La Asociación de la Magistratura Funcionariado Judicial de Chubut se refirió al video que se viralizó (en el que se involucraría a una fiscal y a dos abogados recibiendo dinero a cambio de bajarle la pena a un condenado), en el que expresó “su profunda preocupación. Y que, de confirmarse su autenticidad, podrían revelar la comisión de graves delitos contra la administración pública”.
Indica además el texto que “la eventual participación de personas pertenecientes al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo otorga a estos hechos una gravedad institucional que no puede ser minimizada, por cuanto compromete la confianza pública en las instituciones afecta directamente el funcionamiento del sistema democrático y del Estado de Derecho”.
Asimismo, revelan que “frente a ello, el Poder Judicial tiene la enorme responsabilidad institucional de investigar y esclarecer con celeridad, independencia y rigor lo sucedido, garantizando que cualquier conducta contraria a la ley, tenga las consecuencias que el ordenamiento jurídico prevé”, afirman.
Y agregan: “La transparencia, la independencia judicial y la integridad en el ejercicio de la función pública son condiciones indispensables para sostener la legitimidad del sistema de justicia. En este sentido, la Asociación viene advirtiendo sobre los graves riesgos que implica la intromisión de la política en el sistema judicial y reafirma la necesidad urgente de fortalecer los estándares éticos de la Magistratura”.
Para finalizar, manifiestan que “con ese objetivo, recientemente hemos iniciado el proceso de redacción del Código de Ética Judicial cuya dirección está a cargo del prestigioso jurista y académico Armando Andruet y en el que estarán invitados a participar los distintos actores judiciales, de los demás poderes del Estado y representantes de la sociedad civil”.

La Asociación de la Magistratura Funcionariado Judicial de Chubut se refirió al video que se viralizó (en el que se involucraría a una fiscal y a dos abogados recibiendo dinero a cambio de bajarle la pena a un condenado), en el que expresó “su profunda preocupación. Y que, de confirmarse su autenticidad, podrían revelar la comisión de graves delitos contra la administración pública”.
Indica además el texto que “la eventual participación de personas pertenecientes al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo otorga a estos hechos una gravedad institucional que no puede ser minimizada, por cuanto compromete la confianza pública en las instituciones afecta directamente el funcionamiento del sistema democrático y del Estado de Derecho”.
Asimismo, revelan que “frente a ello, el Poder Judicial tiene la enorme responsabilidad institucional de investigar y esclarecer con celeridad, independencia y rigor lo sucedido, garantizando que cualquier conducta contraria a la ley, tenga las consecuencias que el ordenamiento jurídico prevé”, afirman.
Y agregan: “La transparencia, la independencia judicial y la integridad en el ejercicio de la función pública son condiciones indispensables para sostener la legitimidad del sistema de justicia. En este sentido, la Asociación viene advirtiendo sobre los graves riesgos que implica la intromisión de la política en el sistema judicial y reafirma la necesidad urgente de fortalecer los estándares éticos de la Magistratura”.
Para finalizar, manifiestan que “con ese objetivo, recientemente hemos iniciado el proceso de redacción del Código de Ética Judicial cuya dirección está a cargo del prestigioso jurista y académico Armando Andruet y en el que estarán invitados a participar los distintos actores judiciales, de los demás poderes del Estado y representantes de la sociedad civil”.