Un hombre de 37 años y un adolescente de 16 fueron imputados como presuntos autores del delito de robo en grado de tentativa, tras un procedimiento policial realizado el sábado 24 de octubre, sobre la Ruta Nacional 260, en la localidad de Lago Blanco. La investigación fue formalizada por el juez Alejandro Rosales, a pedido del Ministerio Público Fiscal.
De acuerdo con lo expuesto durante la audiencia judicial, el hecho ocurrió alrededor de las 17:55, cuando efectivos policiales encontraron a los dos sospechosos a la vera del camino, mientras presuntamente sustraían tres tramos de alambre de aproximadamente 15 metros cada uno.
La audiencia se llevó a cabo el domingo al mediodía en la sala de audiencias número 1 de la Oficina Judicial de Sarmiento. En representación de la Fiscalía participaron la procuradora Luciana Coppini y el funcionario Matías Ayuzo, mientras que la defensa de los imputados estuvo a cargo de la defensora pública Rosa Sánchez. También intervinieron las abogadas Cinthia English y Sofía Maestro, en representación complementaria del adolescente.
Durante el acto judicial, Ayuzo expuso las circunstancias del hecho, detalló las evidencias reunidas hasta el momento y solicitó un plazo de seis meses para avanzar con la investigación. Además, adelantó la posibilidad de derivar el caso a la Oficina de Solución Alternativa de Conflictos (OSAC), con el objetivo de evaluar una posible resolución por esa vía.
Por su parte, la defensora pública no cuestionó la calificación legal propuesta por la Fiscalía ni la legalidad de la detención del hombre mayor de edad. Sin embargo, planteó objeciones respecto del alojamiento del adolescente en la dependencia policial de Lago Blanco, al considerar que esa medida no reuniría los requisitos legales aplicables en el marco de la nueva Ley de Responsabilidad Penal Juvenil.
En la misma línea, la asesora de Familia Cinthia English adhirió a los planteos de la Defensa Pública en relación con la situación del menor de edad.
Finalmente, el juez Rosales hizo lugar a la formalización de la investigación penal. En tanto, la Fiscalía y la Defensa Pública dejaron abierta la posibilidad de que el caso sea abordado mediante la Oficina de Solución Alternativa de Conflictos.
La causa continuará su curso mientras se analizan las evidencias reunidas y se define la modalidad de intervención para avanzar en su resolución.
Un hombre de 37 años y un adolescente de 16 fueron imputados como presuntos autores del delito de robo en grado de tentativa, tras un procedimiento policial realizado el sábado 24 de octubre, sobre la Ruta Nacional 260, en la localidad de Lago Blanco. La investigación fue formalizada por el juez Alejandro Rosales, a pedido del Ministerio Público Fiscal.
De acuerdo con lo expuesto durante la audiencia judicial, el hecho ocurrió alrededor de las 17:55, cuando efectivos policiales encontraron a los dos sospechosos a la vera del camino, mientras presuntamente sustraían tres tramos de alambre de aproximadamente 15 metros cada uno.
La audiencia se llevó a cabo el domingo al mediodía en la sala de audiencias número 1 de la Oficina Judicial de Sarmiento. En representación de la Fiscalía participaron la procuradora Luciana Coppini y el funcionario Matías Ayuzo, mientras que la defensa de los imputados estuvo a cargo de la defensora pública Rosa Sánchez. También intervinieron las abogadas Cinthia English y Sofía Maestro, en representación complementaria del adolescente.
Durante el acto judicial, Ayuzo expuso las circunstancias del hecho, detalló las evidencias reunidas hasta el momento y solicitó un plazo de seis meses para avanzar con la investigación. Además, adelantó la posibilidad de derivar el caso a la Oficina de Solución Alternativa de Conflictos (OSAC), con el objetivo de evaluar una posible resolución por esa vía.
Por su parte, la defensora pública no cuestionó la calificación legal propuesta por la Fiscalía ni la legalidad de la detención del hombre mayor de edad. Sin embargo, planteó objeciones respecto del alojamiento del adolescente en la dependencia policial de Lago Blanco, al considerar que esa medida no reuniría los requisitos legales aplicables en el marco de la nueva Ley de Responsabilidad Penal Juvenil.
En la misma línea, la asesora de Familia Cinthia English adhirió a los planteos de la Defensa Pública en relación con la situación del menor de edad.
Finalmente, el juez Rosales hizo lugar a la formalización de la investigación penal. En tanto, la Fiscalía y la Defensa Pública dejaron abierta la posibilidad de que el caso sea abordado mediante la Oficina de Solución Alternativa de Conflictos.
La causa continuará su curso mientras se analizan las evidencias reunidas y se define la modalidad de intervención para avanzar en su resolución.