Futaleufú, la chispa que encendió un imperio de aluminio y genera un debate
Impulsada desde los años 50 y concretada en 1978 para abastecer a Aluar, la represa nació de una idea clave en 1968 y se convirtió en uno de los pilares del sistema eléctrico argentino. Hoy, su concesión, costos, impacto y control vuelven al centro del debate.
Por Juan Miguel Bigrevich / Redacción Jornada
Nació como nacen las grandes cosas. Sin planos definitivos, sin ceremonias, sin discursos. Apenas una lapicera apurada, una servilleta manchada y dos rondas de café que humeaban como presagio. En una mesa cualquiera, en un instante fugaz, alguien vio lo que otros no: un río convertido en poder, una cordillera transformada en motor, una Patagonia capaz de electrificar su propio destino.
Así empezó Futaleufú. No con cemento, sino con imaginación. No con máquinas, sino con una idea que ardía.
Cincuenta y cinco kilómetros de cable por cada sueño, quinientos cincuenta kilómetros de un cordón umbilical que ataría la montaña con el mar, la energía con la industria, la promesa con la historia. Porque no se trataba solo de una represa: era una declaración de ambición en una tierra acostumbrada a sobrevivir, no a liderar.
El río, indomable durante siglos, fue domado. Se levantó un muro de 120 metros como si la Patagonia decidiera, de una vez por todas, plantarse frente al viento y decir “hasta acá”. Y del otro lado, en Puerto Madryn, el aluminio comenzó a latir como un corazón nuevo, pesado, brillante, estratégico.
Pero toda épica tiene su sombra.
A 48 años de su inauguración, la Central Hidroeléctrica Futaleufú se mantiene como una de las obras energéticas más importantes de la Argentina y un punto neurálgico para la provincia de Chubut, tanto por su aporte a la matriz eléctrica como por las discusiones vigentes en torno a su control, concesión y distribución de beneficios.
El origen
El origen del proyecto se remonta a comienzos del siglo XX. En 1911, el ingeniero estadounidense Bailey Willis, contratado por el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, realizó los primeros relevamientos sobre las cuencas hídricas de la Patagonia, identificando el potencial energético de la región. Sin embargo, no fue hasta 1953, durante el segundo gobierno de Juan Domingo Perón, que el Estado nacional comenzó a impulsar políticas orientadas al aprovechamiento de los recursos hídricos en todo el país y particularmente en el sur.
El impulso definitivo llegó en la década del 60. En 1967 se creó la Comisión Permanente de Estado de los Metales Livianos (COPEDESMEL), integrada por representantes de la Fuerza Aérea Argentina —entre ellos el comodoro Sergio Aguirre y el brigadier Jorge Ballesteros— junto a técnicos y funcionarios como los ingenieros Picciardi y Brennan. El objetivo era desarrollar una base energética que permitiera la instalación de una industria del aluminio en el país.
En ese contexto, se evaluaron distintas alternativas. Primero se analizó la generación térmica a partir del carbón de Río Turbio, pero los altos costos y la distancia a un puerto adecuado hicieron inviable el proyecto. Luego se consideró el Dique Florentino Ameghino, aunque su capacidad tampoco resultaba suficiente.
El punto de inflexión ocurrió el 21 de marzo de 1968, en la confitería del Touring Club de Trelew. Allí, el ingeniero Oscar Camilo Vives presentó ante una comisión interdisciplinaria una propuesta para aprovechar el caudal del río Futaleufú y vincularlo con la instalación de una planta de aluminio en Puerto Madryn. En un encuentro breve -con una lapicera, un papel y dos rondas de café-, logró convencer a los funcionarios sobre la viabilidad técnica y económica del proyecto, que desde entonces comenzó a tomar forma concreta.
El 1° de julio de 1969, bajo la presidencia de facto de Juan Carlos Onganía, el ministro de Economía José María Dagnino Pastore firmó el decreto que dio inicio a la obra. El plan contemplaba no solo la construcción de la represa, sino también la creación de un polo industrial en Puerto Madryn, con proyecciones de producción de hasta 140.000 toneladas de aluminio para abastecer el mercado interno y generar excedentes exportables.
Las promesas incluían la generación de empleo —unos 2.000 puestos en Esquel y otros tantos en Puerto Madryn— y la provisión de energía a bajo costo para toda la provincia. En ese momento, la ciudad costera contaba con poco más de 4.000 habitantes, lo que marcaba la magnitud del cambio proyectado.
El 17 de noviembre de 1970 se realizó la apertura de la licitación de la presa, que contemplaba una estructura de 120 metros de altura y 600 metros de longitud. El sistema se integraría a una red interconectada de 132 kW, con una subestación en Puerto Madryn y dos líneas de alta tensión destinadas a abastecer a la planta de Aluar.
La obra formó parte del Plan Energético Nacional, con proyecciones entre 1977 y el año 2000, orientado a sustituir el uso de combustibles fósiles como el gas y el petróleo mediante la generación hidroeléctrica. En términos económicos, se estimaba una producción inicial de 50.000 toneladas de aluminio con costos energéticos competitivos, inferiores a las 7 milésimas de dólar por kilovatio.
La inauguración oficial se llevó a cabo el 18 de abril de 1978 con la presencia del entonces presidente de facto Jorge Rafael Videla, acompañado por funcionarios nacionales como el titular de Agua y Energía, Aníbal Blanco, y autoridades provinciales, entre ellas el gobernador Julio César Etchegoyen. El acto contó también con la participación de representantes del ámbito económico y político.
Ese día estuvieron la cinta, los discursos, la escenografía del poder. Videla, aterrizó a las 12:20 y partió a las 16:15. Entre los que estaban, emergió la figura del secretario de Hacienda, Juan Alemann, quien dejó una frase que todavía resuena: “Si la tienen al lado no es justo que abonen lo mismo que las zonas más alejadas”. Una lógica que prometía equidad, pero que con el tiempo se volvió ironía.
Sí, Alemann, el mismo que sufrió un atentado con un explosivo en el mismo momento que Leopoldo Jacinto Luque convirtiera el cuarto gol ante Perú para sellar la clasificación a la final del Mundial de fútbol meses después y que de acuerdo a su testimonio fue por represalia ante su oposición a ese evento internacional.
Tarifas diferenciales
Por ello, durante esos años surgieron expectativas en distintas localidades de Chubut, especialmente en la zona cordillerana. Vecinos de Esquel, como el comerciante Antonio de Godos, planteaban la necesidad de contar con tarifas eléctricas diferenciales, teniendo en cuenta la cercanía con la fuente de generación. Sin embargo, desde el gobierno nacional se relativizó esa posibilidad, lo que marcó uno de los primeros puntos de tensión en torno al proyecto.
La obra también fue objeto de cuestionamientos desde sus inicios. En 1974, el entonces senador nacional Hipólito Solari Yrigoyen impulsó en el Congreso la creación de una comisión investigadora para analizar los costos del emprendimiento. Según detalló, la represa demandó una inversión de 110 millones de dólares, de los cuales 55 millones fueron aportados por el Estado y el resto financiado mediante préstamos internacionales con tasas de interés del 8% anual.
Además, el Estado nacional financió otras obras complementarias, como el tendido de líneas de alta tensión y la construcción del puerto de aguas profundas en Puerto Madryn, con un costo estimado entre 8 y 10 millones de dólares. También cedió unas 200 hectáreas a la empresa Aluar para su instalación.
En la actualidad, Futaleufú continúa siendo una pieza clave del sistema energético argentino. Sin embargo, persiste una contradicción: más de 600.000 personas en la provincia enfrentan dificultades de acceso al servicio o tarifas elevadas, lo que ha reavivado los reclamos por una distribución más equitativa de los recursos.
El esquema de concesión es otro de los ejes del debate. La central es operada por la empresa Hidroeléctrica Futaleufú, cuyo paquete accionario mayoritario (60,2%) pertenece al Grupo Aluar, mientras que el Estado provincial posee el 33,51%. El vencimiento del contrato, previsto originalmente para octubre de 2025 y luego prorrogado, generó nuevas discusiones sobre el futuro de la represa.
En este contexto, el gobernador Nacho Torres presentó una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el objetivo de que Chubut tenga plena potestad sobre la concesión, prórroga o eventual licitación de la central, en línea con lo establecido por la Constitución Nacional de 1994, que reconoce a las provincias el dominio de sus recursos naturales. Sin embargo, no hubo respuesta y a pesar de vencer la concesión la larga prórroga de una auditoria sigue generando preguntas, casi medio siglo después. ¿Quién decide sobre Futaleufú? ¿La Nación? ¿La provincia? ¿El mercado?
A lo largo de su historia, Futaleufú ha sido mucho más que una obra de infraestructura: es un símbolo del desarrollo industrial, un motor energético y, al mismo tiempo, un foco permanente de debate político, económico y social.
A 48 años de su puesta en funcionamiento, la represa sigue siendo clave para el presente y el futuro de la región, en un escenario donde la discusión sobre soberanía energética, federalismo y distribución de la riqueza continúa abierta.
La “cuestión Futaleufú” nunca fue solo técnica. Ya en los años 70 generaba críticas. Solari Yrigoyen pedía una comisión investigadora y advertía que estaban en juego cientos de millones de dólares. No se equivocaba. Lo que estaba en juego era, y sigue siendo, el control de la energía, ese recurso invisible que define el poder real.
Mientras tanto, el mundo seguía girando aquel abril del 78. Juan Domingo “Mingo” Malvárez dominaba el boxeo Pluma. Jacobo Timerman conseguía arresto domiciliario. La selección argentina vencía a Irlanda en la cancha de Boca. En Italia, Aldo Moro era buscado desesperadamente por las Brigadas Rojas. Y en medio de todo eso, en un rincón de la Patagonia, un río dejaba de ser libre para convertirse en motor.
Con Futaleufú se prometió energía barata. Se prometió desarrollo. Se prometió futuro. Y sin embargo, décadas después, la paradoja sigue latiendo como una herida abierta. Una provincia que genera energía para millones, pero donde miles todavía pagan caro, demasiado caro, el privilegio de vivir sobre la fuente.
El río sigue corriendo, aunque ahora lo haga obediente. La represa sigue en pie, como un monumento a lo que pudo ser y a lo que aún está en disputa. Porque Futaleufú no es pasado; es territorio en tensión. Es poder en discusión. Es la pregunta incómoda que nadie logra cerrar.
¿De quién es la energía?
¿De quién es el agua?
¿De quién es, en definitiva, la Patagonia?
Hoy, a 48 años de aquella inauguración, la servilleta ya no existe. El café se enfrió hace décadas. Pero la idea… la idea sigue ardiendo.
Y tal vez, como en aquel marzo del 68, todo vuelva a definirse otra vez en media hora. Con otra lapicera. En otra mesa. Pero con la misma urgencia. Decidir si Futaleufú será, de una vez por todas, la fuerza de su pueblo o apenas la sombra de una oportunidad perdida.
Crédito histórico
El consultor energético Marcos Rebasa, integrante del Instituto Scalabrini Ortiz, analizó la evolución de la soberanía energética en Argentina y puso el foco en el rol estratégico de Chubut en el aprovechamiento de sus recursos naturales.
Durante su charla con Jornada Medios, Rebasa recordó que la Reforma constitucional argentina de 1994 estableció en su articulado que el dominio originario de los recursos naturales corresponde a las provincias, otorgándoles la potestad de administración. Asimismo, destacó la importancia del artículo 41°, que fija las bases para la protección del ambiente y el uso racional de los recursos con una mirada hacia las generaciones futuras.
En relación al desarrollo energético en la región, el especialista repasó el origen de la central hidroeléctrica de Futaleufú, cuyo impulso se remonta a la década de 1970 a partir de una necesidad estratégica vinculada a la producción de aluminio y a la defensa nacional, en un contexto de tensiones internacionales. La planta industrial fue localizada en Puerto Madryn, lo que requirió garantizar el abastecimiento energético desde la cordillera.
Rebasa explicó que el desarrollo del complejo hidroeléctrico se dio en el marco de un acuerdo entre la Nación y Chubut, que incluyó un contrato de concesión a 30 años —vencido en 2025— y contemplaba la asignación de una porción de energía para uso local. Este punto, según remarcó, resulta clave para el presente y futuro de la provincia.
En ese sentido, indicó que, pese a los compromisos asumidos, las condiciones para garantizar una tarifa energética diferencial para Chubut nunca se concretaron. Esto generó, según su interpretación, un “crédito histórico” a favor del Estado provincial, basado en antecedentes documentales y acuerdos incumplidos.
Finalmente, sostuvo que este escenario abre la posibilidad de que la provincia avance en un mayor control y aprovechamiento de sus recursos energéticos, lo que podría traducirse en un fortalecimiento de su soberanía energética.
Por Juan Miguel Bigrevich / Redacción Jornada
Nació como nacen las grandes cosas. Sin planos definitivos, sin ceremonias, sin discursos. Apenas una lapicera apurada, una servilleta manchada y dos rondas de café que humeaban como presagio. En una mesa cualquiera, en un instante fugaz, alguien vio lo que otros no: un río convertido en poder, una cordillera transformada en motor, una Patagonia capaz de electrificar su propio destino.
Así empezó Futaleufú. No con cemento, sino con imaginación. No con máquinas, sino con una idea que ardía.
Cincuenta y cinco kilómetros de cable por cada sueño, quinientos cincuenta kilómetros de un cordón umbilical que ataría la montaña con el mar, la energía con la industria, la promesa con la historia. Porque no se trataba solo de una represa: era una declaración de ambición en una tierra acostumbrada a sobrevivir, no a liderar.
El río, indomable durante siglos, fue domado. Se levantó un muro de 120 metros como si la Patagonia decidiera, de una vez por todas, plantarse frente al viento y decir “hasta acá”. Y del otro lado, en Puerto Madryn, el aluminio comenzó a latir como un corazón nuevo, pesado, brillante, estratégico.
Pero toda épica tiene su sombra.
A 48 años de su inauguración, la Central Hidroeléctrica Futaleufú se mantiene como una de las obras energéticas más importantes de la Argentina y un punto neurálgico para la provincia de Chubut, tanto por su aporte a la matriz eléctrica como por las discusiones vigentes en torno a su control, concesión y distribución de beneficios.
El origen
El origen del proyecto se remonta a comienzos del siglo XX. En 1911, el ingeniero estadounidense Bailey Willis, contratado por el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, realizó los primeros relevamientos sobre las cuencas hídricas de la Patagonia, identificando el potencial energético de la región. Sin embargo, no fue hasta 1953, durante el segundo gobierno de Juan Domingo Perón, que el Estado nacional comenzó a impulsar políticas orientadas al aprovechamiento de los recursos hídricos en todo el país y particularmente en el sur.
El impulso definitivo llegó en la década del 60. En 1967 se creó la Comisión Permanente de Estado de los Metales Livianos (COPEDESMEL), integrada por representantes de la Fuerza Aérea Argentina —entre ellos el comodoro Sergio Aguirre y el brigadier Jorge Ballesteros— junto a técnicos y funcionarios como los ingenieros Picciardi y Brennan. El objetivo era desarrollar una base energética que permitiera la instalación de una industria del aluminio en el país.
En ese contexto, se evaluaron distintas alternativas. Primero se analizó la generación térmica a partir del carbón de Río Turbio, pero los altos costos y la distancia a un puerto adecuado hicieron inviable el proyecto. Luego se consideró el Dique Florentino Ameghino, aunque su capacidad tampoco resultaba suficiente.
El punto de inflexión ocurrió el 21 de marzo de 1968, en la confitería del Touring Club de Trelew. Allí, el ingeniero Oscar Camilo Vives presentó ante una comisión interdisciplinaria una propuesta para aprovechar el caudal del río Futaleufú y vincularlo con la instalación de una planta de aluminio en Puerto Madryn. En un encuentro breve -con una lapicera, un papel y dos rondas de café-, logró convencer a los funcionarios sobre la viabilidad técnica y económica del proyecto, que desde entonces comenzó a tomar forma concreta.
El 1° de julio de 1969, bajo la presidencia de facto de Juan Carlos Onganía, el ministro de Economía José María Dagnino Pastore firmó el decreto que dio inicio a la obra. El plan contemplaba no solo la construcción de la represa, sino también la creación de un polo industrial en Puerto Madryn, con proyecciones de producción de hasta 140.000 toneladas de aluminio para abastecer el mercado interno y generar excedentes exportables.
Las promesas incluían la generación de empleo —unos 2.000 puestos en Esquel y otros tantos en Puerto Madryn— y la provisión de energía a bajo costo para toda la provincia. En ese momento, la ciudad costera contaba con poco más de 4.000 habitantes, lo que marcaba la magnitud del cambio proyectado.
El 17 de noviembre de 1970 se realizó la apertura de la licitación de la presa, que contemplaba una estructura de 120 metros de altura y 600 metros de longitud. El sistema se integraría a una red interconectada de 132 kW, con una subestación en Puerto Madryn y dos líneas de alta tensión destinadas a abastecer a la planta de Aluar.
La obra formó parte del Plan Energético Nacional, con proyecciones entre 1977 y el año 2000, orientado a sustituir el uso de combustibles fósiles como el gas y el petróleo mediante la generación hidroeléctrica. En términos económicos, se estimaba una producción inicial de 50.000 toneladas de aluminio con costos energéticos competitivos, inferiores a las 7 milésimas de dólar por kilovatio.
La inauguración oficial se llevó a cabo el 18 de abril de 1978 con la presencia del entonces presidente de facto Jorge Rafael Videla, acompañado por funcionarios nacionales como el titular de Agua y Energía, Aníbal Blanco, y autoridades provinciales, entre ellas el gobernador Julio César Etchegoyen. El acto contó también con la participación de representantes del ámbito económico y político.
Ese día estuvieron la cinta, los discursos, la escenografía del poder. Videla, aterrizó a las 12:20 y partió a las 16:15. Entre los que estaban, emergió la figura del secretario de Hacienda, Juan Alemann, quien dejó una frase que todavía resuena: “Si la tienen al lado no es justo que abonen lo mismo que las zonas más alejadas”. Una lógica que prometía equidad, pero que con el tiempo se volvió ironía.
Sí, Alemann, el mismo que sufrió un atentado con un explosivo en el mismo momento que Leopoldo Jacinto Luque convirtiera el cuarto gol ante Perú para sellar la clasificación a la final del Mundial de fútbol meses después y que de acuerdo a su testimonio fue por represalia ante su oposición a ese evento internacional.
Tarifas diferenciales
Por ello, durante esos años surgieron expectativas en distintas localidades de Chubut, especialmente en la zona cordillerana. Vecinos de Esquel, como el comerciante Antonio de Godos, planteaban la necesidad de contar con tarifas eléctricas diferenciales, teniendo en cuenta la cercanía con la fuente de generación. Sin embargo, desde el gobierno nacional se relativizó esa posibilidad, lo que marcó uno de los primeros puntos de tensión en torno al proyecto.
La obra también fue objeto de cuestionamientos desde sus inicios. En 1974, el entonces senador nacional Hipólito Solari Yrigoyen impulsó en el Congreso la creación de una comisión investigadora para analizar los costos del emprendimiento. Según detalló, la represa demandó una inversión de 110 millones de dólares, de los cuales 55 millones fueron aportados por el Estado y el resto financiado mediante préstamos internacionales con tasas de interés del 8% anual.
Además, el Estado nacional financió otras obras complementarias, como el tendido de líneas de alta tensión y la construcción del puerto de aguas profundas en Puerto Madryn, con un costo estimado entre 8 y 10 millones de dólares. También cedió unas 200 hectáreas a la empresa Aluar para su instalación.
En la actualidad, Futaleufú continúa siendo una pieza clave del sistema energético argentino. Sin embargo, persiste una contradicción: más de 600.000 personas en la provincia enfrentan dificultades de acceso al servicio o tarifas elevadas, lo que ha reavivado los reclamos por una distribución más equitativa de los recursos.
El esquema de concesión es otro de los ejes del debate. La central es operada por la empresa Hidroeléctrica Futaleufú, cuyo paquete accionario mayoritario (60,2%) pertenece al Grupo Aluar, mientras que el Estado provincial posee el 33,51%. El vencimiento del contrato, previsto originalmente para octubre de 2025 y luego prorrogado, generó nuevas discusiones sobre el futuro de la represa.
En este contexto, el gobernador Nacho Torres presentó una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el objetivo de que Chubut tenga plena potestad sobre la concesión, prórroga o eventual licitación de la central, en línea con lo establecido por la Constitución Nacional de 1994, que reconoce a las provincias el dominio de sus recursos naturales. Sin embargo, no hubo respuesta y a pesar de vencer la concesión la larga prórroga de una auditoria sigue generando preguntas, casi medio siglo después. ¿Quién decide sobre Futaleufú? ¿La Nación? ¿La provincia? ¿El mercado?
A lo largo de su historia, Futaleufú ha sido mucho más que una obra de infraestructura: es un símbolo del desarrollo industrial, un motor energético y, al mismo tiempo, un foco permanente de debate político, económico y social.
A 48 años de su puesta en funcionamiento, la represa sigue siendo clave para el presente y el futuro de la región, en un escenario donde la discusión sobre soberanía energética, federalismo y distribución de la riqueza continúa abierta.
La “cuestión Futaleufú” nunca fue solo técnica. Ya en los años 70 generaba críticas. Solari Yrigoyen pedía una comisión investigadora y advertía que estaban en juego cientos de millones de dólares. No se equivocaba. Lo que estaba en juego era, y sigue siendo, el control de la energía, ese recurso invisible que define el poder real.
Mientras tanto, el mundo seguía girando aquel abril del 78. Juan Domingo “Mingo” Malvárez dominaba el boxeo Pluma. Jacobo Timerman conseguía arresto domiciliario. La selección argentina vencía a Irlanda en la cancha de Boca. En Italia, Aldo Moro era buscado desesperadamente por las Brigadas Rojas. Y en medio de todo eso, en un rincón de la Patagonia, un río dejaba de ser libre para convertirse en motor.
Con Futaleufú se prometió energía barata. Se prometió desarrollo. Se prometió futuro. Y sin embargo, décadas después, la paradoja sigue latiendo como una herida abierta. Una provincia que genera energía para millones, pero donde miles todavía pagan caro, demasiado caro, el privilegio de vivir sobre la fuente.
El río sigue corriendo, aunque ahora lo haga obediente. La represa sigue en pie, como un monumento a lo que pudo ser y a lo que aún está en disputa. Porque Futaleufú no es pasado; es territorio en tensión. Es poder en discusión. Es la pregunta incómoda que nadie logra cerrar.
¿De quién es la energía?
¿De quién es el agua?
¿De quién es, en definitiva, la Patagonia?
Hoy, a 48 años de aquella inauguración, la servilleta ya no existe. El café se enfrió hace décadas. Pero la idea… la idea sigue ardiendo.
Y tal vez, como en aquel marzo del 68, todo vuelva a definirse otra vez en media hora. Con otra lapicera. En otra mesa. Pero con la misma urgencia. Decidir si Futaleufú será, de una vez por todas, la fuerza de su pueblo o apenas la sombra de una oportunidad perdida.
Crédito histórico
El consultor energético Marcos Rebasa, integrante del Instituto Scalabrini Ortiz, analizó la evolución de la soberanía energética en Argentina y puso el foco en el rol estratégico de Chubut en el aprovechamiento de sus recursos naturales.
Durante su charla con Jornada Medios, Rebasa recordó que la Reforma constitucional argentina de 1994 estableció en su articulado que el dominio originario de los recursos naturales corresponde a las provincias, otorgándoles la potestad de administración. Asimismo, destacó la importancia del artículo 41°, que fija las bases para la protección del ambiente y el uso racional de los recursos con una mirada hacia las generaciones futuras.
En relación al desarrollo energético en la región, el especialista repasó el origen de la central hidroeléctrica de Futaleufú, cuyo impulso se remonta a la década de 1970 a partir de una necesidad estratégica vinculada a la producción de aluminio y a la defensa nacional, en un contexto de tensiones internacionales. La planta industrial fue localizada en Puerto Madryn, lo que requirió garantizar el abastecimiento energético desde la cordillera.
Rebasa explicó que el desarrollo del complejo hidroeléctrico se dio en el marco de un acuerdo entre la Nación y Chubut, que incluyó un contrato de concesión a 30 años —vencido en 2025— y contemplaba la asignación de una porción de energía para uso local. Este punto, según remarcó, resulta clave para el presente y futuro de la provincia.
En ese sentido, indicó que, pese a los compromisos asumidos, las condiciones para garantizar una tarifa energética diferencial para Chubut nunca se concretaron. Esto generó, según su interpretación, un “crédito histórico” a favor del Estado provincial, basado en antecedentes documentales y acuerdos incumplidos.
Finalmente, sostuvo que este escenario abre la posibilidad de que la provincia avance en un mayor control y aprovechamiento de sus recursos energéticos, lo que podría traducirse en un fortalecimiento de su soberanía energética.