"Sueldos" de consejeros: "Cualquier asociado puede pedir que se revierta"
El referente de la Fundación Patagonia Tercer Milenio y de Agenda Patagonia cuestionó los honorarios que se fijó el Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica de Trelew. “Es una medida ilegal y debería ser dejada sin efecto”.
La decisión del Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica de Trelew de fijarse honorarios por $ 1.386 millones anualizados generó cuestionamientos desde distintos sectores. Gustavo Monesterolo, de la Fundación Patagonia Tercer Milenio y de Agenda Patagonia, puso el foco en un aspecto puntual: sostuvoque el Consejo no tenía facultades para tomar esa decisión sin la autorización de la Asamblea de Delegados.
La referencia es el artículo 67 de la Ley 20.337, que regula el funcionamiento de las cooperativas. Allí se establece que los integrantes del Consejo de Administración pueden percibir honorarios cuando existe una autorización expresa de la asamblea.
“En primer lugar, es ilegal lo que se ha producido”, afirmó Monesterolo en una entrevista con Jornada Radio. Y agregó que, al no haberse cumplido con ese requisito, la medida debería ser dejada sin efecto.
El cuestionamiento no se limita al procedimiento. También apunta al monto y al contraste con el discurso que acompañó la llegada de la actual conducción.
“Ellos llegaron a ganar la elección montados en un discurso de austeridad, de ordenamiento de cuentas, y lo primero que hacen es fijarse estos sueldos millonarios que exceden por completo la capacidad de la Cooperativa”, sostuvo.
De acuerdo con lo informado, la presidenta del Consejo, Andrea Luna, percibe$ 15 millones y el resto de los integrantes tendría asignaciones menores, de entre $ 12 millones y $ 6 millones. Para Monesterolo, se trata de cifras que no tienen antecedentes en la historia de la Cooperativa.
Aclaró que no cuestiona que quienes conducen la entidad reciban una compensación. “Quien está a cargo de la Cooperativa debe tener algún tipo de sustento económico porque le dedica horas”, dijo. El problema, a su entender, aparece cuando esos montos dejan de guardar relación con la situación de la institución.
La discusión adquiere otro peso, señaló, en una cooperativa cuyos usuarios tienen dificultades para pagar las facturas y que atraviesa una situación económica delicada.
El derecho de los asociados a cuestionar la medida
Monesterolo entiende que la resolución puede ser cuestionada por los propios asociados. Cualquier socio, planteó, tiene derecho a pedir que se revise lo resuelto por el Consejo.
También reclamó que el organismo provincial encargado del asociativismo tome cartas en el asunto y que la situación sea puesta en conocimiento del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), autoridad de aplicación de la Ley 20.337.
No habla necesariamente de una intervención de la cooperativa. Lo que plantea es que se determine si el procedimiento utilizado fue legal y, en caso contrario, que la decisión sea corregida.
“Cualquier socio tiene derecho a plantear esta situación”, remarcó.
El convenio colectivo y una “autoparitaria”
Hay otro punto que Monesterolo considera especialmente contradictorio. Durante la campaña electoral, recordó, integrantes de la actual conducción cuestionaron en reiteradas oportunidades el convenio colectivo de trabajo y los derechos de los empleados.
Ahora, para establecer sus propios honorarios, esos mismos valores quedaron vinculados al convenio.
“Luego de hacer todo esto, cuando se deben fijar los honorarios, los atan al convenio colectivo”, señaló.
El efecto, según explicó, es que cada incremento salarial de los trabajadores podría repercutir también sobre los ingresos de los integrantes del Consejo. Por eso habló de una “autoparitaria”.
Para Monesterolo, además de la discusión sobre la legalidad, hay una cuestión ética. El mecanismo termina beneficiando directamente a quienes tomaron la decisión.
Y cuando se proyecta el costo durante un año, el problema se vuelve todavía más evidente, sostuvo. Los $1.386 millones podrían incrementarse si se aplican las actualizaciones previstas.
“El costo laboral es un componente más”
La discusión llevó a Monesterolo a cuestionar también la forma en que se analiza la situación financiera de la Cooperativa Eléctrica.
El costo laboral, dijo, no puede mirarse de manera aislada. Forma parte de una estructura mucho más amplia en la que también pesan el precio de la energía mayorista, el costo del financiamiento y las inversiones que necesita la entidad para sostener los servicios.
En ese punto fue crítico con quienes utilizan datos antiguos para discutir el funcionamiento de la cooperativa. Contó que escuchó recientemente a un concejal de Trelew cuestionar el convenio colectivo y los derechos de los trabajadores utilizando información cuyo dato más actualizado, según dijo, correspondía a 2013.
“El costo laboral es un componente más de una matriz económica y financiera que tiene la cooperativa”, afirmó.
Y fue más allá: “Si los concejales que son los que tienen la facultad de aprobar la tarifa se manejan con datos del año 2013, verdaderamente estamos en problemas”.
Para el dirigente, el problema no es solamente de números. También tiene que ver con cómo se organiza el sistema de servicios públicos en Chubut.
Definió el esquema actual como una “anomalía sistémica”: cada municipio establece sus propias tarifas y trabaja con parámetros regulatorios y organizativos diferentes. Su propuesta es avanzar hacia un sistema integrado en toda la provincia, con criterios comunes para la regulación, las tarifas y el funcionamiento de los servicios.
Maquinaria propia y alquileres
Otro de los temas que cuestionó es el alquiler de maquinaria.
Según planteó, la cooperativa estaría destinando unos $50 millones mensuales a ese concepto pese a contar con equipos propios. Algunos de ellos fueron adquiridos durante la última intervención y permanecen sin utilizar después de la jubilación de los trabajadores que estaban a cargo de manejarlos.
La alternativa, según Monesterolo, sería capacitar a otros trabajadores y poner esos equipos nuevamente en funcionamiento.
Hizo incluso una comparación de costos. Calculó que incorporar personal, con salarios y cargas sociales, podría representar entre $10 y $12 millones mensuales. El alquiler, en cambio, rondaría los $50 millones.
“Evidentemente se abre un espacio para la suspicacia de qué es lo que se está intentando hacer, si fabricar un espacio de negocio o verdaderamente solucionar los problemas que tiene la cooperativa”, planteó.
La deuda con CAMMESA y el período de intervención
Las críticas alcanzan también a la etapa en que la Cooperativa Eléctrica estuvo intervenida.
Monesterolo cuestionó que la actual conducción no haya promovido, según su mirada, una revisión profunda de lo ocurrido durante ese período. Su principal preocupación está puesta en la evolución de la deuda con CAMMESA.
Según indicó, pasó de unos $20.000 millones a alrededor de $120.000 millones con intereses.
Por eso reclama una auditoría que permita reconstruir las decisiones tomadas durante la intervención y revisar el convenio de pago firmado con CAMMESA.
“Han asumido y no han dicho absolutamente nada sobre la intervención que estuvo ocurriendo en la cooperativa, que ha sextuplicado la deuda”, cuestionó.
También puso en duda que se haya realizado un análisis financiero suficiente antes de asumir los compromisos de pago. Según su planteo, se entregaron valores sin que existiera un flujo de fondos que explicara con claridad cómo iba a afrontar la cooperativa las cuotas acordadas.
Para Monesterolo, revisar ese período es una condición necesaria si se pretende ordenar las cuentas de la entidad.
El caso Alfonsín
En esa misma línea aparece el cuestionamiento a la contratación de Juan Manuel Alfonsín, último interventor de la Cooperativa Eléctrica. Monesterolo calificó la decisión como “absolutamente inexplicable” e “injustificable”. Su argumento es que Alfonsín tenía la obligación de rendir cuentas sobre lo actuado durante su intervención.
“Si necesitaban tenerlo próximo para alguna consulta, era una obligación legal de él estar a disposición y no ser remunerado por eso que le correspondía”, sostuvo.
La crítica, aclaró, no supone por sí misma una acusación contra los interventores. Lo que reclama es que expliquen qué hicieron durante el tiempo que estuvieron al frente de la cooperativa y que esas decisiones puedan ser revisadas.
Para Monesterolo, esa discusión forma parte del mismo problema. Los honorarios que acaba de establecer el Consejo, los alquileres de maquinaria, la deuda con CAMMESA y lo ocurrido durante la intervención no son cuestiones aisladas. Todas terminan remitiendo a una pregunta de fondo: cómo se administra la Cooperativa Eléctrica de Trelew y qué controles existen sobre las decisiones que toman quienes están al frente de la entidad.
La decisión del Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica de Trelew de fijarse honorarios por $ 1.386 millones anualizados generó cuestionamientos desde distintos sectores. Gustavo Monesterolo, de la Fundación Patagonia Tercer Milenio y de Agenda Patagonia, puso el foco en un aspecto puntual: sostuvoque el Consejo no tenía facultades para tomar esa decisión sin la autorización de la Asamblea de Delegados.
La referencia es el artículo 67 de la Ley 20.337, que regula el funcionamiento de las cooperativas. Allí se establece que los integrantes del Consejo de Administración pueden percibir honorarios cuando existe una autorización expresa de la asamblea.
“En primer lugar, es ilegal lo que se ha producido”, afirmó Monesterolo en una entrevista con Jornada Radio. Y agregó que, al no haberse cumplido con ese requisito, la medida debería ser dejada sin efecto.
El cuestionamiento no se limita al procedimiento. También apunta al monto y al contraste con el discurso que acompañó la llegada de la actual conducción.
“Ellos llegaron a ganar la elección montados en un discurso de austeridad, de ordenamiento de cuentas, y lo primero que hacen es fijarse estos sueldos millonarios que exceden por completo la capacidad de la Cooperativa”, sostuvo.
De acuerdo con lo informado, la presidenta del Consejo, Andrea Luna, percibe$ 15 millones y el resto de los integrantes tendría asignaciones menores, de entre $ 12 millones y $ 6 millones. Para Monesterolo, se trata de cifras que no tienen antecedentes en la historia de la Cooperativa.
Aclaró que no cuestiona que quienes conducen la entidad reciban una compensación. “Quien está a cargo de la Cooperativa debe tener algún tipo de sustento económico porque le dedica horas”, dijo. El problema, a su entender, aparece cuando esos montos dejan de guardar relación con la situación de la institución.
La discusión adquiere otro peso, señaló, en una cooperativa cuyos usuarios tienen dificultades para pagar las facturas y que atraviesa una situación económica delicada.
El derecho de los asociados a cuestionar la medida
Monesterolo entiende que la resolución puede ser cuestionada por los propios asociados. Cualquier socio, planteó, tiene derecho a pedir que se revise lo resuelto por el Consejo.
También reclamó que el organismo provincial encargado del asociativismo tome cartas en el asunto y que la situación sea puesta en conocimiento del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), autoridad de aplicación de la Ley 20.337.
No habla necesariamente de una intervención de la cooperativa. Lo que plantea es que se determine si el procedimiento utilizado fue legal y, en caso contrario, que la decisión sea corregida.
“Cualquier socio tiene derecho a plantear esta situación”, remarcó.
El convenio colectivo y una “autoparitaria”
Hay otro punto que Monesterolo considera especialmente contradictorio. Durante la campaña electoral, recordó, integrantes de la actual conducción cuestionaron en reiteradas oportunidades el convenio colectivo de trabajo y los derechos de los empleados.
Ahora, para establecer sus propios honorarios, esos mismos valores quedaron vinculados al convenio.
“Luego de hacer todo esto, cuando se deben fijar los honorarios, los atan al convenio colectivo”, señaló.
El efecto, según explicó, es que cada incremento salarial de los trabajadores podría repercutir también sobre los ingresos de los integrantes del Consejo. Por eso habló de una “autoparitaria”.
Para Monesterolo, además de la discusión sobre la legalidad, hay una cuestión ética. El mecanismo termina beneficiando directamente a quienes tomaron la decisión.
Y cuando se proyecta el costo durante un año, el problema se vuelve todavía más evidente, sostuvo. Los $1.386 millones podrían incrementarse si se aplican las actualizaciones previstas.
“El costo laboral es un componente más”
La discusión llevó a Monesterolo a cuestionar también la forma en que se analiza la situación financiera de la Cooperativa Eléctrica.
El costo laboral, dijo, no puede mirarse de manera aislada. Forma parte de una estructura mucho más amplia en la que también pesan el precio de la energía mayorista, el costo del financiamiento y las inversiones que necesita la entidad para sostener los servicios.
En ese punto fue crítico con quienes utilizan datos antiguos para discutir el funcionamiento de la cooperativa. Contó que escuchó recientemente a un concejal de Trelew cuestionar el convenio colectivo y los derechos de los trabajadores utilizando información cuyo dato más actualizado, según dijo, correspondía a 2013.
“El costo laboral es un componente más de una matriz económica y financiera que tiene la cooperativa”, afirmó.
Y fue más allá: “Si los concejales que son los que tienen la facultad de aprobar la tarifa se manejan con datos del año 2013, verdaderamente estamos en problemas”.
Para el dirigente, el problema no es solamente de números. También tiene que ver con cómo se organiza el sistema de servicios públicos en Chubut.
Definió el esquema actual como una “anomalía sistémica”: cada municipio establece sus propias tarifas y trabaja con parámetros regulatorios y organizativos diferentes. Su propuesta es avanzar hacia un sistema integrado en toda la provincia, con criterios comunes para la regulación, las tarifas y el funcionamiento de los servicios.
Maquinaria propia y alquileres
Otro de los temas que cuestionó es el alquiler de maquinaria.
Según planteó, la cooperativa estaría destinando unos $50 millones mensuales a ese concepto pese a contar con equipos propios. Algunos de ellos fueron adquiridos durante la última intervención y permanecen sin utilizar después de la jubilación de los trabajadores que estaban a cargo de manejarlos.
La alternativa, según Monesterolo, sería capacitar a otros trabajadores y poner esos equipos nuevamente en funcionamiento.
Hizo incluso una comparación de costos. Calculó que incorporar personal, con salarios y cargas sociales, podría representar entre $10 y $12 millones mensuales. El alquiler, en cambio, rondaría los $50 millones.
“Evidentemente se abre un espacio para la suspicacia de qué es lo que se está intentando hacer, si fabricar un espacio de negocio o verdaderamente solucionar los problemas que tiene la cooperativa”, planteó.
La deuda con CAMMESA y el período de intervención
Las críticas alcanzan también a la etapa en que la Cooperativa Eléctrica estuvo intervenida.
Monesterolo cuestionó que la actual conducción no haya promovido, según su mirada, una revisión profunda de lo ocurrido durante ese período. Su principal preocupación está puesta en la evolución de la deuda con CAMMESA.
Según indicó, pasó de unos $20.000 millones a alrededor de $120.000 millones con intereses.
Por eso reclama una auditoría que permita reconstruir las decisiones tomadas durante la intervención y revisar el convenio de pago firmado con CAMMESA.
“Han asumido y no han dicho absolutamente nada sobre la intervención que estuvo ocurriendo en la cooperativa, que ha sextuplicado la deuda”, cuestionó.
También puso en duda que se haya realizado un análisis financiero suficiente antes de asumir los compromisos de pago. Según su planteo, se entregaron valores sin que existiera un flujo de fondos que explicara con claridad cómo iba a afrontar la cooperativa las cuotas acordadas.
Para Monesterolo, revisar ese período es una condición necesaria si se pretende ordenar las cuentas de la entidad.
El caso Alfonsín
En esa misma línea aparece el cuestionamiento a la contratación de Juan Manuel Alfonsín, último interventor de la Cooperativa Eléctrica. Monesterolo calificó la decisión como “absolutamente inexplicable” e “injustificable”. Su argumento es que Alfonsín tenía la obligación de rendir cuentas sobre lo actuado durante su intervención.
“Si necesitaban tenerlo próximo para alguna consulta, era una obligación legal de él estar a disposición y no ser remunerado por eso que le correspondía”, sostuvo.
La crítica, aclaró, no supone por sí misma una acusación contra los interventores. Lo que reclama es que expliquen qué hicieron durante el tiempo que estuvieron al frente de la cooperativa y que esas decisiones puedan ser revisadas.
Para Monesterolo, esa discusión forma parte del mismo problema. Los honorarios que acaba de establecer el Consejo, los alquileres de maquinaria, la deuda con CAMMESA y lo ocurrido durante la intervención no son cuestiones aisladas. Todas terminan remitiendo a una pregunta de fondo: cómo se administra la Cooperativa Eléctrica de Trelew y qué controles existen sobre las decisiones que toman quienes están al frente de la entidad.