La Municipalidad de Comodoro Rivadavia hizo pública una carta abierta dirigida a YPF S.A. en la que anunció el inicio de acciones judiciales para que la Justicia determine si la empresa cumplió efectivamente con la recomposición de los pasivos ambientales existentes dentro del ejido urbano de la ciudad.
En el documento, el Ejecutivo municipal reconoce el papel histórico que tuvo YPF en el nacimiento y desarrollo de la industria petrolera argentina y el aporte de miles de trabajadores que impulsaron el crecimiento económico de Comodoro Rivadavia y del país. Sin embargo, sostiene que esa historia también dejó una deuda ambiental que, según afirma, continúa pendiente de resolución.
La carta señala que durante décadas la actividad hidrocarburífera dejó pozos abandonados, instalaciones en desuso, ductos, piletas, suelos afectados y otras restricciones sobre el territorio urbano. Según el Municipio, esa situación se encuentra respaldada por expedientes administrativos, auditorías, inspecciones, estudios técnicos y programas de monitoreo y remediación elaborados a lo largo de los años.
En ese marco, la gestión municipal considera que tiene la obligación constitucional, legal y ética de intervenir en defensa del ambiente, la salud pública y los derechos colectivos de la comunidad. Por ese motivo, adelantó que presentará una demanda para que el Poder Judicial, con base en pruebas científicas independientes, determine si la obligación constitucional de recomposición ambiental fue cumplida de manera integral.
Paralelamente, informó que pondrá los antecedentes del caso en conocimiento de la Comisión Nacional de Valores, al entender que se trata de una controversia de relevancia institucional para una empresa que cotiza en los mercados de capitales y que ha asumido compromisos públicos vinculados a la sostenibilidad y la transparencia.
La Municipalidad también dejó en claro que el acuerdo suscripto entre YPF y la Provincia del Chubut no resuelve, a su criterio, la controversia sobre los pasivos ambientales existentes en la ciudad. En ese sentido, sostiene que ese convenio no puede extinguir obligaciones constitucionales vinculadas con la recomposición del daño ambiental ni afectar derechos colectivos cuya protección también corresponde al Estado municipal.
En la carta se remarca que el objetivo de la iniciativa no es confrontar con la empresa ni obstaculizar el desarrollo energético nacional, sino garantizar que se determine con rigor científico la situación ambiental de los sitios cuestionados y que sea la Justicia quien resuelva el conflicto con independencia y respeto al debido proceso.
Asimismo, el Municipio invitó públicamente a YPF a abrir una instancia de diálogo institucional, transparente y técnicamente fundada, orientada a encontrar soluciones que prioricen la recomposición efectiva del ambiente por encima de las diferencias jurídicas sobre las responsabilidades.
Finalmente, la administración municipal reafirmó que continuará impulsando todas las acciones administrativas, judiciales e institucionales que considere necesarias para garantizar el cumplimiento del artículo 41 de la Constitución Nacional, al sostener que la protección ambiental constituye una responsabilidad hacia las generaciones presentes y futuras.
La Municipalidad de Comodoro Rivadavia hizo pública una carta abierta dirigida a YPF S.A. en la que anunció el inicio de acciones judiciales para que la Justicia determine si la empresa cumplió efectivamente con la recomposición de los pasivos ambientales existentes dentro del ejido urbano de la ciudad.
En el documento, el Ejecutivo municipal reconoce el papel histórico que tuvo YPF en el nacimiento y desarrollo de la industria petrolera argentina y el aporte de miles de trabajadores que impulsaron el crecimiento económico de Comodoro Rivadavia y del país. Sin embargo, sostiene que esa historia también dejó una deuda ambiental que, según afirma, continúa pendiente de resolución.
La carta señala que durante décadas la actividad hidrocarburífera dejó pozos abandonados, instalaciones en desuso, ductos, piletas, suelos afectados y otras restricciones sobre el territorio urbano. Según el Municipio, esa situación se encuentra respaldada por expedientes administrativos, auditorías, inspecciones, estudios técnicos y programas de monitoreo y remediación elaborados a lo largo de los años.
En ese marco, la gestión municipal considera que tiene la obligación constitucional, legal y ética de intervenir en defensa del ambiente, la salud pública y los derechos colectivos de la comunidad. Por ese motivo, adelantó que presentará una demanda para que el Poder Judicial, con base en pruebas científicas independientes, determine si la obligación constitucional de recomposición ambiental fue cumplida de manera integral.
Paralelamente, informó que pondrá los antecedentes del caso en conocimiento de la Comisión Nacional de Valores, al entender que se trata de una controversia de relevancia institucional para una empresa que cotiza en los mercados de capitales y que ha asumido compromisos públicos vinculados a la sostenibilidad y la transparencia.
La Municipalidad también dejó en claro que el acuerdo suscripto entre YPF y la Provincia del Chubut no resuelve, a su criterio, la controversia sobre los pasivos ambientales existentes en la ciudad. En ese sentido, sostiene que ese convenio no puede extinguir obligaciones constitucionales vinculadas con la recomposición del daño ambiental ni afectar derechos colectivos cuya protección también corresponde al Estado municipal.
En la carta se remarca que el objetivo de la iniciativa no es confrontar con la empresa ni obstaculizar el desarrollo energético nacional, sino garantizar que se determine con rigor científico la situación ambiental de los sitios cuestionados y que sea la Justicia quien resuelva el conflicto con independencia y respeto al debido proceso.
Asimismo, el Municipio invitó públicamente a YPF a abrir una instancia de diálogo institucional, transparente y técnicamente fundada, orientada a encontrar soluciones que prioricen la recomposición efectiva del ambiente por encima de las diferencias jurídicas sobre las responsabilidades.
Finalmente, la administración municipal reafirmó que continuará impulsando todas las acciones administrativas, judiciales e institucionales que considere necesarias para garantizar el cumplimiento del artículo 41 de la Constitución Nacional, al sostener que la protección ambiental constituye una responsabilidad hacia las generaciones presentes y futuras.