Una jueza pidió que el procurador revise la conducta de dos fiscales
Se trata de Nicolás Vasiliev y Carlos Díaz Mayer, de Lago Puelo. Durante más de un año investigaron a dos exfuncionarios de Servicios Públicos pero al no hallar delito, debieron pedir que los sobresean. La defensa solicitó que se investigue su conducta en la causa.
La jueza de Lago Puelo Silvana Vélez elevó al procurador general Jorge Miquelarena los casos de los fiscales de esa localidad Nicolás Vasiliev y de su jefe Carlos Díaz Mayer, por su presunta actuación irregular en una causa que involucró a dos exfuncionarios que terminaron sobreseídos.
Se trata de Mauro Palma y Marcelo Mamolitti, que fueron investigados por negociaciones incompatibles con su función pública entre 2015 y 2024. Palma era jefe de la Delegación Noroeste de la Dirección General de Servicios Públicos. Mamolitti fue director general y subsecretario de Servicios Públicos.
Los acusaban de aprovecharse del cargo para concretar una serie de contrataciones que les dejaban beneficios personales.
A Palma lo defendieron Hugo Cancino y Federico Ruffa; a Mamolitti, Alfredo Pérez Galimberti, quienes advirtieron a la jueza sobre la actuación de los fiscales en el caso.
Tras 13 meses de pesquisa la propia Fiscalía debió pedir el sobreseimiento por no haber hallado evidencia de algún delito.
Galimberti explicó que en la última audiencia ambos acusados hablaron. “Contaron su padecimiento porque Palma pasó 6 días preso y prácticamente incomunicado y Mamolitti, que padece presión y diabetes, fue sacado con esposas para grabar un spot que se difundió en todo Chubut”.
Ruffa le pidió a la jueza Vélez elevar las actuaciones al procurador para investigar un posible prevaricato de ambos fiscales.
“En el proceso allanaron a otras 10 personas y les secuestraron los celulares sin imputación –dijo Galimberti-. La jueza les dio vía libre sin control a la Fiscalía”.
El defensor describió que según la versión del Ministerio Público Fiscal “tenían a una serie de víctimas haciendo cola, a otras 19 personas bajo investigación y los testimonios del exfiscal de Estado Andrés Giacomone, de Rodrigo Miquelarena y del intendente de El Hoyo César Salamín, de donde surgían las maniobras”.
Estos testimonios se pidieron y nunca aparecieron en el legajo pese a las prórrogas de plazos que los investigadores consiguieron. Incluso, Giacomone dijo nunca haber prestado declaración.
“Ruffa pidió que se investigue un posible prevaricato por mentir en el proceso: los fiscales no tenían nada y armaron una especulación montada en una operación política luego de que el Ejecutivo se enojara con Palma por decir en un reportaje que a Servicios Públicos no le proveían insumos”.
Hubo 149 aparatos electrónicos secuestrados entre teléfonos y computadoras. Fiscalía nunca los pudo abrir por falta de fundamentos. Hasta se llevaron equipos de una emisora de radio de Mamolitti en Playa Magagna y las computadoras de los clientes que un empleado de SP reparaba en su tiempo libre.
La jueza de Lago Puelo Silvana Vélez elevó al procurador general Jorge Miquelarena los casos de los fiscales de esa localidad Nicolás Vasiliev y de su jefe Carlos Díaz Mayer, por su presunta actuación irregular en una causa que involucró a dos exfuncionarios que terminaron sobreseídos.
Se trata de Mauro Palma y Marcelo Mamolitti, que fueron investigados por negociaciones incompatibles con su función pública entre 2015 y 2024. Palma era jefe de la Delegación Noroeste de la Dirección General de Servicios Públicos. Mamolitti fue director general y subsecretario de Servicios Públicos.
Los acusaban de aprovecharse del cargo para concretar una serie de contrataciones que les dejaban beneficios personales.
A Palma lo defendieron Hugo Cancino y Federico Ruffa; a Mamolitti, Alfredo Pérez Galimberti, quienes advirtieron a la jueza sobre la actuación de los fiscales en el caso.
Tras 13 meses de pesquisa la propia Fiscalía debió pedir el sobreseimiento por no haber hallado evidencia de algún delito.
Galimberti explicó que en la última audiencia ambos acusados hablaron. “Contaron su padecimiento porque Palma pasó 6 días preso y prácticamente incomunicado y Mamolitti, que padece presión y diabetes, fue sacado con esposas para grabar un spot que se difundió en todo Chubut”.
Ruffa le pidió a la jueza Vélez elevar las actuaciones al procurador para investigar un posible prevaricato de ambos fiscales.
“En el proceso allanaron a otras 10 personas y les secuestraron los celulares sin imputación –dijo Galimberti-. La jueza les dio vía libre sin control a la Fiscalía”.
El defensor describió que según la versión del Ministerio Público Fiscal “tenían a una serie de víctimas haciendo cola, a otras 19 personas bajo investigación y los testimonios del exfiscal de Estado Andrés Giacomone, de Rodrigo Miquelarena y del intendente de El Hoyo César Salamín, de donde surgían las maniobras”.
Estos testimonios se pidieron y nunca aparecieron en el legajo pese a las prórrogas de plazos que los investigadores consiguieron. Incluso, Giacomone dijo nunca haber prestado declaración.
“Ruffa pidió que se investigue un posible prevaricato por mentir en el proceso: los fiscales no tenían nada y armaron una especulación montada en una operación política luego de que el Ejecutivo se enojara con Palma por decir en un reportaje que a Servicios Públicos no le proveían insumos”.
Hubo 149 aparatos electrónicos secuestrados entre teléfonos y computadoras. Fiscalía nunca los pudo abrir por falta de fundamentos. Hasta se llevaron equipos de una emisora de radio de Mamolitti en Playa Magagna y las computadoras de los clientes que un empleado de SP reparaba en su tiempo libre.