Roberto Castillo, abogado de la familia de Ángel López, cuestionó el avance de la investigación a cuatro meses de la muerte del niño y sostuvo que todavía resta determinar la eventual responsabilidad de funcionarios y profesionales que intervinieron previamente en el caso.
Además, confirmó que el objetivo inmediato de la querella es llevar a juicio oral a los principales acusados y solicitar la pena de prisión perpetua. A cuatro meses de la muerte de Ángel López, la familia continúa reclamando que la investigación no quede limitada únicamente a quienes están acusados por el crimen.
El abogado Roberto Castillo aseguró que trabajan para avanzar sobre las actuaciones de distintos funcionarios y profesionales que tuvieron intervención en la situación del niño antes de su fallecimiento. El letrado planteó fuertes cuestionamientos al funcionamiento del sistema judicial de Comodoro Rivadavia y sostuvo que las respuestas obtenidas hasta el momento no satisfacen a la familia. “Acá lo que tenemos es una situación que termina desnudando un sistema que no le da respuestas a la sociedad”, manifestó Castillo, quien afirmó que para la querella resulta “muy difícil” avanzar sobre determinadas responsabilidades.
Según explicó, actualmente el principal objetivo procesal es lograr que la causa contra los acusados por la muerte de Ángel llegue a juicio oral. “Nosotros seguimos trabajando. Aspiramos a buscar lo que es una cadena perpetua para los asesinos”, señaló.
Castillo explicó que uno de los puntos que actualmente condiciona el avance del expediente está relacionado con un nuevo informe médico solicitado por la defensa. De acuerdo con su relato, ese pedido había sido rechazado inicialmente por el juez de primera instancia, al considerar que no tenía sentido incorporar otra evaluación luego de los informes ya realizados y que podía generar una dilación del proceso. Sin embargo, la resolución fue posteriormente revisada por la Cámara y se habilitó una nueva intervención profesional. “La defensa había solicitado un cuarto informe médico, que el juez de primera instancia rechazó porque dijo que era dilatorio, que no tenía ninguna clase de sentido”, explicó Castillo.
El abogado remarcó que ya existen tres informes médicos incorporados al expediente y expresó su desacuerdo con la decisión de realizar una nueva evaluación. “La verdad que fue una barbaridad que le hayan dado otra vez intervención a los profesionales cuando ya tenemos tres informes de los médicos”, cuestionó. Pese a las diferencias con la resolución, aclaró que la querella deberá ajustarse a lo dispuesto judicialmente. “Tenemos que aceptar, aunque no nos guste, lo que resolvieron los jueces de Cámara”, sostuvo.
Investigar otras responsabilidades
Paralelamente a la causa principal, la familia pretende que se analice la actuación de quienes tuvieron algún grado de intervención institucional antes de la muerte de Ángel. Castillo señaló que se encuentran dentro de los plazos correspondientes para efectuar presentaciones vinculadas con la actuación de un juez, una defensora de menores y una profesional de la psicología. “Estamos dentro de los plazos para hacer las presentaciones respecto del juez, de la defensora de menores y una psicóloga más”, indicó.
El abogado también cuestionó el tratamiento que habría recibido una denuncia vinculada con otro funcionario judicial. Según afirmó, el fiscal encargado de analizarla consideró que ni siquiera advertía inicialmente la existencia de un delito. Castillo objetó además que, a su entender, no se habría requerido oportunamente el expediente del fuero de Familia para analizar integralmente los antecedentes. La familia viene reclamando públicamente que se determine qué ocurrió durante las intervenciones institucionales previas y si existieron acciones u omisiones que pudieran haber incidido en la situación que atravesaba Ángel.
Otro de los puntos cuestionados por Castillo fue la intervención realizada posteriormente por un equipo interdisciplinario. Según explicó, esperaba que ese análisis permitiera determinar concretamente cómo habían actuado los organismos y profesionales en el caso de Ángel. Sin embargo, consideró que las conclusiones se concentraron fundamentalmente en cuestiones generales y administrativas. “El motivo por el cual se realiza la intervención es el caso Ángel”, remarcó.
Para Castillo, después del tiempo destinado al análisis debía existir una conclusión específica acerca de las decisiones adoptadas previamente respecto del niño. “Del caso Ángel no se dijo absolutamente nada”, cuestionó al referirse al resultado que, según su interpretación, tuvo esa intervención. El abogado sostuvo además que la querella considera necesario revisar criterios profesionales aplicados durante el conflicto familiar previo.
En ese contexto, formuló severas acusaciones sobre el funcionamiento de distintos sectores judiciales y afirmó que, desde su perspectiva, existen vínculos que dificultan investigar determinadas actuaciones. “Yo entiendo que hay muchos intereses creados, hay muchos vínculos creados y se protegen entre ellos”, expresó. Se trata de afirmaciones realizadas por el abogado de la familia y no de hechos establecidos judicialmente. “Para nosotros es complejo, es difícil, pero vamos a insistir y vamos a trabajar con las armas que tenemos para terminar haciendo justicia”, agregó.
Cuatro meses de duelo
Castillo también se refirió a la reciente internación de Lorena, madre del corazón de Ángel, quien debió recibir asistencia hospitalaria y permanecer bajo observación. El abogado vinculó la crisis atravesada por la mujer con el profundo impacto emocional provocado por la muerte del niño y con el desgaste de estos meses de reclamos judiciales. “Ellos están viviendo estos meses de una manera muy, muy difícil”, sostuvo, incluyendo también a Luis López, padre de Ángel.
Castillo señaló que desde el entorno de la familia se planteó la importancia de contar con acompañamiento profesional sostenido para atravesar el duelo y aseguró que incluso ofreció colaborar en la búsqueda de asistencia especializada. También reflexionó sobre lo que ocurre con las familias después del fuerte impacto público inicial que genera un caso de estas características. “Las víctimas suelen quedarse solas y ahí creo que la ausencia impacta de manera brutal”, expresó. Para el abogado, la situación atravesada por Lorena evidencia el nivel de desgaste acumulado desde la muerte de Ángel y la necesidad de acompañar a quienes continúan atravesando el duelo mientras reclaman respuestas. “Vamos a insistir y vamos a trabajar con las armas que tenemos para terminar haciendo justicia”, sintetizó.
Roberto Castillo, abogado de la familia de Ángel López, cuestionó el avance de la investigación a cuatro meses de la muerte del niño y sostuvo que todavía resta determinar la eventual responsabilidad de funcionarios y profesionales que intervinieron previamente en el caso.
Además, confirmó que el objetivo inmediato de la querella es llevar a juicio oral a los principales acusados y solicitar la pena de prisión perpetua. A cuatro meses de la muerte de Ángel López, la familia continúa reclamando que la investigación no quede limitada únicamente a quienes están acusados por el crimen.
El abogado Roberto Castillo aseguró que trabajan para avanzar sobre las actuaciones de distintos funcionarios y profesionales que tuvieron intervención en la situación del niño antes de su fallecimiento. El letrado planteó fuertes cuestionamientos al funcionamiento del sistema judicial de Comodoro Rivadavia y sostuvo que las respuestas obtenidas hasta el momento no satisfacen a la familia. “Acá lo que tenemos es una situación que termina desnudando un sistema que no le da respuestas a la sociedad”, manifestó Castillo, quien afirmó que para la querella resulta “muy difícil” avanzar sobre determinadas responsabilidades.
Según explicó, actualmente el principal objetivo procesal es lograr que la causa contra los acusados por la muerte de Ángel llegue a juicio oral. “Nosotros seguimos trabajando. Aspiramos a buscar lo que es una cadena perpetua para los asesinos”, señaló.
Castillo explicó que uno de los puntos que actualmente condiciona el avance del expediente está relacionado con un nuevo informe médico solicitado por la defensa. De acuerdo con su relato, ese pedido había sido rechazado inicialmente por el juez de primera instancia, al considerar que no tenía sentido incorporar otra evaluación luego de los informes ya realizados y que podía generar una dilación del proceso. Sin embargo, la resolución fue posteriormente revisada por la Cámara y se habilitó una nueva intervención profesional. “La defensa había solicitado un cuarto informe médico, que el juez de primera instancia rechazó porque dijo que era dilatorio, que no tenía ninguna clase de sentido”, explicó Castillo.
El abogado remarcó que ya existen tres informes médicos incorporados al expediente y expresó su desacuerdo con la decisión de realizar una nueva evaluación. “La verdad que fue una barbaridad que le hayan dado otra vez intervención a los profesionales cuando ya tenemos tres informes de los médicos”, cuestionó. Pese a las diferencias con la resolución, aclaró que la querella deberá ajustarse a lo dispuesto judicialmente. “Tenemos que aceptar, aunque no nos guste, lo que resolvieron los jueces de Cámara”, sostuvo.
Investigar otras responsabilidades
Paralelamente a la causa principal, la familia pretende que se analice la actuación de quienes tuvieron algún grado de intervención institucional antes de la muerte de Ángel. Castillo señaló que se encuentran dentro de los plazos correspondientes para efectuar presentaciones vinculadas con la actuación de un juez, una defensora de menores y una profesional de la psicología. “Estamos dentro de los plazos para hacer las presentaciones respecto del juez, de la defensora de menores y una psicóloga más”, indicó.
El abogado también cuestionó el tratamiento que habría recibido una denuncia vinculada con otro funcionario judicial. Según afirmó, el fiscal encargado de analizarla consideró que ni siquiera advertía inicialmente la existencia de un delito. Castillo objetó además que, a su entender, no se habría requerido oportunamente el expediente del fuero de Familia para analizar integralmente los antecedentes. La familia viene reclamando públicamente que se determine qué ocurrió durante las intervenciones institucionales previas y si existieron acciones u omisiones que pudieran haber incidido en la situación que atravesaba Ángel.
Otro de los puntos cuestionados por Castillo fue la intervención realizada posteriormente por un equipo interdisciplinario. Según explicó, esperaba que ese análisis permitiera determinar concretamente cómo habían actuado los organismos y profesionales en el caso de Ángel. Sin embargo, consideró que las conclusiones se concentraron fundamentalmente en cuestiones generales y administrativas. “El motivo por el cual se realiza la intervención es el caso Ángel”, remarcó.
Para Castillo, después del tiempo destinado al análisis debía existir una conclusión específica acerca de las decisiones adoptadas previamente respecto del niño. “Del caso Ángel no se dijo absolutamente nada”, cuestionó al referirse al resultado que, según su interpretación, tuvo esa intervención. El abogado sostuvo además que la querella considera necesario revisar criterios profesionales aplicados durante el conflicto familiar previo.
En ese contexto, formuló severas acusaciones sobre el funcionamiento de distintos sectores judiciales y afirmó que, desde su perspectiva, existen vínculos que dificultan investigar determinadas actuaciones. “Yo entiendo que hay muchos intereses creados, hay muchos vínculos creados y se protegen entre ellos”, expresó. Se trata de afirmaciones realizadas por el abogado de la familia y no de hechos establecidos judicialmente. “Para nosotros es complejo, es difícil, pero vamos a insistir y vamos a trabajar con las armas que tenemos para terminar haciendo justicia”, agregó.
Cuatro meses de duelo
Castillo también se refirió a la reciente internación de Lorena, madre del corazón de Ángel, quien debió recibir asistencia hospitalaria y permanecer bajo observación. El abogado vinculó la crisis atravesada por la mujer con el profundo impacto emocional provocado por la muerte del niño y con el desgaste de estos meses de reclamos judiciales. “Ellos están viviendo estos meses de una manera muy, muy difícil”, sostuvo, incluyendo también a Luis López, padre de Ángel.
Castillo señaló que desde el entorno de la familia se planteó la importancia de contar con acompañamiento profesional sostenido para atravesar el duelo y aseguró que incluso ofreció colaborar en la búsqueda de asistencia especializada. También reflexionó sobre lo que ocurre con las familias después del fuerte impacto público inicial que genera un caso de estas características. “Las víctimas suelen quedarse solas y ahí creo que la ausencia impacta de manera brutal”, expresó. Para el abogado, la situación atravesada por Lorena evidencia el nivel de desgaste acumulado desde la muerte de Ángel y la necesidad de acompañar a quienes continúan atravesando el duelo mientras reclaman respuestas. “Vamos a insistir y vamos a trabajar con las armas que tenemos para terminar haciendo justicia”, sintetizó.