Por Rolando Tobarez / Redacción Jornada
Emiliano Figueroa fue director de la Escuela 779 de Corcovado hasta que el Ministerio de Educación descubrió su modus operandi: ir a una ventanilla del Banco Chubut y sacar efectivo de la cuenta escolar con cheques a su nombre.
Esa plata era para comprar comida para los alumnos y no se podía extraer así como así. Figueroa debió hacer transferencias con cheques a nombre de los proveedores, sin tocar el dinero.

Para justificar las 31 extracciones que hizo durante 13 meses en el lapso 2023/24 usó facturas de un monotributista que no estaba registrado como proveedor y ni siquiera vendía alimentos. Fue un mecanismo por goteo, una caja chica ilegítima.
Según la acusación del Ministerio Público Fiscal de Esquel, el monto actualizado del fraude alimentario es de $ 7.356.672,26. La pista de la plata se pierde: no hay evidencia de que Figueroa se la haya robado; si de que sacó el dinero del circuito de control bancario e institucional.
La denuncia original fue de la Delegación de Educación, que notó algo mal en el manejo de la plata para el refrigerio: el 30% de las compras era a un proveedor desconocido.

Según los testimonios, el exdirector nunca prestó atención al menú escolar que recomendaba el área de Nutrición: la Escuela no servía yogur, leche ni fruta. Sí muchas tortas fritas, pan, harina, azúcares, manteca y elaborados con grasa y aceite. Lo más barato.
La sorpresa estaba oculta en el freezer de la escuela: pollos congelados propiedad de Figueroa, adquiridos con esos fondos públicos. Fueron seis compras en cajas de 20 kilos. Aparecieron las facturas en las rendiciones pero no figuraba nada en el cuaderno de entrada. También guardó pescado y corderos.
Docentes, auxiliares y alumnos declararon que nunca se sirvió pollo porque en su jornada simple de tres turnos la Escuela sólo daba desayuno, merienda y una copa de leche.
Alejandro Altamirano, el proveedor, tenía la categoría A, la más baja del monotributo. Hacía mantenimiento y obras pero carecía de habilitación ni local para comerciar alimentos.
Directores de otras escuelas se manejaban con los comerciantes conocidos y registrados. No conocían a Altamirano. Sólo referencias por ser contratado de la Municipalidad y empleado del Ministerio de la Producción en un aserradero.
Sus facturas electrónicas se fraguaron y se descargaron en alguna computadora de la Escuela para que Figueroa pudiera sacar el dinero. Así el dúo creó un circuito paralelo de facturación falsa.
En la desordenada despensa no se halló mucha de la mercancía que en los cuadernos de ingreso figuraba como compradas: fiambres, leche, quesos, arroz, yogurt.
Hasta se compraban alimentos el 26 de diciembre, cuando ya no había alumnos.
Mirta López es la normalizadora que reemplazó a Figueroa cuando lo sumariaron y lo desplazaron en noviembre de 2024 con un informe de 40 puntos de irregularidades. Era una Escuela abandonada a nivel edilicio y pedagógico, con mucho desorden en los horarios y sin tareas asignadas.
La cocina estaba hacinada y no se cumplían las pautas de higiene. Los auxiliares no tenían certificado en manipulación de alimentos. Recién con la nueva gestión comenzaron a usar guantes y cofia. Empezaron a servir arroz con leche, yogur con cereal, semillas, frutos secos, pan integral con queso crema untable, frutas.
La fiscal María Bottini consideró que como responsable de administrar el dinero estatal, Figueroa tenía la firma autorizada en el Banco para el pago exclusivo a proveedores. Pero no podía librar cheques a su nombre ni cobrar en efectivo.
“Se detectó una clara alteración de los registros contables para ocultar los verdaderos movimientos. En las planillas de rendición de cuentas figuraban cheques entregados a determinados proveedores pero al cotejarlos con el Libro Bancos aparecían como entregados a personas o proveedores distintos. Todos los casos de desvío e inconsistencias se respaldaron con facturas de Altamirano”, dice la acusación.
En las carpetas secuestradas del edificio no estaban las rendiciones de partidas presupuestarias esenciales enviadas por el Ministerio: las de limpieza se transfirieron y nunca se rindieron, al igual que las becas de los alumnos de 2023.
Fiscalía le imputa al dúo peculado y uso de documento público falso. Para Figueroa pide 5 años de prisión más inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos, y para Altamirano 4 años de prisión más la inhabilitación. Resta la fecha de la audiencia preliminar y luego los juzgará un tribunal mixto.
Varios de los testigos relataron que Figueroa se llevó a su casa un TV que Lotería le había donado a la Escuela. Es que “se podía romper”. Lo devolvió su esposa bajo acta y se instaló en la biblioteca.
Por Rolando Tobarez / Redacción Jornada
Emiliano Figueroa fue director de la Escuela 779 de Corcovado hasta que el Ministerio de Educación descubrió su modus operandi: ir a una ventanilla del Banco Chubut y sacar efectivo de la cuenta escolar con cheques a su nombre.
Esa plata era para comprar comida para los alumnos y no se podía extraer así como así. Figueroa debió hacer transferencias con cheques a nombre de los proveedores, sin tocar el dinero.

Para justificar las 31 extracciones que hizo durante 13 meses en el lapso 2023/24 usó facturas de un monotributista que no estaba registrado como proveedor y ni siquiera vendía alimentos. Fue un mecanismo por goteo, una caja chica ilegítima.
Según la acusación del Ministerio Público Fiscal de Esquel, el monto actualizado del fraude alimentario es de $ 7.356.672,26. La pista de la plata se pierde: no hay evidencia de que Figueroa se la haya robado; si de que sacó el dinero del circuito de control bancario e institucional.
La denuncia original fue de la Delegación de Educación, que notó algo mal en el manejo de la plata para el refrigerio: el 30% de las compras era a un proveedor desconocido.

Según los testimonios, el exdirector nunca prestó atención al menú escolar que recomendaba el área de Nutrición: la Escuela no servía yogur, leche ni fruta. Sí muchas tortas fritas, pan, harina, azúcares, manteca y elaborados con grasa y aceite. Lo más barato.
La sorpresa estaba oculta en el freezer de la escuela: pollos congelados propiedad de Figueroa, adquiridos con esos fondos públicos. Fueron seis compras en cajas de 20 kilos. Aparecieron las facturas en las rendiciones pero no figuraba nada en el cuaderno de entrada. También guardó pescado y corderos.
Docentes, auxiliares y alumnos declararon que nunca se sirvió pollo porque en su jornada simple de tres turnos la Escuela sólo daba desayuno, merienda y una copa de leche.
Alejandro Altamirano, el proveedor, tenía la categoría A, la más baja del monotributo. Hacía mantenimiento y obras pero carecía de habilitación ni local para comerciar alimentos.
Directores de otras escuelas se manejaban con los comerciantes conocidos y registrados. No conocían a Altamirano. Sólo referencias por ser contratado de la Municipalidad y empleado del Ministerio de la Producción en un aserradero.
Sus facturas electrónicas se fraguaron y se descargaron en alguna computadora de la Escuela para que Figueroa pudiera sacar el dinero. Así el dúo creó un circuito paralelo de facturación falsa.
En la desordenada despensa no se halló mucha de la mercancía que en los cuadernos de ingreso figuraba como compradas: fiambres, leche, quesos, arroz, yogurt.
Hasta se compraban alimentos el 26 de diciembre, cuando ya no había alumnos.
Mirta López es la normalizadora que reemplazó a Figueroa cuando lo sumariaron y lo desplazaron en noviembre de 2024 con un informe de 40 puntos de irregularidades. Era una Escuela abandonada a nivel edilicio y pedagógico, con mucho desorden en los horarios y sin tareas asignadas.
La cocina estaba hacinada y no se cumplían las pautas de higiene. Los auxiliares no tenían certificado en manipulación de alimentos. Recién con la nueva gestión comenzaron a usar guantes y cofia. Empezaron a servir arroz con leche, yogur con cereal, semillas, frutos secos, pan integral con queso crema untable, frutas.
La fiscal María Bottini consideró que como responsable de administrar el dinero estatal, Figueroa tenía la firma autorizada en el Banco para el pago exclusivo a proveedores. Pero no podía librar cheques a su nombre ni cobrar en efectivo.
“Se detectó una clara alteración de los registros contables para ocultar los verdaderos movimientos. En las planillas de rendición de cuentas figuraban cheques entregados a determinados proveedores pero al cotejarlos con el Libro Bancos aparecían como entregados a personas o proveedores distintos. Todos los casos de desvío e inconsistencias se respaldaron con facturas de Altamirano”, dice la acusación.
En las carpetas secuestradas del edificio no estaban las rendiciones de partidas presupuestarias esenciales enviadas por el Ministerio: las de limpieza se transfirieron y nunca se rindieron, al igual que las becas de los alumnos de 2023.
Fiscalía le imputa al dúo peculado y uso de documento público falso. Para Figueroa pide 5 años de prisión más inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos, y para Altamirano 4 años de prisión más la inhabilitación. Resta la fecha de la audiencia preliminar y luego los juzgará un tribunal mixto.
Varios de los testigos relataron que Figueroa se llevó a su casa un TV que Lotería le había donado a la Escuela. Es que “se podía romper”. Lo devolvió su esposa bajo acta y se instaló en la biblioteca.