El violento modus operandi de una banda de usureros
Dos sujetos quedaron presos y buscan a otros tres cómplices. Exigían intereses fuera de toda lógica y extorsionaban y amenazaban a sus víctimas para sacarles casas y vehículos si no pagaban.
Se dictó la prisión preventiva por 6 meses de César Dante Paredes (57) y Adrián Ricardo Mayorga (43), imputados por asociación ilícita, usura agravada, amenazas, extorsión y hurto. Lo decidió el juez de Puerto Madryn Marcelo Orlando. La investigación es de la fiscal Ivana Berazategui. Los imputados optaron por no declarar y el defensor Adrián Peroy, no se opuso.
Según el parte de prensa de Fiscalía, ambos integrarían una organización criminal permanente y coordinada, junto con una mujer y al menos otras dos personas aún no identificadas.
La banda se habría dedicado a otorgar préstamos con intereses manifiestamente excesivos y, ante el incumplimiento de los deudores, recurría a amenazas, violencia y distintas formas de coerción para obtener dinero, vehículos e incluso inmuebles.
Una de las víctimas recibió un préstamo inicial de 400 mil pesos y luego fue obligada a afrontar una supuesta deuda cercana a los 20 millones de pesos. De acuerdo con la acusación, los imputados la amenazaron para que firmara un poder con el fin de transferir su vivienda y posteriormente la desalojaron, apoderándose del inmueble.
En otro de los casos, una persona solicitó un préstamo de un millón de pesos cuya devolución consistía en cuotas de 300 mil pesos. Al demorarse en los pagos, los acusados le habrían exigido, mediante amenazas, la entrega de una camioneta.
Ambos imputados registran antecedentes penales.
Según la fiscal, "aprovechaban la vulnerabilidad de la gente para quitarles lo poco que tenían". Y aclaró que las dos víctimas no tienen vínculo entre sí y no descartan más damnificados.
Berazategui explicó que la investigación cobró fuerza tras dos denuncias independientes con características idénticas: personas en situación de vulnerabilidad económica que acudían a préstamos informales y terminaban sufriendo aprietes y despojos de sus bienes.
"Una solicitó 400 mil pesos y, ante el primer incumplimiento, la deuda ascendió a 1,5 millones y luego a 20 millones. Una locura con la que obligaban a la víctima a desprenderse de lo único que tenía", detalló.
Los prestamistas acudían a la violencia física e intimidaciones graves dado que en la investigación existen testimonios de personas que recibieron la amenaza “de que les iban a pegar un tiro y que le muestran una suerte de culata que tenían dentro de la ropa, clara expresión de que te vamos a pegar un tiro si no me pagás”.
También hay intimidación a los fines de firmar un poder para que puedan vender el bien.
En el segundo caso, un imputado se apoderó de una camioneta con la excusa de probarla para revenderla y saldar la deuda, despojando a la víctima del rodado mientras continuaba exigiéndole el pago.
El punto de quiebre fue cuando intentaron despojar a uno de los damnificados de su vivienda de forma intempestiva. "Fueron con un flete e intentaron desalojarlo para llevarlo a una casa muy precaria. La intervención policial permitió restituir al hombre en su domicilio e iniciar formalmente la denuncia", relató la fiscal.
La cesión del inmueble como los boletos de compraventa firmados ante escribanas quedaron suspendidos y no prosperarán.
La escala penal arranca desde los 5 años de prisión, por lo que una condena será de cumplimiento efectivo. "Hay muchas personas con necesidades que no pueden acceder a un sistema financiero formal y acuden a este tipo de gente que se vale de su vulnerabilidad. Pedimos que no tengan miedo y denuncien; no podemos permitir que estas atrocidades ocurran", dijo Berazategui.
Se dictó la prisión preventiva por 6 meses de César Dante Paredes (57) y Adrián Ricardo Mayorga (43), imputados por asociación ilícita, usura agravada, amenazas, extorsión y hurto. Lo decidió el juez de Puerto Madryn Marcelo Orlando. La investigación es de la fiscal Ivana Berazategui. Los imputados optaron por no declarar y el defensor Adrián Peroy, no se opuso.
Según el parte de prensa de Fiscalía, ambos integrarían una organización criminal permanente y coordinada, junto con una mujer y al menos otras dos personas aún no identificadas.
La banda se habría dedicado a otorgar préstamos con intereses manifiestamente excesivos y, ante el incumplimiento de los deudores, recurría a amenazas, violencia y distintas formas de coerción para obtener dinero, vehículos e incluso inmuebles.
Una de las víctimas recibió un préstamo inicial de 400 mil pesos y luego fue obligada a afrontar una supuesta deuda cercana a los 20 millones de pesos. De acuerdo con la acusación, los imputados la amenazaron para que firmara un poder con el fin de transferir su vivienda y posteriormente la desalojaron, apoderándose del inmueble.
En otro de los casos, una persona solicitó un préstamo de un millón de pesos cuya devolución consistía en cuotas de 300 mil pesos. Al demorarse en los pagos, los acusados le habrían exigido, mediante amenazas, la entrega de una camioneta.
Ambos imputados registran antecedentes penales.
Según la fiscal, "aprovechaban la vulnerabilidad de la gente para quitarles lo poco que tenían". Y aclaró que las dos víctimas no tienen vínculo entre sí y no descartan más damnificados.
Berazategui explicó que la investigación cobró fuerza tras dos denuncias independientes con características idénticas: personas en situación de vulnerabilidad económica que acudían a préstamos informales y terminaban sufriendo aprietes y despojos de sus bienes.
"Una solicitó 400 mil pesos y, ante el primer incumplimiento, la deuda ascendió a 1,5 millones y luego a 20 millones. Una locura con la que obligaban a la víctima a desprenderse de lo único que tenía", detalló.
Los prestamistas acudían a la violencia física e intimidaciones graves dado que en la investigación existen testimonios de personas que recibieron la amenaza “de que les iban a pegar un tiro y que le muestran una suerte de culata que tenían dentro de la ropa, clara expresión de que te vamos a pegar un tiro si no me pagás”.
También hay intimidación a los fines de firmar un poder para que puedan vender el bien.
En el segundo caso, un imputado se apoderó de una camioneta con la excusa de probarla para revenderla y saldar la deuda, despojando a la víctima del rodado mientras continuaba exigiéndole el pago.
El punto de quiebre fue cuando intentaron despojar a uno de los damnificados de su vivienda de forma intempestiva. "Fueron con un flete e intentaron desalojarlo para llevarlo a una casa muy precaria. La intervención policial permitió restituir al hombre en su domicilio e iniciar formalmente la denuncia", relató la fiscal.
La cesión del inmueble como los boletos de compraventa firmados ante escribanas quedaron suspendidos y no prosperarán.
La escala penal arranca desde los 5 años de prisión, por lo que una condena será de cumplimiento efectivo. "Hay muchas personas con necesidades que no pueden acceder a un sistema financiero formal y acuden a este tipo de gente que se vale de su vulnerabilidad. Pedimos que no tengan miedo y denuncien; no podemos permitir que estas atrocidades ocurran", dijo Berazategui.