El juez Marcelo Nieto Di Biase revocó el arresto domiciliario de Jorgelina Domínguez y ordenó su alojamiento en una cárcel común para que complete su condena a 20 años de cárcel.
Domínguez es la asesina a balazos de Candela González en Trelew, episodio ocurrido en 2017 cuando la víctima tenía 14 años. Cumplía su pena encerrada en su casa gozando del beneficio legal de tener a su cuidado a un hijo menor de 5 años. Pero como el 8 de agosto el chico ya cumplió esa edad, Domínguez pierde el privilegio que tuvo durante más de 9 años.
Di Biase también requirió al Área Penitenciaria del Ministerio de Seguridad que se garantice la seguridad de Domínguez en la cárcel, al recordar que fue testigo en la Causa Antillanca.
En una audiencia el lunes en los tribunales de Trelew, la funcionaria de Fiscalía Marcela Guillén explicó que la excepción prevista en el inciso F del artículo 32 de la ley 24.660, que beneficiaba a la mujer, perdía vigencia y Domínguez debía continuar el cumplimiento de su pena en un establecimiento carcelario.

El defensor público Sergio Rey, se opuso y pidió que el arresto domiciliario siga para que la mujer atienda a sus otros hijos menores. Sostuvo que la aplicación de la norma no puede ser automática y propuso mantener a Domínguez en su casa con un control periódico sobre la conveniencia de sostenerlo o no. En tal sentido, pidió priorizar el interés superior del niño.
La Defensa Pública tuvo en cuenta un informe social que da cuenta de la participación activa que la condenada tiene sobre la educación de sus hijos y la dinámica familiar.
El padre de los hijos de Domínguez trabaja varias horas diarias y los menores están al cuidado de ella, con ayuda de otras dos hijas de 18 y 19 años.
Según la defensa, los menores están contenidos con actividades extracurriculares de integración y además se tramita una guarda para que Domínguez pueda además cuidar a su nieto.
Fiscalía respondió que se debe respetar la letra de la ley y que el problema de la reorganización familiar es común para todos los detenidos. Y advirtió que Domínguez cometió un hecho grave sabiendo que tenía hijos y que a pesar de estar condenada decidió tener otros hijos. En tal sentido, no existe desamparo de los menores, por cuanto tienen el otro progenitor y un entorno familiar que deberá reorganizarse.
En su decisión, Di Biase recordó que Jorgelina tiene un hijo de 5 años, dos de 8 años, uno de 11, otro de 12 años y otro de 18 años.
Además su séptima hija, de 19 años, reside en el mismo terreno que ella y convive con su pareja y dos hijos, uno de 2 años y otro de 6 meses de edad.

Aunque el juez coincidió con que los padres, son los primeros responsables del cuidado y educación de sus hijos, la razón la tiene Fiscalía: cuando mató a Candela –que tenía 14 años- Domínguez ya era madre.
“Pero aún más. Encontrándose bajo el cumplimiento de la pena tuvo nuevos hijos, sabiendo de las reglas (…) La condenada sabía que pasados cinco años del nacimiento del último de sus hijos se encontraría en la imposibilidad de utilizar el permiso otorgado por la ley”, dice la resolución.
En el caso particular, el magistrado evaluó que hay otros mayores que podrán reorganizar la rutina familiar y llevar adelante las tareas que hacía Jorgelina.
“No encuentro afectación alguna al principio del interés superior del niño, porcuanto existen otras personas del entorno familiar directo, que siendo mayores podrán hacerse cargo de la custodia de los menores como ocurre en cualquier otro caso de personas privadas de libertad”, decidió Di Biase.

El juez Marcelo Nieto Di Biase revocó el arresto domiciliario de Jorgelina Domínguez y ordenó su alojamiento en una cárcel común para que complete su condena a 20 años de cárcel.
Domínguez es la asesina a balazos de Candela González en Trelew, episodio ocurrido en 2017 cuando la víctima tenía 14 años. Cumplía su pena encerrada en su casa gozando del beneficio legal de tener a su cuidado a un hijo menor de 5 años. Pero como el 8 de agosto el chico ya cumplió esa edad, Domínguez pierde el privilegio que tuvo durante más de 9 años.
Di Biase también requirió al Área Penitenciaria del Ministerio de Seguridad que se garantice la seguridad de Domínguez en la cárcel, al recordar que fue testigo en la Causa Antillanca.
En una audiencia el lunes en los tribunales de Trelew, la funcionaria de Fiscalía Marcela Guillén explicó que la excepción prevista en el inciso F del artículo 32 de la ley 24.660, que beneficiaba a la mujer, perdía vigencia y Domínguez debía continuar el cumplimiento de su pena en un establecimiento carcelario.

El defensor público Sergio Rey, se opuso y pidió que el arresto domiciliario siga para que la mujer atienda a sus otros hijos menores. Sostuvo que la aplicación de la norma no puede ser automática y propuso mantener a Domínguez en su casa con un control periódico sobre la conveniencia de sostenerlo o no. En tal sentido, pidió priorizar el interés superior del niño.
La Defensa Pública tuvo en cuenta un informe social que da cuenta de la participación activa que la condenada tiene sobre la educación de sus hijos y la dinámica familiar.
El padre de los hijos de Domínguez trabaja varias horas diarias y los menores están al cuidado de ella, con ayuda de otras dos hijas de 18 y 19 años.
Según la defensa, los menores están contenidos con actividades extracurriculares de integración y además se tramita una guarda para que Domínguez pueda además cuidar a su nieto.
Fiscalía respondió que se debe respetar la letra de la ley y que el problema de la reorganización familiar es común para todos los detenidos. Y advirtió que Domínguez cometió un hecho grave sabiendo que tenía hijos y que a pesar de estar condenada decidió tener otros hijos. En tal sentido, no existe desamparo de los menores, por cuanto tienen el otro progenitor y un entorno familiar que deberá reorganizarse.
En su decisión, Di Biase recordó que Jorgelina tiene un hijo de 5 años, dos de 8 años, uno de 11, otro de 12 años y otro de 18 años.
Además su séptima hija, de 19 años, reside en el mismo terreno que ella y convive con su pareja y dos hijos, uno de 2 años y otro de 6 meses de edad.

Aunque el juez coincidió con que los padres, son los primeros responsables del cuidado y educación de sus hijos, la razón la tiene Fiscalía: cuando mató a Candela –que tenía 14 años- Domínguez ya era madre.
“Pero aún más. Encontrándose bajo el cumplimiento de la pena tuvo nuevos hijos, sabiendo de las reglas (…) La condenada sabía que pasados cinco años del nacimiento del último de sus hijos se encontraría en la imposibilidad de utilizar el permiso otorgado por la ley”, dice la resolución.
En el caso particular, el magistrado evaluó que hay otros mayores que podrán reorganizar la rutina familiar y llevar adelante las tareas que hacía Jorgelina.
“No encuentro afectación alguna al principio del interés superior del niño, porcuanto existen otras personas del entorno familiar directo, que siendo mayores podrán hacerse cargo de la custodia de los menores como ocurre en cualquier otro caso de personas privadas de libertad”, decidió Di Biase.