Demolió su propiedad para que no la vuelvan a usurpar
Después de siete años de conflictos judiciales, usurpaciones reiteradas y denuncias por distintos hechos delictivos, una propiedad de Comodoro fue desalojada y posteriormente demolida este lunes, en cumplimiento de una orden judicial.
El operativo contó con un importante despliegue policial y el apoyo logístico de la Municipalidad, que aportó maquinaria pesada, camiones y personal para llevar adelante la demolición de las construcciones, consideradas un foco permanente de ocupaciones ilegales. La vivienda está ubicada sobre la calle Benito Lynch, en el barrio Ceferino Namuncurá.
La propietaria y heredera del inmueble, Patricia, aseguró que la decisión de derribar las edificaciones fue tomada luego de años de intentar recuperar el lugar sin éxito y ante el constante ingreso de ocupantes irregulares que volvían a instalarse cada vez que lograban desalojarlos. La mujer relató que la disputa comenzó hace aproximadamente siete años y que durante los primeros tres meses, el expediente permaneció en la Fiscalía sin obtener una solución concreta. Ante la falta de avances, decidió contratar un abogado particular para impulsar el proceso judicial que finalmente derivó en la orden de desalojo.
La propiedad pertenecía originalmente a sus abuelos y actualmente tiene cuatro herederos. Allí existían cuatro construcciones: una vivienda principal, una casa más pequeña y dos departamentos. Sin embargo, el deterioro provocado por las ocupaciones terminó llevando a la familia a tomar una decisión dolorosa: demoler todo el complejo para evitar nuevas usurpaciones y prevenir riesgos.
“Es una pena tener que tirar abajo lo que construyeron mis abuelos. Yo me crié acá y viví toda mi infancia en este lugar. Es parte de nuestra historia, pero ya no podíamos seguir así”, expresó Patricia mientras observaba el avance de las máquinas.
INCENDIOS, ROBOS Y OCUPACIONES
Según explicó la propietaria, durante estos años las viviendas fueron ocupadas por distintas personas que ingresaban y salían constantemente. Incluso denunció que una de las habitaciones fue incendiada el mismo día en que realizaba una presentación policial para denunciar una nueva ocupación. “Cuando logramos desalojar una parte de la propiedad, ese mismo día me quemaron una habitación que estaba en el fondo. Después todavía quedaba otra familia ocupando la parte del frente”, explicó, aunque al llegar para concretar el procedimiento, los ocupantes ya se habían retirado voluntariamente.
La mujer señaló que el inmueble se había convertido en un sitio con permanente circulación de personas, situación que generaba preocupación tanto para la familia como para los vecinos. “Entraban y salían como si fueran dueños del lugar. Ya no sabíamos qué podía pasar ahí adentro. Preferimos derribarlo antes que ocurra una tragedia y tener que lamentarlo”, sostuvo.
CON APOYO MUNICIPAL
El secretario de Gestión Operativa del Municipio, Miguel Gómez, explicó que la intervención comunal respondió a un pedido de colaboración efectuado en el marco del cumplimiento de la resolución judicial.“La Justicia solicitó el acompañamiento de la Municipalidad para aportar la maquinaria necesaria para la demolición.
Desde la Secretaría organizamos el trabajo poniendo a disposición camiones, máquinas y personal para facilitar el operativo”, indicó.El funcionario destacó especialmente la perseverancia de la propietaria durante todos estos años. “El mérito es de la señora, que sostuvo esta pelea durante siete años hasta conseguir una resolución judicial. Nosotros simplemente colaboramos con la parte operativa”, manifestó.
Gómez recordó además que la vivienda ya era conocida por las fuerzas de seguridad debido a distintos procedimientos realizados en el lugar.
Según indicó, allí se llevaron adelante investigaciones vinculadas con la venta de estupefacientes y existían reiteradas denuncias de vecinos por robos atribuidos a personas que ocupaban la propiedad. “Era una vivienda con antecedentes. Se habían realizado procedimientos por venta de droga y muchos vecinos manifestaban haber sufrido robos por parte de quienes permanecían allí”, explicó.
Por ese motivo consideró que la demolición aportará tranquilidad al sector y evitará que el inmueble vuelva a ser ocupado. A diferencia de otros desalojos conflictivos, en ésta oportunidad no fue necesario retirar por la fuerza a los ocupantes; el dispositivo policial dispuesto por la Comisaría Cuarta resultó suficiente para persuadir a quienes permanecían en el lugar. “Cuando llegamos ya no había nadie. Se retiraron por sus propios medios y eso permitió desarrollar el procedimiento sin incidentes”, señaló.
El funcionario municipal aprovechó la oportunidad para alentar a otros propietarios que atraviesen situaciones similares a iniciar las acciones legales correspondientes. Indicó que existen otras viviendas del barrio que también presentan ocupaciones ilegales, muchas veces aprovechando el fallecimiento de sus propietarios o la ausencia de familiares directos. En ese sentido, recomendó realizar las denuncias en la Comisaría Cuarta, con jurisdicción en el sector, para que puedan intervenir tanto la Policía como la Justicia.#
El operativo contó con un importante despliegue policial y el apoyo logístico de la Municipalidad, que aportó maquinaria pesada, camiones y personal para llevar adelante la demolición de las construcciones, consideradas un foco permanente de ocupaciones ilegales. La vivienda está ubicada sobre la calle Benito Lynch, en el barrio Ceferino Namuncurá.
La propietaria y heredera del inmueble, Patricia, aseguró que la decisión de derribar las edificaciones fue tomada luego de años de intentar recuperar el lugar sin éxito y ante el constante ingreso de ocupantes irregulares que volvían a instalarse cada vez que lograban desalojarlos. La mujer relató que la disputa comenzó hace aproximadamente siete años y que durante los primeros tres meses, el expediente permaneció en la Fiscalía sin obtener una solución concreta. Ante la falta de avances, decidió contratar un abogado particular para impulsar el proceso judicial que finalmente derivó en la orden de desalojo.
La propiedad pertenecía originalmente a sus abuelos y actualmente tiene cuatro herederos. Allí existían cuatro construcciones: una vivienda principal, una casa más pequeña y dos departamentos. Sin embargo, el deterioro provocado por las ocupaciones terminó llevando a la familia a tomar una decisión dolorosa: demoler todo el complejo para evitar nuevas usurpaciones y prevenir riesgos.
“Es una pena tener que tirar abajo lo que construyeron mis abuelos. Yo me crié acá y viví toda mi infancia en este lugar. Es parte de nuestra historia, pero ya no podíamos seguir así”, expresó Patricia mientras observaba el avance de las máquinas.
INCENDIOS, ROBOS Y OCUPACIONES
Según explicó la propietaria, durante estos años las viviendas fueron ocupadas por distintas personas que ingresaban y salían constantemente. Incluso denunció que una de las habitaciones fue incendiada el mismo día en que realizaba una presentación policial para denunciar una nueva ocupación. “Cuando logramos desalojar una parte de la propiedad, ese mismo día me quemaron una habitación que estaba en el fondo. Después todavía quedaba otra familia ocupando la parte del frente”, explicó, aunque al llegar para concretar el procedimiento, los ocupantes ya se habían retirado voluntariamente.
La mujer señaló que el inmueble se había convertido en un sitio con permanente circulación de personas, situación que generaba preocupación tanto para la familia como para los vecinos. “Entraban y salían como si fueran dueños del lugar. Ya no sabíamos qué podía pasar ahí adentro. Preferimos derribarlo antes que ocurra una tragedia y tener que lamentarlo”, sostuvo.
CON APOYO MUNICIPAL
El secretario de Gestión Operativa del Municipio, Miguel Gómez, explicó que la intervención comunal respondió a un pedido de colaboración efectuado en el marco del cumplimiento de la resolución judicial.“La Justicia solicitó el acompañamiento de la Municipalidad para aportar la maquinaria necesaria para la demolición.
Desde la Secretaría organizamos el trabajo poniendo a disposición camiones, máquinas y personal para facilitar el operativo”, indicó.El funcionario destacó especialmente la perseverancia de la propietaria durante todos estos años. “El mérito es de la señora, que sostuvo esta pelea durante siete años hasta conseguir una resolución judicial. Nosotros simplemente colaboramos con la parte operativa”, manifestó.
Gómez recordó además que la vivienda ya era conocida por las fuerzas de seguridad debido a distintos procedimientos realizados en el lugar.
Según indicó, allí se llevaron adelante investigaciones vinculadas con la venta de estupefacientes y existían reiteradas denuncias de vecinos por robos atribuidos a personas que ocupaban la propiedad. “Era una vivienda con antecedentes. Se habían realizado procedimientos por venta de droga y muchos vecinos manifestaban haber sufrido robos por parte de quienes permanecían allí”, explicó.
Por ese motivo consideró que la demolición aportará tranquilidad al sector y evitará que el inmueble vuelva a ser ocupado. A diferencia de otros desalojos conflictivos, en ésta oportunidad no fue necesario retirar por la fuerza a los ocupantes; el dispositivo policial dispuesto por la Comisaría Cuarta resultó suficiente para persuadir a quienes permanecían en el lugar. “Cuando llegamos ya no había nadie. Se retiraron por sus propios medios y eso permitió desarrollar el procedimiento sin incidentes”, señaló.
El funcionario municipal aprovechó la oportunidad para alentar a otros propietarios que atraviesen situaciones similares a iniciar las acciones legales correspondientes. Indicó que existen otras viviendas del barrio que también presentan ocupaciones ilegales, muchas veces aprovechando el fallecimiento de sus propietarios o la ausencia de familiares directos. En ese sentido, recomendó realizar las denuncias en la Comisaría Cuarta, con jurisdicción en el sector, para que puedan intervenir tanto la Policía como la Justicia.#