Caso Carpintero: la defensa pidió la nulidad de los operativos
Los abogados Ruffa y Pérez Galimberti explicaron que el denunciante Severiche es gremialista pero no funcionario público y aún si su relato fuera cierto, el delito de cohecho no puede existir. El fiscal Papini quedó fuera del caso.
Federico Ruffa y Alfredo Pérez Galimberti, abogados de Gonzalo Carpintero y Ricardo Traversini Loza respectivamente, pidieron que dos jueces revisen y declaren nulos los allanamientos, requisas y secuestros que ordenó la jueza Mirta del Valle Moreno tras la denuncia por cohecho del secretario general de ATE Trelew, José Severiche.
Según el escrito que ingresaron a la Oficina Judicial de Trelew, los hechos descriptos por el denunciante no configuran delito y por tanto, no hay nada para investigar.
Severiche había asegurado que Carpintero, con Traversini como intermediario, le había había ofrecido dinero a cambio de “generar quilombo” para evitar el inicio de las clases en Chubut este lunes 23.
“Incluso en el caso de ser veraces las afirmaciones del denunciante, se trataría de exhortaciones hechas por un particular a un sindicalista, manifestaciones que de ninguna manera pueden conformar el tipo penal de cohecho, como tampoco amenazas, coacción o cualquier otra figura del Código Penal”. Por eso la decisión de Moreno “es inválida por carecer de motivación, arbitraria e ilegal”.
Los defensores remarcaron que Severiche es empleado del Ministerio de Familia pero está licenciado desde que lo eligieron representante gremial. Para que sea cohecho, debería ser funcionario público en actividad. “Está acreditado por el mismo denunciante que las acciones que refiere se le pedían nada tenían que ver con sus encomiendas como empleado de Familia, funciones de las que hace muchos años se encuentra licenciado”.
“La denuncia de ninguna manera justificaba la injerencia en la persona, bienes y domicilios de los indicados. Severiche, que admite que es simplemente un empleado público en uso de licencia, de ninguna manera cumplía funciones estatales que pudiera hacer, retardar o dejar de hacer por una remuneración o promesa”.
“Si se creyera a pie juntillas en lo dicho por Severiche, se trataría de una diluida promesa (“hacemos paritarias”) de un incentivo por un hecho político –no funcional-, de los que la práctica política cotidiana está contaminada. Pero nunca podría dar pie a una investigación por el delito de cohecho”.
Papini, fuera del caso
Ruffa y Galimberti también recusaron a Lucas Papini, fiscal de la Unidad Anticorrupción, al recordar que fue compañero del gobernador Nacho Torres en la Escuela 712 de Trelew y compartieron equipo de rugby en Patoruzú Rugby Club. Además fue fiscal de Estado adjunto. Este vínculo con el mandatario afectaría su objetividad para seguir en el caso. Por este motivo, la única que seguirá a cargo de la investigación será la jefa de la UA, Julieta Gamarra.
Federico Ruffa y Alfredo Pérez Galimberti, abogados de Gonzalo Carpintero y Ricardo Traversini Loza respectivamente, pidieron que dos jueces revisen y declaren nulos los allanamientos, requisas y secuestros que ordenó la jueza Mirta del Valle Moreno tras la denuncia por cohecho del secretario general de ATE Trelew, José Severiche.
Según el escrito que ingresaron a la Oficina Judicial de Trelew, los hechos descriptos por el denunciante no configuran delito y por tanto, no hay nada para investigar.
Severiche había asegurado que Carpintero, con Traversini como intermediario, le había había ofrecido dinero a cambio de “generar quilombo” para evitar el inicio de las clases en Chubut este lunes 23.
“Incluso en el caso de ser veraces las afirmaciones del denunciante, se trataría de exhortaciones hechas por un particular a un sindicalista, manifestaciones que de ninguna manera pueden conformar el tipo penal de cohecho, como tampoco amenazas, coacción o cualquier otra figura del Código Penal”. Por eso la decisión de Moreno “es inválida por carecer de motivación, arbitraria e ilegal”.
Los defensores remarcaron que Severiche es empleado del Ministerio de Familia pero está licenciado desde que lo eligieron representante gremial. Para que sea cohecho, debería ser funcionario público en actividad. “Está acreditado por el mismo denunciante que las acciones que refiere se le pedían nada tenían que ver con sus encomiendas como empleado de Familia, funciones de las que hace muchos años se encuentra licenciado”.
“La denuncia de ninguna manera justificaba la injerencia en la persona, bienes y domicilios de los indicados. Severiche, que admite que es simplemente un empleado público en uso de licencia, de ninguna manera cumplía funciones estatales que pudiera hacer, retardar o dejar de hacer por una remuneración o promesa”.
“Si se creyera a pie juntillas en lo dicho por Severiche, se trataría de una diluida promesa (“hacemos paritarias”) de un incentivo por un hecho político –no funcional-, de los que la práctica política cotidiana está contaminada. Pero nunca podría dar pie a una investigación por el delito de cohecho”.
Papini, fuera del caso
Ruffa y Galimberti también recusaron a Lucas Papini, fiscal de la Unidad Anticorrupción, al recordar que fue compañero del gobernador Nacho Torres en la Escuela 712 de Trelew y compartieron equipo de rugby en Patoruzú Rugby Club. Además fue fiscal de Estado adjunto. Este vínculo con el mandatario afectaría su objetividad para seguir en el caso. Por este motivo, la única que seguirá a cargo de la investigación será la jefa de la UA, Julieta Gamarra.