Iturrioz advirtió por la venta ilegal de armas

El ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz, volvió a referirse al doble crimen ocurrido en Comodoro Rivadavia y apuntó contra distintos eslabones que, según sostuvo, rodean a las bandas enfrentadas. La provisión ilegal de armas, personas que colaboran con los autores de hechos delictivos y decisiones judiciales que —advirtió— limitan investigaciones clave.

“Tenemos un problema extraordinario y no lo vamos a solucionar acudiendo a herramientas ordinarias”, afirmó Iturrioz, al describir una situación que, según dijo, lleva “más de veinte años” en Comodoro con bandas que “vienen tiroteándose” y que tienen presencia en distintos barrios de la ciudad.

Uno de los puntos centrales fue el mercado negro de armas. El ministro explicó que investigan a personas que, siendo legítimos usuarios, compraban armas y luego las entregaban o alquilaban a terceros. “Es un delito autónomo del 189 bis del Código Penal”, remarcó en diálogo con Jornada Radio, y agregó que esas personas “van a ser imputadas” porque no se trata de un acto inocente. Iturrioz reveló casos que grafican la gravedad del circuito: “En unos allanamientos que hicimos el año pasado teníamos una femenina que no tenía actividad lícita alguna, no tenía ingresos y tenía nueve armas de fuego. Cuando allanamos su vivienda, no tenía ninguna, cero”. Según interpretó, esas armas habrían sido compradas con recursos de terceros que se valían de su condición de legítima usuaria. El funcionario también cuestionó el control del organismo nacional competente y aseguró que existe “un muy deficiente contralor” sobre quienes acumulan.

Junto a la circulación ilegal de armas, Iturrioz cuestionó las dificultades en la ejecución de allanamientos y la existencia de personas que colaboran activamente con los delincuentes. En ese sentido, remarcó que el objetivo de la investigación no se limita al hecho puntual, sino a “todo el contorno de criminalidad” que lo rodea.

A esto se suma, según indicó, un “muy deficiente contralor” sobre los legítimos usuarios, lo que facilita la acumulación de armas y municiones sin un seguimiento efectivo. Otro punto de fuerte crítica estuvo dirigido al sistema judicial, particularmente en relación con la autorización de medidas de investigación. Si bien no lo planteó en términos técnicos, dejó en claro su malestar por decisiones que limitan el accionar policial: relató que, tras días de trabajo de campo con tareas de vigilancia y riesgo, en algunos casos “les dieron menos de la mitad de los allanamientos solicitados”, lo que —según expresó— termina debilitando el resultado de la investigación.

“Ese trabajo se va en balde”, afirmó, al cuestionar que funcionarios judiciales tomen decisiones “desde el escritorio” sin dimensionar el esfuerzo operativo desplegado en territorio. Para Iturrioz, esto forma parte de un sistema que “no funciona” y que requiere cambios profundos para poder enfrentar el nivel de violencia actual. En paralelo, el ministro también apuntó contra quienes colaboran con los delincuentes, ya sea facilitando recursos, ocultamiento o logística. Señaló que en la causa hay “pluralidad de intervinientes” y que muchos realizaron aportes clave, desde destruir pruebas hasta brindar apoyo externo. “Vamos a tratar de llevar a todos ante la justicia para que respondan por la intervención que tuvieron”, aseguró.

Finalmente, insistió en que existe una red de apoyo que potencia la capacidad operativa de las bandas: “Tienen mucha inteligencia y mucho acompañamiento”, advirtió, en referencia a la planificación detectada en algunos casos, como la compra de vehículos para facilitar fugas o movimientos.