no da puntada sin hilo y que ya tendría un negocio armado con alguna empresa del rubro.
Como dicen algunos: “Más arreglado que pelea de payasos.”
Nueva deuda
La semana pasada, el Gobierno de Chubut dispuso la emisión de títulos de deuda por hasta 650 millones de dólares -o su equivalente en otras monedas- para su colocación en los mercados de capitales nacionales e internacionales.
La medida fue establecida por el Decreto N° 150, fechado el 5 de febrero de 2026. El decreto encomienda al Ministerio de Economía, a cargo de Miguel Arnaudo, a llevar adelante la operación financiera y, además, avanzar con la recompra total o parcial de deuda pública provincial actualmente en circulación.
Entre los instrumentos alcanzados se mencionan los Bonos para Obra Pública y Cancelación de Deudas de Chubut con vencimiento en 2030 (BOCADE), junto con otras obligaciones derivadas de operaciones de crédito público.
Según la norma, la recompra se financiará con los recursos provenientes de la colocación de los nuevos títulos, con el objetivo de reestructurar el perfil de vencimientos y condiciones de la deuda provincial.
Las características específicas de la emisión y el alcance de la recompra serán definidos mediante una resolución posterior del Ministerio de Economía.
Se viene el uranio
Jaguar Uranium cerró su OPI por US$ 25 millones y avanza en la exploración de uranio en Mendoza y Chubut. La compañía canadiense que ya opera en Argentina busca impulsar sus proyectos Huemul, Sierra Pintada, Laguna Salada y La Rosada con fondos destinados a exploración, desarrollo y pruebas metalúrgicas.
Según informó la compañía, los fondos se aplicarán a actividades de exploración, desarrollo de activos, mantenimiento de propiedades y fines corporativos generales. “Con esta financiación, Jaguar se encuentra ahora en una posición privilegiada para continuar la exploración en ambos proyectos, respaldada por un sólido conocimiento técnico histórico, con el objetivo de que cada proyecto llegue a una decisión final de producción”, señaló el CEO de la compañía, Steven Gold.
En Argentina, Jaguar concentra sus trabajos en la histórica mina Huemul y en el distrito Sierra Pintada, ambos en Mendoza. Pero también tiene serias intenciones en Chubut, en donde la empresa posee los activos Laguna Salada y La Rosada, que en conjunto cubren cerca de 300.000 hectáreas.
Allí se prevén pruebas metalúrgicas para confirmar niveles de recuperación comercial, mientras la firma destaca el potencial de exploración en objetivos cercanos como Susana y Buried Lake.
Chubut concentra 8 de los 17 proyectos de uranio del país, según datos de la Secretaría de Minería de la Nación.
Aguas revueltas
El Ente Provincial Regulador de los Servicios Públicos de Chubut (EPRESP) tendrá un cambio en su conducción con la designación de Pablo Aguas como nuevo interventor. El funcionario proviene de Servicoop, la distribuidora de energía de Puerto Madryn, donde se desempeñaba como responsable de Costos y Control de Gestión.
Aguas reemplazará a Javier Esteves, un licenciado en Administración -también de Puerto Madryn- que sólo estuvo 8 meses en el cargo.
Ni la salida de Esteves ni la designación de Aguas han sido confirmadas por decretos -al menos no se han publicado-, pero los trascendidos indican que la salida de Esteves se habría producido en un contexto de falta de apoyo político y ausencia de lineamientos claros desde el Gobierno provincial hacia el ente regulador.
La pelea es a fondo y se juega en varios ring. El impacto que causó la denuncia contra el exfuncionario provincial hoy ligado a poderosos empresarios de la pesca, Gonzalo Carpintero, acusado de intentar coimear al sindicalista José Severiche (ATE Trelew) para causar caos e impedir el comienzo de clases, es apenas una arista de la disputa de fondo.
El gobernador Nacho Torres no ha dicho una sola palabra sobre el tema desde que estalló el caso, pero casi que no hizo falta porque algunos gestos no necesitan muchas explicaciones. Por ejemplo, mandó al titular de la agencia de recaudación provincial, Pablo Asnaghi, a salir de su habitual bajo perfil para endurecer al máximo la presión sobre la Flota Amarilla de Rawson, que justamente es manejada por dos empresarios puntuales: Gustavo González y Raúl Matías “Tato” Cereseto.
El segundo no está imputado de nada -por ahora- pero quedó pegado al tema Carpintero porque el allanamiento fue en oficinas de su propiedad en el barrio Santa Catalina de Trelew, en donde Carpintero trabaja.
Enojado por la exposición que tuvo, salió en las redes a cuestionar el tema y a pedir “derecho a réplica” a diestra y siniestra, aunque después bajó el tono porque su nombre salió en el programa de Eduardo Feinmann en América 24; en el stream Neura de Alejandro Fantino; en Infobae; en La Nación, en Clarín; en TN y en muchos otros medios nacionales que empiezan a mirar con atención los entretelones del negocio de la pesca en Chubut.
Más allá de ese entuerto que ahora debe dilucidarse en la Justicia, Torres encomendó a Asnaghi a poner fecha de vencimiento a una pulseada que escala semana a semana: si en siete días no cancelan $ 1.200 millones por el canon del langostino de noviembre y diciembre, la Agencia de Recaudación (ARECh) avanzará con ejecuciones fiscales y embargos contra los dueños de los barcos.
Asnaghi, expuso el malestar oficial sin eufemismos: la Flota Amarilla arrastra una deuda millonaria mientras el sector mueve más de $ 300.000 millones y la Provincia apenas percibe el 2% del canon. “Es casi irrisorio lo que le queda a Chubut”, disparó el funcionario, al tiempo que deslizó que en el empresariado pesquero hay “animosidad” política contra la gestión provincial.Los desencuentros entre viejos conocidos generaron expresiones de todo tipo: como la de la mayoría de los intendentes de la provincia (incluídos los peronista Sebastián Balochi -Sarmiento- y Luka Jones -28 de Julio-), que firmaron un duro documento respaldando a Torres en su cruzada contra los que quieren boicotear el comienzo de clases, y además dejaron escrito que cuestionaban las “prácticas mafiosas” en el sector de la pesca.
¿A quién o a quiénes se referían los jefes comunales? ¿Denunciarán en la Justicia a los “mafiosos” de la pesca, como sería su obligación?
Se vienen más rounds de una pelea de peso pesados.
Un convenio bajo la lupa
En la pesca parece haber varios frentes para el Gobierno provincial. Por ejemplo, el acuerdo indemnizatorio que impulsa Provincia para unos 45 trabajadores de la exAlpesca que no fueron reincorporados en medio de la salida de la española Profand y el regreso al control de la empresa de la norteamericana Red Chamber.
Según se sabe, el convenio prevé que el Estado pague las indemnizaciones y que los operarios extingan su vínculo laboral con la empresa y sus arrendatarias (o sea, Red Chamber). El STIA, el gremio de la alimentación, cuestiona cláusulas y pide cambios en plazos y garantías.
El modelo de contrato, suscripto por el Fiscal de Estado, Andrés Meiszner, el Comité de Administración designado por decreto, el secretario de Trabajo Nicolás Zárate, un representante sindical y cada trabajador con patrocinio letrado, se encuadra en el Artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo (distracto por voluntad concurrente).
En sus fundamentos, la Provincia señala que los operarios no fueron convocados por la empresa tras una evaluación negativa, lo que derivó en reclamos sindicales y en una afectación de la “paz social” que -según el texto- dificulta la explotación de los bienes expropiados de Alpesca y la continuidad de los puestos laborales.
Además, fija el pago de una indemnización total, única y definitiva, en dos cuotas: la primera a los 10 días de la homologación y ratificación por decreto; la segunda, a los 30 días del primer pago.
El convenio además dispone que el trabajador ceda a la Provincia cualquier crédito que pudiera corresponderle en el juicio de expropiación de Alpesca, habilitando al Estado a compensar las sumas abonadas. Incluye también una renuncia amplia y definitiva a todo reclamo administrativo o judicial contra Alpesca S.A., Red Chamber, Pesquera Deseado S.A.U. y la Provincia del Chubut, incluyendo salarios, diferencias, indemnizaciones, multas laborales o daños.
Un dato no menor: la salida indemnizatoria no será financiada por red Chamber sino por el Estado provincial.
Cambios en Red Chamber
Hablando de la firma de capitales norteamericanos conducida por ciudadanos de origen chino y radicada en California, en los últimos días se conoció una renovación del directorio de Red Chamber Argentina S.A., la filial argentina de la matriz californiana.
La Asamblea General Ordinaria designó autoridades hasta 2028. La conducción quedó a cargo de Ming Bin Kou como presidente, junto a dos directores titulares y un suplente.
Ming Bin Kou es el CEO de Red Chamber Co. en EE.UU. y figura como accionista de la filiar argentina, pero ahora además la presidirá.
Entre las nuevas autoridades legales no figura Marcelo Mou, otro ciudadano de origen chino que manejó los hilos de Red Chamber en Argentina, aunque se descuenta que seguirá ocupando algún rol dentro de la empresa.
La nueva conducción quedó integrada por Ming Bin Kou como director titular y presidente; Eduardo César Navarro y Luciano Taliercio como directores titulares; y Fernando Pablo Durantini como director suplente.
Payaso mediático
“La semana que viene iniciaremos con la colocación de 1.025 reductores de velocidad y la cartelería correspondiente. Hay una decisión política del intendente de trabajar sobre el mejoramiento de la circulación vehicular en la ciudad. La colocación de reductores ayudará en las calles en donde se registran accidentes viales o se sabe que se circula a una velocidad importante”.
La contundente frase fue pronunciada por el secretario de Obras y Servicios Públicos de Trelew pero no de ahora: el de 2014, que no era otro que el inefable Federico Massoni, por aquellos años ladero del entonces intendente Máximo Pérez Catán.
¿Por qué el recuerdo?: en los últimos días, el abogado, político y bufón mediático sacó a relucir varios videos en las redes sociales en el marco de su campaña a intendente. ¿Las propuestas? Sacar el estacionamiento medido y eliminar los lomos de burro y reductores de velocidad que él mismo hizo poner hace más de una década.
La caradurez de Massoni, que seguramente cree que los archivos se queman o eliminan, no tiene límites. Propone sacar lo que él mismo puso en su momento como una “genialidad” y, encima, asegura que a cambio implementará un sistema de fotomultas en toda la ciudad.
Es más, dijo que esa “licitación” se hará antes de que él asuma la intendencia… Los que lo conocen de muchos años aseguran que Massoni no da puntada sin hilo y que ya tendría un negocio armado con alguna empresa del rubro.
Como dicen algunos: “Más arreglado que pelea de payasos.”
Nueva deuda
La semana pasada, el Gobierno de Chubut dispuso la emisión de títulos de deuda por hasta 650 millones de dólares -o su equivalente en otras monedas- para su colocación en los mercados de capitales nacionales e internacionales.
La medida fue establecida por el Decreto N° 150, fechado el 5 de febrero de 2026. El decreto encomienda al Ministerio de Economía, a cargo de Miguel Arnaudo, a llevar adelante la operación financiera y, además, avanzar con la recompra total o parcial de deuda pública provincial actualmente en circulación.
Entre los instrumentos alcanzados se mencionan los Bonos para Obra Pública y Cancelación de Deudas de Chubut con vencimiento en 2030 (BOCADE), junto con otras obligaciones derivadas de operaciones de crédito público.
Según la norma, la recompra se financiará con los recursos provenientes de la colocación de los nuevos títulos, con el objetivo de reestructurar el perfil de vencimientos y condiciones de la deuda provincial.
Las características específicas de la emisión y el alcance de la recompra serán definidos mediante una resolución posterior del Ministerio de Economía.
Se viene el uranio
Jaguar Uranium cerró su OPI por US$ 25 millones y avanza en la exploración de uranio en Mendoza y Chubut. La compañía canadiense que ya opera en Argentina busca impulsar sus proyectos Huemul, Sierra Pintada, Laguna Salada y La Rosada con fondos destinados a exploración, desarrollo y pruebas metalúrgicas.
Según informó la compañía, los fondos se aplicarán a actividades de exploración, desarrollo de activos, mantenimiento de propiedades y fines corporativos generales. “Con esta financiación, Jaguar se encuentra ahora en una posición privilegiada para continuar la exploración en ambos proyectos, respaldada por un sólido conocimiento técnico histórico, con el objetivo de que cada proyecto llegue a una decisión final de producción”, señaló el CEO de la compañía, Steven Gold.
En Argentina, Jaguar concentra sus trabajos en la histórica mina Huemul y en el distrito Sierra Pintada, ambos en Mendoza. Pero también tiene serias intenciones en Chubut, en donde la empresa posee los activos Laguna Salada y La Rosada, que en conjunto cubren cerca de 300.000 hectáreas.
Allí se prevén pruebas metalúrgicas para confirmar niveles de recuperación comercial, mientras la firma destaca el potencial de exploración en objetivos cercanos como Susana y Buried Lake.
Chubut concentra 8 de los 17 proyectos de uranio del país, según datos de la Secretaría de Minería de la Nación.
Aguas revueltas
El Ente Provincial Regulador de los Servicios Públicos de Chubut (EPRESP) tendrá un cambio en su conducción con la designación de Pablo Aguas como nuevo interventor. El funcionario proviene de Servicoop, la distribuidora de energía de Puerto Madryn, donde se desempeñaba como responsable de Costos y Control de Gestión.
Aguas reemplazará a Javier Esteves, un licenciado en Administración -también de Puerto Madryn- que sólo estuvo 8 meses en el cargo.
Ni la salida de Esteves ni la designación de Aguas han sido confirmadas por decretos -al menos no se han publicado-, pero los trascendidos indican que la salida de Esteves se habría producido en un contexto de falta de apoyo político y ausencia de lineamientos claros desde el Gobierno provincial hacia el ente regulador.