Empresa canadiense avanza con el uranio en Mendoza: ¿no queda nada para la provincia?
Anunció el inicio de trabajos en Malargüe que incluyen uranio, cobre y vanadio. El proyecto reavivó cuestionamientos sobre el control de los recursos estratégicos, el impacto ambiental y la participación de capitales extranjeros.
Una empresa canadiense puso en marcha un plan de exploración en el proyecto Huemul, ubicado en el departamento mendocino de Malargüe, con el objetivo de evaluar el potencial de uranio, cobre y vanadio en un área de aproximadamente 27.700 hectáreas.
El yacimiento tiene antecedentes históricos en la actividad minera argentina, ya que allí funcionó la primera mina de uranio del país entre 1955 y 1975 bajo la órbita de la Comisión Nacional de Energía Atómica.
Según informó la compañía Jaguar Uranium Corp., el proyecto apunta a desarrollar minerales considerados estratégicos para la transición energética y la industria tecnológica. Entre ellos se destaca el uranio, utilizado en generación nuclear; el cobre, clave para infraestructura eléctrica; y el vanadio, empleado en sistemas de almacenamiento energético.
El avance del emprendimiento se produce en un contexto de fortalecimiento de acuerdos entre Argentina y Estados Unidos vinculados al abastecimiento de minerales críticos. En ese marco, distintas entidades financieras estadounidenses, como el Export-Import Bank of the United States y la U.S. International Development Finance Corporation, han manifestado interés en respaldar inversiones relacionadas con recursos estratégicos.
Esto generó críticas de sectores locales que entienden que la extracción podría hacerse sin dejar ningún tipo de ingresos a las arcas provinciales y exportarse directamente a Estados Unidos, sin pasar por ninguna cadena de valor local.
A nivel provincial, el Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza suscribió un convenio de colaboración con la empresa para asistencia técnica y legal en el desarrollo del proyecto. No obstante, la firma todavía deberá tramitar permisos específicos para avanzar en una eventual explotación de uranio.
La iniciativa generó críticas desde sectores ambientales y espacios políticos que cuestionan la participación de capitales extranjeros en recursos considerados estratégicos. También plantean preocupaciones sobre los posibles impactos ambientales y el alcance de los controles estatales en la actividad extractiva.
Una empresa canadiense puso en marcha un plan de exploración en el proyecto Huemul, ubicado en el departamento mendocino de Malargüe, con el objetivo de evaluar el potencial de uranio, cobre y vanadio en un área de aproximadamente 27.700 hectáreas.
El yacimiento tiene antecedentes históricos en la actividad minera argentina, ya que allí funcionó la primera mina de uranio del país entre 1955 y 1975 bajo la órbita de la Comisión Nacional de Energía Atómica.
Según informó la compañía Jaguar Uranium Corp., el proyecto apunta a desarrollar minerales considerados estratégicos para la transición energética y la industria tecnológica. Entre ellos se destaca el uranio, utilizado en generación nuclear; el cobre, clave para infraestructura eléctrica; y el vanadio, empleado en sistemas de almacenamiento energético.
El avance del emprendimiento se produce en un contexto de fortalecimiento de acuerdos entre Argentina y Estados Unidos vinculados al abastecimiento de minerales críticos. En ese marco, distintas entidades financieras estadounidenses, como el Export-Import Bank of the United States y la U.S. International Development Finance Corporation, han manifestado interés en respaldar inversiones relacionadas con recursos estratégicos.
Esto generó críticas de sectores locales que entienden que la extracción podría hacerse sin dejar ningún tipo de ingresos a las arcas provinciales y exportarse directamente a Estados Unidos, sin pasar por ninguna cadena de valor local.
A nivel provincial, el Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza suscribió un convenio de colaboración con la empresa para asistencia técnica y legal en el desarrollo del proyecto. No obstante, la firma todavía deberá tramitar permisos específicos para avanzar en una eventual explotación de uranio.
La iniciativa generó críticas desde sectores ambientales y espacios políticos que cuestionan la participación de capitales extranjeros en recursos considerados estratégicos. También plantean preocupaciones sobre los posibles impactos ambientales y el alcance de los controles estatales en la actividad extractiva.