Un director a juicio acusado de desviar fondos para comida

El director de un establecimiento educativo de Corcovado y un empleado municipal enfrentarán un juicio oral acusados de haber montado un esquema sistemático de facturación falsa y cobro irregular de cheques para desviar fondos públicos destinados al refrigerio escolar.

La acusación fue presentada por la Fiscal General María Bottini y el funcionario de Fiscalía Julián Forti, quienes sostienen que ambos imputados habrían participado de una maniobra destinada a sustraer de manera continua partidas presupuestarias provinciales asignadas a la alimentación de los estudiantes.

La investigación comprende al menos 31 hechos ocurridos durante un período de 16 meses, entre mayo de 2023 y septiembre de 2024. El caso se inició a partir de una denuncia presentada el 21 de noviembre de 2024 por la delegada administrativa del Ministerio de Educación en la Región III.

Según la acusación, la operatoria se habría desarrollado mediante la emisión de comprobantes sin respaldo real, el cobro personal de cheques por parte del director, la adulteración de registros contables y la declaración de compras de alimentos que nunca habrían ingresado a la escuela.

El particular involucrado, de acuerdo con la Fiscalía, se encontraba inscripto ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) bajo el rubro de prestación de servicios y no como vendedor de alimentos. Además, la acusación señala que, por su condición de empleado municipal, tampoco podía actuar como proveedor del Estado.

La Fiscalía sostiene que el director, aprovechando su condición de máxima autoridad del establecimiento, concurría personalmente a la sucursal del Banco del Chubut en Corcovado para cobrar los cheques por ventanilla. Posteriormente, esos movimientos habrían sido registrados de manera irregular en el Libro Banco de la institución, consignando como destinatarios a comercios o proveedores de la zona.

Entre los registros cuestionados aparece incluso un asiento en el que se habría consignado una supuesta compra al propio Ministerio de Educación.

La investigación también detectó, según la acusación, que los alimentos declarados como adquiridos no ingresaban a las instalaciones del establecimiento. A esto se sumaron compras que no guardarían relación con el menú previsto para los estudiantes, como la facturación de tapas de empanadas o 20 kilos de pollo para horarios correspondientes al refrigerio de la tarde.

Para la Fiscalía, la maniobra habría vulnerado las disposiciones de la Resolución 1745, correspondiente al Reglamento General de Escuelas, y de la Resolución 818/96 del Ministerio de Educación, que establece los mecanismos para la emisión y cobro de los cheques destinados al pago de proveedores.

El Ministerio Público Fiscal sostiene que existen elementos para atribuir al director la autoría de los hechos y al segundo imputado una participación necesaria en el esquema. La acusación apunta además a la existencia de un perjuicio directo sobre fondos públicos destinados al bienestar y la alimentación de la comunidad educativa.

Entre los delitos y conductas señaladas aparecen la afectación del patrimonio público, la falsedad documental y el incumplimiento de los deberes vinculados con la administración de recursos estatales. Para la Fiscalía, los registros del Libro Banco habrían sido modificados deliberadamente para ocultar el destino de los fondos.

Al tratarse de una causa en la que uno de los acusados reviste la condición de funcionario público, el debate deberá realizarse ante un tribunal mixto. La fecha del juicio y la composición del tribunal serán definidas próximamente.