Editorial / La factura de la motosierra
Rutas nacionales detonadas y una Nación que se retira mientras la Provincia de Buenos Aires llega a Chubut para financiar a la UNPSJB. Los recortes de Milei tienen costos concretos mientras el peronismo se diluye en internas y sigue sin construir una alternativa.
La ausencia del Estado nacional dejó de ser hace rato una discusión ideológica para convertirse en un problema concreto. En Chubut tiene forma de baches que se multiplican en las rutas, con banquinas deterioradas, trabajadores de Vialidad Nacional que intentan sostener un servicio esencial con cada vez menos recursos y obras que nunca llegan. Ni llegarán, al parecer.
La motosierra que Javier Milei convirtió en bandera política empieza a mostrar su otra cara: la factura que deben pagar los ciudadanos.
Una investigación reciente reveló que el Gobierno nacional mantuvo en plazos fijos y títulos públicos gran parte de los recursos recaudados mediante el Impuesto a los Combustibles. Mientras tanto, en Chubut, el deterioro de las rutas nacionales N° 3, N° 25, N° 40 y otras tantas trazas que dependen del Estado nacional sigue sumando graves accidentes y vuelve a poner en discusión las políticas de mantenimiento y seguridad vial de los libertarios.
Más de un billón de pesos (para que se entienda, un millón de millones) provenientes del Impuesto a los Combustibles permanecía colocado en inversiones financieras al cierre de mayo de 2026, lo que puso bajo la lupa la administración de los recursos destinados a la infraestructura vial argentina.
Entre diciembre de 2023 y mayo de 2026, el Sistema Vial Integrado (SisVial) recaudó aproximadamente $ 1,5 billones, de los cuales apenas $ 394.406 millones fueron aplicados a obras. El resto, como se dijo: en plazos fijos y títulos públicos.
Esto significa que menos del 27% de los recursos recaudados por la gestión de Milei en concepto de Impuesto a los Combustibles había sido ejecutado para su finalidad vial.
Las rutas nacionales son una de las expresiones más visibles de ese abandono de Milei. La Ruta 3, en el tramo entre Garayalde y Comodoro Rivadavia, es uno de los casos emblemáticos. Tanto, que obligó a la Federación Empresaria del Chubut, un habitual intérprete positivo del Gobierno libertario, a reclamar formalmente obras urgentes de conservación y reparación.
No se trata solamente de una preocupación empresaria. Por ese corredor circulan todos los días familias, trabajadores, transporte de pasajeros y camiones que abastecen a la región.
Los baches, las deformaciones de la calzada y las banquinas inestables comprometen la seguridad vial y encarecen el movimiento de personas y mercaderías. Sí, el abandono de Milei tiene un alto costo.
También lo advirtieron los propios trabajadores de Vialidad Nacional en Chubut, que deben arreglarse con recursos insuficientes mientras ven cómo se achica la capacidad operativa del organismo.
La motosierra también pasa por ahí. Los trabajadores denuncian falta de insumos, salarios deteriorados y dificultades para afrontar las tareas básicas de mantenimiento.
Es una paradoja difícil de ignorar: mientras el discurso oficial presenta al trabajador estatal como un gasto prescindible, son esos mismos trabajadores quienes intentan evitar que el deterioro de la infraestructura termine siendo todavía más grave. No están defendiendo un privilegio. Están reclamando herramientas para cumplir una función que el Estado nacional tiene la obligación de garantizar.
Hay otro Estado
En ese escenario de abandono que sufren los chubutenses, la presencia esta semana en la provincia del ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, ofreció una postal que va más allá de la habitual firma de convenios.
El funcionario llegó para articular políticas de desarrollo productivo con el municipio de Comodoro Rivadavia y para establecer mecanismos de cooperación con la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Entre ellos, el acompañamiento a una investigación científica local que busca desarrollar una alternativa natural para combatir la varroa, el ácaro que amenaza a las colmenas y afecta a la producción apícola de Chubut. Hechos, no sólo palabras.
La importancia de ese acuerdo no se agota en el proyecto científico ni en sus posibles beneficios para los productores. Expone una concepción sobre el papel del Estado: una administración provincial que pone recursos y herramientas a disposición de una universidad pública, reconoce el conocimiento producido en el territorio y procura que una investigación pueda transformarse en una solución concreta para la actividad productiva.
El convenio no reemplaza la responsabilidad de Nación en el financiamiento de la ciencia, pero muestra que existen otros caminos cuando hay decisión política de acompañar el desarrollo.
No se trata de idealizar a otra administración ni de suponer que esos acuerdos resolverán por sí solos los problemas estructurales de Chubut. Se trata de advertir una diferencia de enfoque. Mientras el Gobierno nacional hace del retiro una política de Estado, otros gobiernos, como el del gobernador Axel Kicillof, buscan mecanismos de cooperación y asistencia con otras regiones para responder a necesidades concretas.
El Estado no desaparece porque alguien decida recortarlo desde un despacho: sus funciones siguen siendo necesarias y alguien termina intentando cubrirlas.
La discusión también interpela a la dirigencia política chubutense que acompañó, facilitó o toleró el programa de desmantelamiento impulsado por Milei. Desde el DNU 70/2023, la motosierra tuvo respaldo político y parlamentario de dirigentes que presentaron el ajuste como el precio inevitable de un supuesto ordenamiento.
Hay gobernadores que siguen eligiendo el diálogo permanente con la Casa Rosada y enfervorizados legisladores nacionales que acompañan las iniciativas sin chistar. Tal vez el turno electoral que se avecina explique esos movimientos. Pero no vaya a ser que el “dialoguismo” termine siendo un lastre para los que esperan recibir la bendición del voto popular.
Un proyecto, menos fotos
Pero la responsabilidad política no termina en quienes gobiernan o respaldan al Gobierno nacional. También alcanza a quienes pretenden construir una alternativa. Y aquí el desafío es especialmente importante para el peronismo, sin dudas la primera opción a las políticas libertarias, que necesita demostrar que puede ofrecer algo más que internas permanentes, aspiraciones personales y, cada tanto, algunas fotos de presunta unidad.
La visita de Rodríguez dejó, en ese sentido, una señal que merece ser atendida. Sobre todo, porque el funcionario no sólo es un técnico con responsabilidades públicas. Es un dirigente peronista que camina junto a Kicillof desde la militancia universitaria, que se sienta a la mesa chica del gobernador bonaerense y que eligió palabras para dejar un mensaje a los peronistas chubutenses: habló de la necesidad de construir una alternativa política desde el debate de las propuestas, los acuerdos y las realidades de cada territorio, antes que desde la definición de candidaturas. Y en Chubut, hasta ahora, se viene hablando más de candidatos que de propuestas.
Hoy, los nombres propios y las especulaciones sobre quién será candidato en 2027 no deberían ocupar el centro de la escena. Lo urgente es construir una propuesta reconocible, con prioridades claras y respuestas para los problemas que la retirada nacional deja a la vista.
¿Qué Estado se necesita para garantizar rutas transitables, sostener la universidad pública, financiar la investigación, acompañar a los productores y generar empleo? ¿Cómo se defiende a Chubut cuando las decisiones de la Casa Rosada perjudican su infraestructura y sus posibilidades de desarrollo? ¿Qué compromisos concretos asumiría una alternativa política frente a esas necesidades?
Son preguntas anteriores a cualquier candidatura. Y responderlas exige algo más que acuerdos entre dirigentes o fotografías de unidad. Requiere construir una agenda federal desde las provincias y los municipios, escuchar a los sectores afectados y demostrar que existe un proyecto capaz de mejorar la vida cotidiana de la gente.
La oposición no va a convertirse en alternativa solamente porque el Gobierno nacional acumule problemas. A esta altura, debería ser más que una obviedad. Tiene que ser capaz de mostrar qué haría de manera diferente.
En Chubut, los baches ya no son solamente un problema de infraestructura. Son también la evidencia de una discusión política que empieza a tener consecuencias visibles. La factura de la motosierra no llega a la Casa Rosada. Llega a las rutas, a los municipios, a los trabajadores y a cada chubutense que necesita trasladarse por una provincia cuya integración y cuyo desarrollo dependen, también, de que el Estado nacional cumpla con su parte.
Frente a ese vacío, la tarea de quienes aspiran a gobernar no puede reducirse a discutir quién ocupará cada candidatura. Primero deben demostrar para qué quieren construir una alternativa y qué Estado están dispuestos a defender.
La ausencia del Estado nacional dejó de ser hace rato una discusión ideológica para convertirse en un problema concreto. En Chubut tiene forma de baches que se multiplican en las rutas, con banquinas deterioradas, trabajadores de Vialidad Nacional que intentan sostener un servicio esencial con cada vez menos recursos y obras que nunca llegan. Ni llegarán, al parecer.
La motosierra que Javier Milei convirtió en bandera política empieza a mostrar su otra cara: la factura que deben pagar los ciudadanos.
Una investigación reciente reveló que el Gobierno nacional mantuvo en plazos fijos y títulos públicos gran parte de los recursos recaudados mediante el Impuesto a los Combustibles. Mientras tanto, en Chubut, el deterioro de las rutas nacionales N° 3, N° 25, N° 40 y otras tantas trazas que dependen del Estado nacional sigue sumando graves accidentes y vuelve a poner en discusión las políticas de mantenimiento y seguridad vial de los libertarios.
Más de un billón de pesos (para que se entienda, un millón de millones) provenientes del Impuesto a los Combustibles permanecía colocado en inversiones financieras al cierre de mayo de 2026, lo que puso bajo la lupa la administración de los recursos destinados a la infraestructura vial argentina.
Entre diciembre de 2023 y mayo de 2026, el Sistema Vial Integrado (SisVial) recaudó aproximadamente $ 1,5 billones, de los cuales apenas $ 394.406 millones fueron aplicados a obras. El resto, como se dijo: en plazos fijos y títulos públicos.
Esto significa que menos del 27% de los recursos recaudados por la gestión de Milei en concepto de Impuesto a los Combustibles había sido ejecutado para su finalidad vial.
Las rutas nacionales son una de las expresiones más visibles de ese abandono de Milei. La Ruta 3, en el tramo entre Garayalde y Comodoro Rivadavia, es uno de los casos emblemáticos. Tanto, que obligó a la Federación Empresaria del Chubut, un habitual intérprete positivo del Gobierno libertario, a reclamar formalmente obras urgentes de conservación y reparación.
No se trata solamente de una preocupación empresaria. Por ese corredor circulan todos los días familias, trabajadores, transporte de pasajeros y camiones que abastecen a la región.
Los baches, las deformaciones de la calzada y las banquinas inestables comprometen la seguridad vial y encarecen el movimiento de personas y mercaderías. Sí, el abandono de Milei tiene un alto costo.
También lo advirtieron los propios trabajadores de Vialidad Nacional en Chubut, que deben arreglarse con recursos insuficientes mientras ven cómo se achica la capacidad operativa del organismo.
La motosierra también pasa por ahí. Los trabajadores denuncian falta de insumos, salarios deteriorados y dificultades para afrontar las tareas básicas de mantenimiento.
Es una paradoja difícil de ignorar: mientras el discurso oficial presenta al trabajador estatal como un gasto prescindible, son esos mismos trabajadores quienes intentan evitar que el deterioro de la infraestructura termine siendo todavía más grave. No están defendiendo un privilegio. Están reclamando herramientas para cumplir una función que el Estado nacional tiene la obligación de garantizar.
Hay otro Estado
En ese escenario de abandono que sufren los chubutenses, la presencia esta semana en la provincia del ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, ofreció una postal que va más allá de la habitual firma de convenios.
El funcionario llegó para articular políticas de desarrollo productivo con el municipio de Comodoro Rivadavia y para establecer mecanismos de cooperación con la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Entre ellos, el acompañamiento a una investigación científica local que busca desarrollar una alternativa natural para combatir la varroa, el ácaro que amenaza a las colmenas y afecta a la producción apícola de Chubut. Hechos, no sólo palabras.
La importancia de ese acuerdo no se agota en el proyecto científico ni en sus posibles beneficios para los productores. Expone una concepción sobre el papel del Estado: una administración provincial que pone recursos y herramientas a disposición de una universidad pública, reconoce el conocimiento producido en el territorio y procura que una investigación pueda transformarse en una solución concreta para la actividad productiva.
El convenio no reemplaza la responsabilidad de Nación en el financiamiento de la ciencia, pero muestra que existen otros caminos cuando hay decisión política de acompañar el desarrollo.
No se trata de idealizar a otra administración ni de suponer que esos acuerdos resolverán por sí solos los problemas estructurales de Chubut. Se trata de advertir una diferencia de enfoque. Mientras el Gobierno nacional hace del retiro una política de Estado, otros gobiernos, como el del gobernador Axel Kicillof, buscan mecanismos de cooperación y asistencia con otras regiones para responder a necesidades concretas.
El Estado no desaparece porque alguien decida recortarlo desde un despacho: sus funciones siguen siendo necesarias y alguien termina intentando cubrirlas.
La discusión también interpela a la dirigencia política chubutense que acompañó, facilitó o toleró el programa de desmantelamiento impulsado por Milei. Desde el DNU 70/2023, la motosierra tuvo respaldo político y parlamentario de dirigentes que presentaron el ajuste como el precio inevitable de un supuesto ordenamiento.
Hay gobernadores que siguen eligiendo el diálogo permanente con la Casa Rosada y enfervorizados legisladores nacionales que acompañan las iniciativas sin chistar. Tal vez el turno electoral que se avecina explique esos movimientos. Pero no vaya a ser que el “dialoguismo” termine siendo un lastre para los que esperan recibir la bendición del voto popular.
Un proyecto, menos fotos
Pero la responsabilidad política no termina en quienes gobiernan o respaldan al Gobierno nacional. También alcanza a quienes pretenden construir una alternativa. Y aquí el desafío es especialmente importante para el peronismo, sin dudas la primera opción a las políticas libertarias, que necesita demostrar que puede ofrecer algo más que internas permanentes, aspiraciones personales y, cada tanto, algunas fotos de presunta unidad.
La visita de Rodríguez dejó, en ese sentido, una señal que merece ser atendida. Sobre todo, porque el funcionario no sólo es un técnico con responsabilidades públicas. Es un dirigente peronista que camina junto a Kicillof desde la militancia universitaria, que se sienta a la mesa chica del gobernador bonaerense y que eligió palabras para dejar un mensaje a los peronistas chubutenses: habló de la necesidad de construir una alternativa política desde el debate de las propuestas, los acuerdos y las realidades de cada territorio, antes que desde la definición de candidaturas. Y en Chubut, hasta ahora, se viene hablando más de candidatos que de propuestas.
Hoy, los nombres propios y las especulaciones sobre quién será candidato en 2027 no deberían ocupar el centro de la escena. Lo urgente es construir una propuesta reconocible, con prioridades claras y respuestas para los problemas que la retirada nacional deja a la vista.
¿Qué Estado se necesita para garantizar rutas transitables, sostener la universidad pública, financiar la investigación, acompañar a los productores y generar empleo? ¿Cómo se defiende a Chubut cuando las decisiones de la Casa Rosada perjudican su infraestructura y sus posibilidades de desarrollo? ¿Qué compromisos concretos asumiría una alternativa política frente a esas necesidades?
Son preguntas anteriores a cualquier candidatura. Y responderlas exige algo más que acuerdos entre dirigentes o fotografías de unidad. Requiere construir una agenda federal desde las provincias y los municipios, escuchar a los sectores afectados y demostrar que existe un proyecto capaz de mejorar la vida cotidiana de la gente.
La oposición no va a convertirse en alternativa solamente porque el Gobierno nacional acumule problemas. A esta altura, debería ser más que una obviedad. Tiene que ser capaz de mostrar qué haría de manera diferente.
En Chubut, los baches ya no son solamente un problema de infraestructura. Son también la evidencia de una discusión política que empieza a tener consecuencias visibles. La factura de la motosierra no llega a la Casa Rosada. Llega a las rutas, a los municipios, a los trabajadores y a cada chubutense que necesita trasladarse por una provincia cuya integración y cuyo desarrollo dependen, también, de que el Estado nacional cumpla con su parte.
Frente a ese vacío, la tarea de quienes aspiran a gobernar no puede reducirse a discutir quién ocupará cada candidatura. Primero deben demostrar para qué quieren construir una alternativa y qué Estado están dispuestos a defender.